El pasado lunes 29 de julio se conoció la captura de quienes serían los autores del crimen de los tres carabineros asesinados en Cañete en abril: los hermanos Yefferson y Felipe Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao, todos hoy imputados por el delito de homicidio calificado contra carabineros en servicio en carácter reiterado.
Eso sí, desde ese mismo lunes se busca a un cuarto sospechoso: Tomás Antihuen Santi, hermano de los dos primeros, quien escapó de su vivienda en medio del operativo donde se concretaron los arrestos y quien ya estaba prófugo por un ataque anterior a Carabineros en 2020.
Durante ese caso, se le calificó como una persona sin perfil criminal, se le rebajaron permanentemente las medidas cautelares y pese a ello, tampoco las cumplió. Carabineros advirtió de esto al tribunal reiteradamente, pero cuando los querellantes pidieron devolverlo a la cárcel, la Fiscalía no se pronunció y el juzgado mantuvo su libertad. Esto provocó que el Ministerio Público iniciara una investigación interna esta semana (ver abajo).
Hasta el momento, Antihuen sigue prófugo, sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación, Roberto Garrido, dijo que día a día hay avances y su captura es inminente. Hay una orden de captura internacional en su contra.
Sospechoso del crimen de Cañete «no presenta indicadores de un perfil delictual»
Tomás Antihuen fue formalizado el 16 de julio de 2020 por el delito de incendio, atentado contra la autoridad y porte de elemento incendiario. En esa oportunidad, lanzó una bomba molotov a personal de Carabineros en Cañete, causando la destrucción del vehículo en que circulaban. En la causa, el Ministerio del Interior fue querellante, una participación clave por los hechos que describiremos más adelante.
Tras mantenerse casi un mes tras las rejas, Antihuen inició una huelga de hambre líquida. Se sumaba a la que llevaban otros comuneros denominados “presos políticos mapuches”, entre ellos, se encontraban los ocho -ahora condenados- por el asesinato a Eleodoro Raiman, un caso que marcó en la macrozona sur debido a lo cruel de su asesinato.
Cuatro meses después, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, Tomás Antihuen dejó la cárcel para cumplir arresto domiciliario nocturno desde las 22:00 hasta las 06:00 horas. El 19 de enero el tribunal notificó a la Cuarta Comisaría de Los Álamos que debía vigilar que Antihuen lo cumpliera.
Esa misma jornada se adjuntó un documento al Poder Judicial que consistía en un peritaje firmado por Sara Andrea Huincatripay Molina, asistente social.
En el último párrafo la especialista pedía que, de decretarse nuevamente la prisión preventiva para Antihuen, esta fuera «beneficiada con medida alternativa a la privación de libertad, considerando que es primera vez que enfrenta un proceso judicial , y considerando que las características de su entorno social, familiar, comunitarias y sus características individuales, como queda de manifiesto a lo largo del peritaje, no presenta indicadores de un perfil delictual”.
Las advertencias de Carabineros de Cañete por el incumplimiento de cautelares
Así las cosas, el 19 de enero de 2021 Tomás Antihuen regresó a su domicilio en la comunidad Nicolás Calbullanca de Cañete, lugar donde debía cumplir su libertad parcial. Ese mismo día también se fijó para el 6 de mayo una audiencia de juicio abreviado contra Antihuen, la cual fue postergada para julio y que finalmente fue desistida por Fiscalía ante el incumplimento de cautelares de Antihuen.
Dentro de ese periodo, Carabineros fue permanentemente a la casa de Antihuen, pero él nunca estaba, por lo que los funcionarios advirtieron reiteradamente al tribunal que el joven estaba incumpliendo la medida cautelar domiciliaria con la que se le benefició tras estar en prisión preventiva. Solo en mayo hicieron 11 controles sin encontrar al imputado en su domicilio.
Esta situación se volvió a repetir en 23 oportunidades.
Como la situación ya era insostenible, los abogados querellantes del Ministerio del Interior solicitaron una segunda audiencia de revisión de cautelares. Esta ocurrió el 5 de agosto del 2021. Según el documento del Poder Judicial (en la foto de abajo), participó el fiscal Danilo Ramos Silva, la querellante Camila Rizik Hasbun, el defensor Nelson Miranda Urrutia y el juez Cristián Rosenberg de la Fuente, el mismo que el lunes dejó en prisión preventiva a sus hermanos.
