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Publicado el 19 de mayo, 2016

ONG Chile Ambiente no tenía atribución legal para traspasar recursos al PPD que dirigía Carolina Tohá

Autor:

Uziel Gomez

La alcaldesa de Santiago reconoció que fue necesario crear otra corporación para recaudar fondos de privados para el partido, lo que deja al margen de la ley los $57 millones que llegaron desde SQM.
Autor:

Uziel Gomez

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La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, rompió su silencio ayer sobre los millonarios recursos que la empresa SQM le traspasó al PPD mientras ella fue su presidenta, luego de que El Mercurio publicara unas actas firmadas por ella que autorizaba a la corporación Chile Ambiente –que trianguló las platas- como “instituto de formación política del PPD”.

La ex ministra dio varias entrevistas radiales durante el día para aclarar que desconocía los millonarios aportes de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, pero en la radio Infinita deslizó una serie de declaraciones que dejan al descubierto el complejo entramado de la operación recaudatoria.

El mea culpa de Tohá

Tohá admitió que  en 2011 estaban en una situación económica precaria porque habían perdido a los principales aportantes financieros del partido, que eran las ex autoridades de gobierno de Michelle Bachelet que habían salido tras el triunfo del Presidente Sebastián Piñera.

En ese contexto, relató que desarrollaron un sistema “para que el partido se pudiera financiar legalmente, que es a través de la corporación que el partido tenía en la época, que estaba  legalmente autorizada para recibir donaciones y conseguir recursos para actividades partidarias de formación”. Sin embargo, la alcaldesa  reconoció que “lamentablemente, eso, que era la intención del partido, no se pudo ejecutar correctamente, porque esta corporación no estaba conformada con los requisitos necesarios para poder cumplir ese papel, y hubo que crear una nueva corporación que demoró un año y medio en crearse”.

Lo que dice la ley de gasto electoral

La declaración de Tohá es relevante porque deja al descubierto, en sus propias palabras, la prohibición legal que tenía la corporación Chile Ambiente para recaudar fondos para el partido.

Y es que la ley 19.884  sobre transparencia, límite y control del gasto electoral vigente en el año de las donaciones, 2011, no permitía que dichas instituciones de formación política traspasasen dineros a los partidos que los cobijan. En cambio, sí permitía las donaciones directas de las empresas o personas naturales a los partidos, sin necesidad de triangular los recursos como hizo Chile Ambiente entre SQM y el PPD.

El artículo 21 bis “establecía que los aportes que reciban los institutos de formación política inscritos por los partidos políticos ante el Servel serán públicos, siempre que excedan de cien unidades de fomento mensuales por cada aportante ($2,6 millones según la UF de hoy)”. Sobre ese monto debían ser públicos. El mismo acápite establecía que “la recaudación de los aportes que no sean reservados se harán directamente al instituto de formación política”.

Además, de forma separada, la ley autorizaba a los partidos a crear “entidades recaudadoras, cuyo único giro será el de la recaudación de donaciones y cotizaciones, con el objeto de ponerlas a disposición del partido que las hubiere formado, para el pago de sus gastos normales de funcionamiento”.

Sin embargo, dichas entidades recaudadoras no podían, a su vez, cumplir la función de los centros de capacitación política, que pueden pedir recursos para sí mismos y no para otras entidades.

Según explican expertos electorales a este diario, la fundación del PPD “si hubiese funcionado correctamente, lo único que podría haber hecho era recibir aportes públicos o reservados para cumplir los objetivos de la corporación, pero jamás para financiar al partido. Eso nunca estuvo permitido por la legislación  y resulta una burda ilegalidad esa triangulación de platas”.

Las mismas fuentes agregan que el sistema más cómodo, expedito y menos burocrático para los partidos con la legislación anterior era triangular los recursos entre las empresas aportantes y los centros de formación política para no tener que pasar por el Servel, y porque el monto reservado era sólo de $2,6 millones mensual, muy insuficiente para los millonarios recursos que entregaban las compañías.

De hecho, si SQM hubiese utilizado el sistema legal de aportes reservados con los $57 millones que entregó al PPD, habría tenido que hacerlo en cuotas mensuales durante casi dos años.

La nueva fundación del PPD

En su entrevista en la radio Infinita, Carolina Tohá también declaró que como la fundación no cumplía los requisitos legales para recaudar fondos, crearon la “Fundación por la Democracia” (FPD).

Dicha institución, de derecho privado y sin fines de lucro, fue creada por el PPD en septiembre de 2014 con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, bienestar y crecimiento económico, según reza su declaración de principios.

La organización desarrolla una serie de actividades sobre temas de interés político y social, entre las que se cuentan la realización de seminarios, talleres de trabajo, publicaciones periódicas y eventos de capacitación, de manera individual o en conjunto con otras organizaciones e instituciones.

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