Las imágenes de mujeres con niños en brazos yendo con palos y piedras a atacar el cuartel de la 2º Comisaría COP de Carabineros, ubicada en Pailahueque, Región de La Araucanía, rápidamente se viralizaron y, junto con eso, el repudio de los legisladores de la IX Región, quienes no dudaron en denunciar que los menores de edad estaban siendo utilizados como “escudos humanos”.
Los responsables de los disturbios en las afueras del cuartel policial pertenecen a Temucuicui. Integrantes de esa comunidad se mantienen en pie de guerra tras la incautación, por parte de las autoridades, de toneladas de cereales que estaban siendo cosechados en predios usurpados. Es así, como además de ir a reclamar la devolución del producto a la sede del cuartel policial, en los últimos días se ha dado una oleada de atentados muy violentos en los que han aparecido lienzos con la inscripción: “Las balas que disparan se devolverán. Temucuicui resiste”.
Tras lo sucedido el 8 de marzo en la comuna de Ercilla, incluso hubo un pronunciamiento de la Defensoría de la Niñez, que señaló que “exponer a niños, niñas y adolescentes a la comisión de un delito inadmisible y tan grave como atacar un cuartel policial, arriesga severamente su integridad y su vida, lo que resulta inaceptable y debe ser abordado por el sistema como una grave vulneración a sus derechos”. E incluso reconoció que Carabineros “aplicó protocolos ajustados al trato de NNA”.
Michel De L’Herbe, experto en emergencias, que aborda temas de respuesta humanitaria en situaciones de conflicto y está largamente familiarizado con la situación de la Macrozona Sur, aborda el tema y advierte que los NNA son víctimas que en muchos casos son invisibilizadas y que los niños que viven en zonas de conflicto, “frente a la ausencia del Estado, podrían estar siendo afectados seriamente en su desarrollo”.
En conversación con El Libero, De L’Herbe subraya que “se podrían hacer las investigaciones necesarias y quizás se podría llegar a que por un estándar de prueba no se configure delito, pero eso no implica que no se estén vulnerando derechos o que básicamente no se esté exponiendo a los niños a situaciones a las cuales no deberían ser expuestos”.
De L’Herbe: “La Defensoría de la Niñez ha sido poco visible, debería estar más presente”
–¿Está de acuerdo con que se utilice el término de “escudos humanos” en este caso?
–Más allá de la terminología que se utilice, que en este caso tiene que ver con los ‘escudos humanos’, aquí hay una situación sumamente preocupante, que va más allá de un incidente en particular y que se refiere a la protección de niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto o incluso zonas de catástrofe, porque en este momento tenemos una zona de conflicto armado en la Macrozona Sur, pero también tenemos la zona de catástrofe asociada a los incendios forestales.
Dicho eso, lo que es fundamental es poner en el centro la protección de niños, niñas y adolescentes. Sobre el hecho puntual, absolutamente es necesario que las instituciones del Estado investiguen, porque obviamente no corresponde que existan niños, niñas y adolescentes en situaciones en que se estén vulnerando sus derechos, que no se les esté protegiendo como deben. Eso puede ocurrir cuando, por ejemplo, adultos van con niños a una manifestación en la cual haya hechos de violencia, porque más allá de que pudiesen ser utilizados, y que eso ya vendría a ser una situación absolutamente extrema como una forma de que la policía no intervenga, la verdad es que hay un estándar y un límite que es previo a eso, que es no exponer a los niños, niñas o adolescentes a riesgo alguno frente a una situación que pudiera incluso ser legítima desde el punto de vista reivindicativo, pero que lo que hace es exponerlo a un riesgo o amenaza de su integridad física y psicológica. En ese sentido es una situación preocupante.
Ahora, en este tipo de zonas de conflicto, los niños, niñas y adolescentes suelen ser víctimas que terminan siendo invisibilizadas; que van desde comunidades mapuche y no mapuche, hijos de funcionarios del Estado, que incluyen a las policías que se desempeñan en esas zonas. Están muchas veces sometidos también a estigmatización, a un discurso que está asociado a violencia y que tiene que ver, por ejemplo, con la interrupción del derecho a la educación.
