Mientras fue ministra de la Secretaría General de Gobierno en la administración del Presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo (PC) se refirió en varias oportunidades a lo importante que era avanzar en temas de probidad y transparencia.
Lo hizo cuando estalló el Caso Convenios que involucraba a fundaciones vinculadas a partidos del gobierno, o cuando se descubrió que ministros del gabinete habían sostenido encuentros privados con gestores de intereses sin declararlos como exigía la Ley de Lobby.
Pero lo cierto es que en su Declaración de Intereses y Patrimonio que está disponible en la web infoprobidad.cl, la ministra vocera hizo una omisión importante. Según la Ley 20.880, en este documento los secretarios de Estado deben incluir “el nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad». Esto incluye a suegros y cuñados.
Pero según se puede ver en sus declaraciones mientras fue ministra, Vallejo publicó el nombre de sus padres, hijos, hermanos, el de su cónyuge y sólo el de uno de sus cuñados. No incluyó el de su suegra y el de sus otros cuñados, a pesar de que es obligatorio hacerlo según señalan a El Líbero abogados de organismos que se dedican a ver temas de transparencia y que conocen de cerca el trabajo de la Contraloría General de la República.
La exsecretaria de Estado comunista está casada desde principios de 2023 con el músico y actor Abel Ernesto Zicavo San Martín, miembro del grupo Plumas y fundador de la exitosa banda La Moral Distraída.
Ambos proyectos musicales los desarrolló junto a su hermano, Claudio Camilo Zicavo San Martín, quien no sólo ha explorado en el rubro musical, sino que también en el médico.
Y es que Claudio Camilo Zicavo tiene una sociedad junto a su hermana, Valeria Andrea Zicavo San Martín; su madre, Andrea Colomba San Martín Palma -suegra de Vallejo-; y el esposo de esta, Osvaldo Armando Aguiló Melo, que le presta servicios al Estado desde hace años y que en el gobierno del Presidente Boric facturó al menos $1.209 millones al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.
La sociedad lleva el nombre de la suegra de la exministra, que es médico oftalmólogo: “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”. En su Declaración de Intereses y Patrimonio, Vallejo dejó en blanco la sección “Otras fuentes de conflicto de intereses”.
Desde el entorno de la exministra Vallejo -quien por estos días está en Montevideo, Uruguay, en el Encuentro de Mujeres Políticas de América Latina, donde se abordan temas como democracia, violencia digital y desinformación-, señalan a El Líbero que la información de la Declaración de Intereses y Patrimonio “fue rectificada a través de la plataforma oficial y cumple con todos los requisitos legales”.
Hasta el cierre de este reportaje, la declaración de la exsecretaria de Estado disponible en la plataforma oficial seguía sin incluir los nombres de su suegra y la totalidad de sus cuñados.
“Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”: la sociedad en la que participó el marido de Vallejo y que ahora es de su suegra y sus cuñados
Según los registros del Diario Oficial, la sociedad “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada” la componen Claudio Camilo Zicavo con un 31%, Valeria Andrea Zicavo con un 31%, Colomba San Martín Palma con un 9% y Osvaldo Armando Aguiló Melo, con un 29%.
Pero esto no siempre fue así. Abel Zicavo, el marido de Camila Vallejo, hasta 2018 fue el socio mayoritario de esta sociedad familiar.
La sociedad se creó en 2003. Según registros del Conservador de Chillán, en abril de ese año Andrea Colomba San Martín Palma y Lucía Eloisa Palma Gnecco constituyeron la sociedad “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada” con el objeto de “prestación de servicios profesionales en diversas ramas o especialidades de medicina, en especial, la oftalmología y la realización de cualquier otra actividad profesional conexa o derivada de la principal, en forma directa o a través de convenios, sea a particulares o beneficiarios del Fondo Nacional de Salud o Institutos de Salud Previsional, Servicios de Bienestar u organismos públicos, municipal o privado”. El 90% quedó a nombre de la madre de los hermanos Zicavo y el 10% restante en manos de su socia.
Dos años después, el 8 de noviembre de 2005, se modificó la sociedad. Lucía Palma Gnecco vendió y transfirió a Abel Zicavo el 10% de la sociedad por un total de $1.500.000 pagados al contado. De esta forma quedaron como únicos socios la médico Andrea San Martín y su hijo Abel, con un 90% y 10% respectivamente.
