Este miércoles, tras una investigación de más de dos años, personal de la PDI detuvo al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul en Cañete, Región del Biobío.
Esto, luego de una causa que tiene su origen en 2020, cuando el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera invocó la Ley de Seguridad del Estado y presentó una denuncia en su contra, luego de los dichos del líder de la CAM en enero de ese año en las afueras del Tribunal de Juicio Oral de Temuco. En esa ocasión -tras la detención de Daniel Canio Tracal- hizo un llamado a “las comunidades, nuestro pueblo nación a estar activo en relación a lo que es la confrontación (…). Esta es una condena política y la respuesta se viene”.
Mañana será la formalización de Llaitul, donde se le levantarán cargos por la autoría de tres hechos: hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.
En un nuevo Especial Mirada Líbero el excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur Pablo Urquízar, y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno -quien llevó a cabo una mesa de diálogos con propuestas por la paz en la Araucanía durante el gobierno anterior-, conversaron sobre este tema.
«Este Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la detención de Héctor Llaitul«
«Este Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la detención de Héctor Llaitul, es una gestión exclusiva del fiscal regional de La Araucanía, de las policías y las Fuerzas Armadas, en un proceso que se inició en el gobierno del Presidente Piñera», señaló Pablo Urquízar.
«Si uno analiza la ampliación de la querella que hizo este gobierno, fue luego de múltiples vacilaciones, el Presidente Boric hace solo dos meses señalaba que el Gobierno no perseguía ideas sino delitos, equivocándose completamente (…). Luego de mucha presión se amplía la querella, pero no a propósito de la causa por la cual hoy se detiene», señaló.
«Se debe solicitar prisión preventiva. Otra medida cautelar significaría una debilidad por parte del Gobierno»
El excoordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur se refirió, además, al rol clave que tendrá ahora la justicia. «El Poder Judicial se ha equivocado anteriormente, dejó libre a Jorge Huenchullán, el principal líder de la Resistencia Mapuche Malleco, y dejó libre a Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche argentina, por tanto, la decisión que tome el Poder Judicial muy relevante».
Respecto a los pasos a seguir planteó que «lo primero es que el Gobierno concurra con sus abogados y expertos para acompañar a la Fiscalía y solicitar la prisión preventiva, cualquier otra medida cautelar significaría una debilidad por parte del Gobierno». Y subrayo: «En 2022 van 42 atentados adjudicados a la CAM, con un hombre que llama a la resistencia armada y que se da el lujo de decir que roba madera para efectos de financiar los fierros, vinculados a armas de alto calibre».
«Si estuviésemos bajo la nueva Constitución Héctor Llaitul quedaría libre»
Urquízar sostuvo que «si estuviésemos hoy bajo el borrador de la nueva Constitución Héctor Llaitul quedaría libre de inmediato, porque el borrador constituyente estableció que la libertad es la regla general para todo detenido. Además, se crea un sistema especial indígena, donde lo que haría el defensor penal público es alegar la libertad a propósito de los componentes de la etnia mapuche, en un grave atentado a la igualdad ante la ley».
«El Rechazo asegura la detención de Héctor Llaitul y el Apruebo asegura su libertad«, aseguró.
«La pospuesta constitucional es la Constitución de la inseguridad. Lejos de hacerse cargo del terrorismo, narcotráfico y del crimen organizado, elimina reglas fundamentales, como el Estado de Emergencia», explicó.
Sobre los pasos siguientes, dijo: «La ministra de Justicia debe darle la mayor prioridad a lo que ocurrió», que a Llaitul «hay que trasladarlo al lugar más seguro para que se materialice su detención».
Alfredo Moreno: «Las víctimas de la CAM no han tenido el derecho a defensa que tendrá Llaitul»
El exministro Alfredo Moreno sostuvo sobre el líder de la CAM: «Es una persona que ha hecho una apología, un llamado la violencia (…) esto ha afectado la vida de muchas personas que no han tenido el derecho de defensa que tendrá Llaitul cuando pase al tribunal».
«Hoy necesitamos mejores armas para que el Estado pueda responder a esta realidad, aquí tenemos un grupo organizado que hace atentados sin discriminación y lo señala públicamente», dijo. Esto, por las bajas penas que hoy tiene el robo de madera y las usurpaciones.
Respecto al escenario de la detención de Llaitul si se aprobara la propuesta de Constitución de la Convención, Moreno comentó: «No se sabría dónde ni cómo habría que juzgarlo, porque él pertenece a una etnia, pero algunos afectados son indígenas y otros no… ¿Se aplica dentro de una autonomía territorial indígena, o no?, ¿serían válidas para delitos cometidos con anterioridad o no?».
«¿Cómo controlaría el Estado esta violencia, sin el Estado de Emergencia?»
«¿Y cómo controlaría el Estado esta violencia, sin el Estado de Emergencia?», señaló el exministro al referirse que la propuesta de Constitución elimina ese estado de excepción. Añadió: «Además la justicia pasa a ser controlada por el Consejo de la Justicia, con una parte elegida por jueces y funcionarios del sistema, pero resulta que el resto los elige el Congreso de Diputadas y Diputados, que tendría escaños reservados, y que estarían sobrerepresentados«.
Y sostuvo que «hay dos escaños reservados adicionales indígenas en el Consejo de la Justicia, y ese Consejo tiene la facultad de remover y designar a un juez».
Agregó: «Acá estamos viendo gente que ataca, destruye bienes y la vida de las personas, pero la inmensa mayoría quiere paz, no quieren un Estado plurinacional ni dividido, sino progresar y tener desarrollo».