Lo más preocupante que uno debe hacer presente en una situación como esta es la invisibilización y, por lo tanto, lo que hay que hacer es visibilizar la necesidad de la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente en una zona donde podría establecerse una vulneración de derechos por omisión del Estado.
–¿Cómo evalúa la gestión de la Defensoría de la Niñez?
–Me parece que ha sido, al menos en ese sentido, poco visible. Creo que debería estar más presente, al menos para clarificar un discurso que pareciera que se normaliza. Básicamente, ese tipo de situaciones nos está llevando a normalizar que el Estado no esté presente en ciertos territorios. Y por lo tanto, creo que frente al incidente ocurrido, que es visible, la Defensoría de la Niñez, pero también el Ministerio de Educación, y otros como el de Desarrollo Social, tengan una presencia más fuerte y no estemos funcionando sobre el daño o sobre lo evidente. Lo más complejo es que debemos comprender que muchas veces tenemos víctimas que porque no tienen la capacidad de visibilizar su situación o incluso pudiesen no estar totalmente conscientes del daño que se les está generando no son atendidos, entre otras cosas, por la ausencia del Estado.
Quiero ir incluso más allá. En zonas de conflicto armado, y esto tiene que ver con un asunto de respuesta humanitaria, estamos hablando del desarrollo de niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto; esos niños están viviendo en zonas en las que frente a la ausencia del Estado podrían estar siendo afectados seriamente en su desarrollo. ¿Cuál es la protección que hacemos de ellos, cómo puede afectar eso en su bienestar y protección presente y su desarrollo futuro? Ese es un tema de muy alta preocupación en zonas de conflicto armado y no debemos minimizar su relevancia en una zona de conflicto donde pareciera que nos estamos acostumbrando a una situación que debe ser solucionada y abordada integralmente por el Estado.
–¿Y en este caso se puede aplicar el derecho internacional humanitario?
–Ojalá nunca tuviésemos que llegar a eso, porque eso entre otras cosas significa entrar en un proceso que además es la última línea de defensa, pero que entre otras cosas toma muchísimo tiempo, y durante ese tiempo, si es que hay vulneración de derecho, esa vulneración sigue existiendo (…).
De L’Herbe: “No hay justificación para que niños, niñas y adolescentes sean expuestos a situaciones en las cuales esté en riesgo su integridad”
–¿Lo que sucedió en la comisaría de Pailahueque es inédito o esto viene pasando desde antes, por ejemplo, en usurpaciones, en manifestaciones, en protestas no autorizadas, en cortes de ruta?
–No es inédito y por eso es tan importante que se investigue. Hay reivindicaciones con las que uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo, pero aquí lo relevante es la protección de niños, niñas y adolescentes, sea en la Macrozona Sur o en un área absolutamente urbana, no hay justificación para que niños, niñas y adolescentes sean expuestos a situaciones en las cuales esté en riesgo su integridad. No solamente hablo de integridad física, de su salud física, sino también emocional, psicológica, desde un punto de vista integral.
Cuando estamos hablando de una manifestación que va, de una u otra manera, a confrontar a la policía, obviamente lo esperable es que estemos frente a una situación que tiene dos elementos. Uno, va a terminar probablemente en una confrontación y que se asocia al tema del orden público; pero en segundo lugar, desde el punto de vista de niñas, niñas y adolescentes, estamos exponiéndolos a un riesgo, pero también los estamos exponiendo a un riesgo futuro respecto de normalizar lo que puede ser el confrontar a la autoridad en términos de orden público. Eso podría implicar que estemos construyendo una idea en niños, niñas y adolescentes de que las protestas y las manifestaciones que alteran el orden público, o que generan riesgo para las personas, o violencia, son algo que es legítimo, y por lo tanto empezamos a dejar atrás y a confundir lo que es el legítimo derecho a la protesta social pacífica, que sí es efectivamente un derecho de las personas que los Estados deben proteger.
La normalización y el no abordaje por parte del Estado en estas materias lo único que hace es que terminemos funcionando sobre el daño, y muchas veces sobre el gran daño. Por lo tanto, más allá de la responsabilidad de los tutores, padres, madres, aquí hay una responsabilidad del Estado, primero en materia de orden público y en segundo lugar de protección de niños, niñas y adolescentes y, por cierto, también de protección de los derechos de todos, en términos por ejemplo, del legítimo derecho que todos tenemos a manifestarnos, pero esa manifestación debe ser de carácter pacífico.