En 2008 hubo otra modificación y en 2011 una cuarta. En esa modificación registrada en el Conservador de Chillán ingresaron a la sociedad los otros hermanos del marido de Vallejo: Claudio Camilo y Valeria. Según consta en el documento, «las utilidades o eventuales pérdidas de la sociedad se repartirán o distribuirán entre los socios en la proporción de: a) un nueve por ciento para la socia doña Andrea Colomba San Martin Palma; b) un setenta y un por ciento para el socio don Abel Ernesto Zicavo San Martin, un diez por ciento para el socio don Claudio Camilo Zicavo San Martin y un diez por ciento para Valeria Andrea Zicavo San Martin «.
Luego en 2016 hubo una quinta modificación y en 2018 una sexta y última, cuando Abel Zicavo llevaba dos años en pareja con Camila Vallejo, quien en ese entonces era diputada.
Según lo publicado en el Diario Oficial del 17 de marzo de 2018, la modificación fue para que Abel Zicavo saliera de la sociedad:
“Abel Ernesto Zicavo San Martín, vende, a Valeria Andrea Zicavo San Martín, quien compra, un 21% capital social, Precio $676.158, pagado contado dinero efectivo. 2. Abel Ernesto Zicavo San Martín, vende a Claudio Camilo Zicavo San Martín, quien compra, un 21% capital social. Precio $676.158, pagado contado dinero efectivo. 3. Abel Ernesto Zicavo San Martín, vende a Osvaldo Armando Aguiló Melo, quien compra, el restante 29% capital social”, señala el documento.
De esa forma el esposo de Camila Vallejo se desprendió del 71% del que era dueño y la sociedad quedó integrada como está hasta ahora: en manos de su madre, sus dos hermanos y el marido de su mamá.
Desde el entorno de la exministra ratifican a El Líbero esta información: “Su cónyuge dejó de ser parte de esa sociedad en 2018, antes de que ella asumiera cualquier cargo en el gobierno”.
56% del dinero que ganó la empresa en ventas al Estado en los últimos 15 años fue durante los cuatro años del gobierno del Presidente Boric
Al buscar por nombre de sociedad, la página web de Mercado Público muestra las últimas 500 órdenes de compras que esa empresa tiene con algún organismo del Estado.
Al poner los datos de “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada” aparecen 500 órdenes de compra desde el año 2011 hasta 2026, lo que no necesariamente significa que no haya tenido órdenes de compra en años anteriores.
Considerando sólo las boletas en estado “aceptadas” entre el 28 de mayo de 2011 y el 13 de febrero de 2026, estas suman un total de 299 por un monto total de $2.156.918.205.
Si se consideran sólo las boletas que figuran durante el gobierno del Presidente Boric, son un total de 53, por un monto de $1.209.142.236.
Es decir, mientras Camila Vallejo ejerció como ministra, la sociedad de sus cuñados, su suegra y el marido de esta percibió el 56% del dinero en ventas que ha realizado al Estado en los últimos 15 años.
Desde el entorno de la exsecretaria de Estado, dicen a este medio que “tal como aparece en la página de Mercado Público, es una sociedad médica que opera en la plataforma, que cuenta con registros que son públicos y transparentes”.
Zoom a las licitaciones que ganó la sociedad de los parientes de Vallejo
Andrea San Martín Palma es médico. Según una entrevista que le hicieron a Abel Zicavo en revista Sábado en 2022, su madre partió al exilio en Cuba tras el golpe de Estado. Allá estudió medicina, se emparejó con un uruguayo y luego se fueron a vivir a Suecia, país donde nació Abel. En 1990, con el regreso de la democracia, se vinieron a vivir a Chile y cinco años más tarde volvieron a Cuba para que sus padres hicieran la especialidad médica. Ella eligió oftalmología.
“Acá ellos no tenían cómo especializarse, no tenían la plata para hacerlo, jamás nos habría alcanzado”, dijo el hoy marido de Camila Vallejo en esa entrevista, en donde también reconoció que, al igual que su esposa, militaba en el Partido Comunista.
La sociedad que creó Andrea San Martín en 2003, en la que posteriormente incluyó a sus hijos y a su actual marido, está estrechamente vinculada al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.