En esa audiencia los querellantes pidieron poner fin al arresto domiciliario total de Antihuen y devolverlo a prisión preventiva «en atención a los informes de incumplimiento reportados por parte de Carabineros”.
Sin embargo, en el acta aparece que el fiscal Danilo Ramos “no efectúa solicitudes”, por tanto, se resolvió “mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesa sobre el imputado Tomás Damián Antihuen Santi” y no devolverlo a prisión preventiva pese a que no estaba cumpliendo con esa cautelar.
El Líbero consultó con uno de los tres querellantes del Ministerio del Interior en esa causa, quien no ahondó en las razones de Fiscalía para no haber pedido intensificar el control contra Antihuen.
Pero la historia de rebajas de cautelares, sigue.
El 23 de septiembre de 2022, Tomás Antihuen recuperó su libertad por completo luego de que se modificara su arresto domiciliario nocturno a firma quincenal, la cual comenzaba a regir desde el 10 de octubre de ese mes.
Sin embargo, se acercó a firmar a la comisaría sólo una vez (el 26 de noviembre de 2022), y nunca más lo hizo. Desde entonces se encuentra prófugo pese a mantener órdenes de detención por no presentarse a audiencias y por el incumplimiento de lo acordado por la justicia.
Durante este periodo, ni Carabineros ni la Policía de Investigaciones logró su captura para que volviera a la cárcel. De hecho, la PDI entregó un informe el 13 de octubre de ese año que señala “debido a que el domicilio se ubica en un sector rural y al no tener la dirección exacta, no se concurrió al lugar por el motivo expuesto”.
Además, durante el periodo de investigación quedó en evidencia que Antihuen habría cambiado su domicilio, aunque siempre se habría mantenido en Cañete.
La investigación interna que lleva el Ministerio Público
A través de la red social X de Fiscalía Nacional, se informó la apertura de una investigación administrativa para esclarecer responsabilidades respecto a la libertad de la que gozaba Tomás Antihuen en Cañete.
Michelangelo Bianchi, fiscal regional (s) del Biobío, dijo que “desde la semana pasada se adoptó por parte de la Fiscalía Regional la decisión de abrir una investigación administrativa para esclarecer los hechos en cuanto a tramitación procesal y por la causa que ha sido consultada (…) Ya se ha designado a un fiscal investigador que debe adoptar las medidas de investigación, desde el punto administrativo para esclarecer eventuales infracciones administrativas que pueden existir”.
Esta investigación indagaría si la Fiscalía obró mal en la causa donde Tomás Antihuen fue detenido por atacar a carabineros con una bomba molotov y al recuperar su libertad -otorgada por la justicia a solicitud de la defensa y sin resistencia de la Fiscalía- terminó quitándole la vida a tres funcionarios policiales en medio de un macabro crimen.
El mal comportamiento de Antihuen al interior de la cárcel
Durante el periodo en que Antihuen estuvo tras las rejas, Gendarmería de Chile notificó mal comportamiento por parte del imputado obteniendo sanciones de más de 20 días sin visitas al centro penitenciario.
Esto, bajo el argumento de “entorpecer los procedimientos de seguridad o de régimen interno (allanamientos, registros, recuentos, encierros, desencierros y otros similares”.
Antihuen fue sancionado por iniciar una huelga de hambre, y luego por ingresar un teléfono celular al penal.
Gran negligencia del tribunal de garantía, fiscalia y Pdi, si carabineros reportó n veces el incumplimiento de medidas cautelares, es inaceptable que Pdi diga que por ser zona rural y sin dirección exacta no lo puede buscar, es decidia, flojera y cobardia
Da un poco de risa la justicia chilena. Francisco
Concuerdo con los comentarios.Esta es la consecuencia de una reforma procesal penal definida como garantista con los delincuentes, sin que se conozcan iniciativas tendientes a equilibrarla. Como contrapartida se mantiene el antiguo sistema, que no debiera seguir vigente y que no otorga garantía alguna a quien sea procesado, para las interminables causas de derechos humanos en contra de ex uniformados.