–Las personas que fueron a atacar la comisaría son de Temucuicui, desde esa comunidad el año pasado lanzaron un comunicado en el que apuntaron que estaban preparados ante cualquier intento de ingreso de las autoridades, “incluyendo mujeres y niños”.
–Las policías son un componente del Estado y, desde el punto de vista del trabajo en esta materia, son probablemente al momento de la respuesta una de las últimas líneas de defensa del Estado. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando de la educación, la salud, la presencia de toda la institucionalidad. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la inhibición que puede tener la policía de actuar en la presencia, no solamente de niños, niñas, adolescentes, sino que también de civiles no involucrados en el conflicto (…) si hay certeza o sospecha de civiles, sean niños, niñas, adolescentes, como también adultos, que no están involucrados en la violencia, las fuerzas policiales deben verse obligadas a inhibir su acción.
Ahora, otro elementos que yo he podido observar en la Macrozona Sur es que hay que diferenciar. Muchas veces los comunicados son y tratan de involucrar a una comunidad en su conjunto. Según mi experiencia en terreno, uno se da cuenta de que tienes los siguientes elementos: crimen organizado diferenciado en tráfico de madera, tráfico de droga. Por otra parte también hay reivindicaciones de pueblos originarios, que uno debería dividir al menos en dos, algunos que creen en la vía más violenta, pero también muchísima comunidad que no está por la vía violenta compartiendo la misma reivindicación ancestral. Por lo tanto, me parece sumamente importante diferenciar de manera tal de poder comprender que las responsabilidades en este sentido son individuales y no colectivas. Y lamentablemente mucho se ha instalado, a partir de los comunicados, que todas las personas de ahí están de acuerdo con un accionar que en algunos casos es más o menos violento y eso obviamente no es así.
El tema es que para hacer esa diferencia y para ir profundizando en que la vía no violenta es la vía legítima, se requiere un Estado potente en el territorio, se requieren municipios empoderados y se requiere institucionalidad pública en el territorio (…). Debemos comprender que el Estado debe copar el territorio de manera permanente y cuando hay amenaza o riesgo de actividad delictual el Estado debe incrementar ese copamiento territorial y ese copamiento no es solamente policial o de las Fuerzas Armadas, esa es la última línea de defensa y creo que hemos llegado a ese punto precisamente porque históricamente la situación de la Macrozona Sur no se ha abordado de manera integral y terminamos funcionando sobre el daño.
De L’Herbe: “Es importante empezar a discutir si en esa zona hay vulneración de derechos por omisión del Estado”
–A la luz de todo lo conversado, ¿acá puede haber un reproche en el ámbito de los Derechos Humanos? Por llevar a niños, niñas y adolescentes a situaciones en las que se sabe va a haber violencia.
–Sí, y de hecho debemos comprender, y es otro error en Chile, creer que básicamente la vulneración de derechos humanos solamente la puede realizar un agente del Estado que usa un uniforme, es decir, un policía o un miembro de la Fuerza Armada y eso no es así. Ahora, si eso implica una vulneración de derechos humanos que sea punible, es algo que le corresponderá a los organismos pertinentes investigarlo.
Sin embargo, no olvidemos que tenemos instituciones que se preocupan de la niñez de manera especializada y obviamente todo el Estado en su conjunto debe velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. No solamente estamos hablando de la Defensoría de la Niñez, estamos hablando del Ministerio de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, el Estado en su conjunto. Ese es el futuro de nuestro país, que hoy día está representado por personas que son altamente vulnerables, frágiles, que no tienen la posibilidad de decidir y que las decisiones básicamente las toman adultos. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad del Estado que es importante. Por último, yo quisiera insistir en que es importante empezar a discutir si en esa zona hay vulneración de derechos por omisión del Estado.