Parte de las facturas que ha girado su sociedad han sido por licitaciones que ha ganado desde 2006 hasta 2025 por consultas oftalmológicas y operaciones en ese hospital, lugar donde trabajó en modalidad a contrata en los años 2018, 2019 y 2020, según el portal de Transparencia del centro asistencial.
El Líbero revisó el listado de las licitaciones en que participó y ganó la sociedad de Andrea San Martín y llaman la atención varias cosas.
Por ejemplo, según una publicación del hospital, el jefe del Servicio de Oftalmología es Raúl San Martín Geisse, quien figura en algunas licitaciones que ganó Andrea San Martín como parte de la comisión evaluadora.
En otras licitaciones que ganó la sociedad “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”, Andrea San Martín y Raúl San Martín Geisse aparecen como “prestadores subcontratados” por la sociedad.
Otro dato: los dos médicos son socios. A través de sus sociedades familiares son propietarios de una parte de “Oftalmología e Inversiones S.A.”. La sociedad “Dr. Raúl Andrés San Martín Geisse y Compañía Limitada” tiene un 10% de participación. En tanto, “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada” también tiene un 10%.
Es decir, San Martín Geisse es socio de Andrea San Martín, participó en la comisión que le asignó un contrato a su sociedad familiar, y en otra licitación figura como prestador subcontratado de esa sociedad.
Este medio revisó los certificados de nacimiento de Andrea San Martín Palma y de Raúl San Martín Geisse. Sus padres comparten los dos apellidos: San Martín González.
El Líbero intentó comunicarse con el hospital a través de los mails y teléfonos de su equipo de comunicaciones para saber si existían irregularidades en esta modalidad de contratos y si los dos médicos oftalmólogos son primos. Si bien acusaron recibo de la información horas antes de la publicación este reportaje, hasta el cierre no habían hecho llegar las respuestas.
Jorge Jaraquemada, ex presidente del Consejo para la Transparencia: “La omisión de la exministra Vallejo no es un detalle meramente formal”
A juicio de expertos en transparencia, este tema debió haber sido transparentado por la ministra Vallejo en su Declaración de Intereses y Patrimonio.
Para el expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, “la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) está diseñada para prevenir conflictos de interés permitiendo que la ciudadanía, la Contraloría y los propios servicios identifiquen riesgos de captura, nepotismo o influencia indebida antes de que el daño ocasionado se materialice. Por eso su exigencia de detalle es alta. El artículo 7 de la Ley 20.880, exige incorporar el nombre de parientes por consanguinidad en toda la línea recta y, además, parientes por consanguinidad colateral y por afinidad hasta segundo grado. Es decir, se incluyen expresamente suegros y cuñados”.
A su juicio, “la omisión de la exministra Vallejo de consignar a estos parientes no es un detalle meramente formal, pues la DIP deja de cumplir su función si la información relevante está fragmentada o derechamente ausente. El hecho de que familiares cercanos participen en una sociedad que contrata el Estado y que precisamente durante el período en que la ministra ejerció un cargo de alta influencia esos contratos se hayan incrementado, aunque ella no haya tenido intervención directa, la obliga a desempeñarse con un estándar máximo de transparencia”.
En esa línea, Jaraquemada cree que la omisión de Vallejo “tiene dos efectos institucionales, por un lado, debilita la trazabilidad, impidiendo que terceros evalúen oportunamente si correspondía el deber de abstención o bien reforzar controles; y por otro, vicia la confianza, pues instala la sospecha de que los mecanismos se cumplen ‘en la forma’, pero no ‘en el fondo’”.
Finalmente, agrega que “en un sistema democrático lo exigible es que la Contraloría tenga la capacidad de verificar la integridad y veracidad de las DIP, al menos de aquellas autoridades y funcionarios más relevantes y, si procede, ordenar que sea complementada o rectificada. Esta exigencia se hace más evidente cuando existen parientes que contratan con el Estado, pues la carga de transparencia recae en la autoridad y no en el ciudadano o el periodismo que deben hacer malabares para ‘descubrir’ estos vínculos. En suma, la DIP es un instrumento que permite que los conflictos de interés no se administren en privado. Pero si se relativiza —por omisiones, reservas o ambigüedades— el sistema se vuelve decorativo y la confianza pública se rompe”.
