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Publicado el 29 de agosto, 2015

Los seis giros que ha dado el anuncio de gratuidad del Gobierno para la educación superior

Autor:

Uziel Gomez

¿Gratuidad universal, gratuidad acotada, beneficio para el 50%, sólo para universidades CRUCH, sólo para las estatales? El tema ha tenido tantos vaivenes que hoy existen planteles que prefieren no acceder al beneficio mientras no se aclare el panorama.
Autor:

Uziel Gomez

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La gratuidad en la educación superior ha sido una de las principales banderas que ha ondeado la actual Presidenta Michelle Bachelet desde que anunció en marzo de 2013 que sería candidata presidencial, y desde entonces ha generado una transversal polémica con rectores, estudiantes, parlamentarios y académicos.

En los casi dos años y medio transcurridos, esa bandera ha sido sacudida y volteada varias veces por la propia Mandataria y por las autoridades del Ministerio de Educación, quienes han cambiado media docena de veces la cobertura, los beneficios y las instituciones que podrán acogerse.

La primera y voltereta la dio la Presidenta cuando el 9 de abril de 2013 afirmó que “es regresivo que quienes pueden pagar no paguen (…) No veo por qué yo no voy a poder pagar por la educación de mi hija. Personalmente, creo que yo puedo pagar la universidad de mi hija”.

Esa afirmación generó fuertes críticas dentro de la Nueva Mayoría porque se alejaba de su dogma de que la gratuidad universal en la educación es un derecho social, por lo que la entonces candidata se corrigió dos días después en una entrevista en The Clinic, donde dijo “creer en el principio de gratuidad en la educación en todos los niveles y en la necesidad de avanzar como país hacia la universalidad de derechos”.

Por ello, en el programa presidencial dejó establecido que se avanzará “gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media”.

En el mismo documento, se señala que la “gratuidad podría ser ejercida en toda institución de educación superior que cumpla, entre otros aspectos, estar acreditada, acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia de lucro; desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el Mineduc”. Bachelet volvió a ratificar la gratuidad universal en su primer discurso presidencial del 21 de mayo de 2014, al afirmar que “instauraremos el derecho de gratuidad en los estudiantes que accedan a la educación superior”.

Los reiterados cambios en los criterios para definir las universidades beneficiadas

Sin embargo, en el discurso del 21 de mayo de este año, la Mandataria anunció que la gratuidad comenzaría el próximo año pero sólo para el 60% de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores, lo que contradecía el propio programa presidencial, que no hacía esa distinción.

La medida, además, dejaba fuera a más de 425 mil estudiantes de similar condición socioeconómica –más del 60% del total-, lo que generó durísimas críticas de diferentes actores académicos y políticos, incluso de la Nueva Mayoría.

Esa crisis llevó dos semanas después al entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre,  a corregir a la Presidenta y puntualizar que el “tema de la gratuidad en términos de la cobertura de esta gratuidad, tanto el porcentaje que va a quedar beneficiado como las universidades que van a poder acceder, no está escrito sobre piedra”.

Incluso, fue más allá y calificó que el criterio que sean sólo las universidades del CRUCH –como anunció Bachelet-, “no parece suficientemente justo desde el punto de vista de los estudiantes”, y abrió el acceso para otras casas de estudios.

Ante las evidentes contradicciones e indefiniciones, el Gobierno y la Nueva Mayoría hicieron un cónclave el 3 de agosto y acordaron reducir del 60% al 50% la cobertura a los alumnos vulnerables para el próximo año, e incluir a las universidades privadas que tengan cuatro años de acreditación, no estén controladas por sociedades comerciales y cuenten con democracia interna.

Pero el 20 de agosto el ministerio subió un documento a la web en que dejaba fuera del beneficio a universidades del CRUCH y establecía nuevos criterios, como que la acreditación podía ser por tres años en las dos áreas obligatorias y en investigación, generando la crítica de los rectores por los continuos cambios y la incertidumbre.

La ministra Delpiano salió a pedir disculpas por el “error”, bajó el documento y afirmó que era un borrador de trabajo y que se mantenían las exigencias del cónclave. Esta situación llevó al senador Andrés Allamand a pedir la salida de Francisco Martínez, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, y al senador Carlos Montes a solicitar reforzar el equipo.

Polémica por gratuidad en 2016

El anuncio de gratuidad para 2016 a través del presupuesto del Mineduc y  no de un proyecto de ley que establezca las nuevas normas, regulaciones y fiscalizaciones también ha generado conflicto con los rectores, quienes, como los de las universidades Católica de Chile y de Valparaíso, evalúan no sumarse al beneficio.

“Si los criterios no se aclaran, la Universidad Católica no se sumará a la gratuidad en 2016. Pero es una decisión que no hemos tomado, porque tenemos que analizarlo de manera responsable y en el actual escenario no vemos claridad por parte del gobierno (…) Para nosotros no es transable la autonomía, el respeto a la misión e identidad de la U. Católica, tenemos que tener claridad sobre los aportes financieros en el mediano y largo plazo, y como éstos van a asegurar que la calidad del proyecto educativo se potencie y se preserve», afirmó el rector de la PUC, Ignacio Sánchez.

La respuesta de la ministra Delpiano fue crear un Consejo Consultivo para evaluar los cambios en la educación superior, aunque sin desistir de incorporar la gratuidad el próximo año. Dicha comisión la integran, entre otros, el ex ministro de Educación y Obras Públicas, Sergio Bitar, quien ha sido crítico de las reformas de la cartera.

FOTO: PABLO ROJAS MADARIAGA/AGENCIA UNO

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