Es algo que se ha discutido de manera un poco liviana, pero me parece que ya hay que empezar a hablar las cosas de manera directa y no hablarlas con algo de cosmética para suavizar el discurso. Aquí, insisto, terminamos funcionando sobre el daño. Hay una deuda en materia del manejo y que supera con creces al Gobierno actual, pero a cada Gobierno le corresponde también la posibilidad de hacerse cargo de esa deuda histórica y modificarla. Durante el último año ha habido un debate respecto de esa zona donde en lo formal, ojalá pudiésemos avanzar más rápido, pero al menos en lo formal hoy día se reconoce que en esa zona hay crimen organizado. Recordemos que hace un año atrás eso era algo que se debatía y había desencuentros entre un sector y otro.
“Si se hacen las investigaciones y no se configura delito, eso no implica que no se estén vulnerando derechos de los niños”
–Ha quedado claro que sí hay vulneración de los derechos de los niños. En la práctica cómo se atacan las responsabilidades concretas de los adultos que están haciendo esto.
–Aquí hay una doble instancia. La primera línea de respuesta cuando hay un hecho que eventualmente podría ser punible legalmente corresponde al Ministerio Público y, desde el punto de vista especializado, a la Defensoría de la Niñez. Solo ese hecho institucional nos muestra la relevancia de la protección de niñas, niños, adolescentes.
Creo que lo importante es obviamente investigar, ver si existen responsabilidades, pero lo más preocupante de esto también es que debemos comprender que no todo lo incorrecto necesariamente es ilegal. ¿A qué voy? A que básicamente aquí se podrían hacer las investigaciones necesarias y quizás se podría llegar a que por un estándar de prueba no se configure delito, pero eso no implica que no se estén vulnerando derechos o que no se esté exponiendo a los niños a situaciones a las cuales no deberían ser expuestos. Volvemos nuevamente a la responsabilidad del Estado y no solamente a la judicialización de las situaciones, porque si de hecho se judicializa esto, también va a tomar tiempo y esos niños eventualmente si han estado afectados por una suerte de exposición al riesgo van a seguir estando expuestos. Por lo tanto, la protección de niños, niñas y adolescentes debe ser permanente, no puede estar asociado solamente a la acción de respuesta de una institucionalidad asociada a lo judicial.
–¿Esta exposición constituye una forma de seguir prolongando el conflicto?
–Claramente, por eso es tan importante que dejemos la mirada policializada o judicializada de un conflicto que es mucho más profundo y que requiere la acción del Estado de manera permanente (…). Como no tomamos las medidas a tiempo, muchas veces terminamos en la última línea de defensa que tiene que ver con medidas de control. Policías y militares en una zona de conflicto, son medidas, pero no son la solución. La solución va por la acción del Estado y en este sentido por la toma de control del territorio por parte del Estado.
En materia de comunidades, eso también implica, entre otras cosas, trabajar el diálogo y trabajar socialmente con las comunidades que se sientan afectadas en el más amplio sentido de la palabra, porque de lo contrario, si eso no se hace, muchas veces empieza a tomar para algunas personas más sentido el logro de sus reivindicaciones a partir de la vía violenta, y eso muchas veces es una de las consecuencias de la falta de acción eficiente y eficaz por parte del Estado (…). Debemos poner nuestro estándar de actuación en una línea mucho más previa que la acción policial o judicial, ir directamente a la intervención social por parte del Estado. Me parece que ahí hemos tenido un error importante. Y por lo tanto, tendemos a instalar que aquí la solución está en manos de la policía o de las fuerzas armadas, y eso nunca va a ser así.
–¿Y se puede hablar de “escudos humanos”?
–Lo que pasa es que eso va a tener que ver con la interpretación que se haga en términos de las palabras que se utilizan. Por eso, quizás, más que hablar de escudos humanos, debemos poner nuestro foco en que más allá de que pueda o no haber escudo humano, nuestro centro debe ser la protección de niños, niñas y adolescentes en todo momento, y no solamente cuando se visibiliza una situación extrema. Debemos siempre evitar llegar a ese punto. Por lo tanto, debe trabajarse con todo, con las familias de esas niñas, niños y adolescentes. No solamente debemos pensar en la judicialización o los hechos punibles, a eso es a lo que no debemos llegar porque fuimos capaces de actuar antes.