Las principales críticas apuntan a un deficiente diagnóstico, prohibir justas retribuciones a los sostenedores, terminar con la selección por razones académicas y no incluir el mejoramiento de los profesores.
Publicado el 13.11.2014
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Siete ex ministros de Educación de los gobiernos de los últimos 20 años –cuatro de la Concertación y tres de la Alianza- expusieron en la comisión de Educación del Senado y realizaron diversos y profundos cuestionamientos técnicos y políticos a la reforma al sistema escolar del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que busca eliminar el copago, el lucro y la selección en la enseñanza básica y media.

Las principales críticas apuntan al corazón de la reforma y a un deficiente diagnóstico del sistema, que busca  prohibir que los sostenedores obtengan justas retribuciones por prestar su servicio, terminar con la selección por razones académicas, no incluir el mejoramiento de los profesores, y por efectos no previstos del proyecto como el cierre de colegios, el rechazo de los padres, los sostenedores, de la Iglesia Católica y de otros actores del sistema.

“Hay tensión y paralización del sector privado y estatal. Hay riesgo de polarización, incertidumbre de los docentes y caricaturización del sector privado con frases ‘aquí vamos a ver quién tiene vocación y a quién le interesa el negocio’, o las caricaturas de los padres como manipulados, arribistas o ignorantes”, señaló Mariana Aylwin (DC), ex ministra de Educación del Gobierno de Ricardo Lagos entre 2000 y 2003.

Aylwin precisó que comparte los objetivos del proyecto como la disminución de la brechas, una educación inclusiva y de calidad para todos; pero es escéptica de los efectos sobre esos objetivos de este proyecto, y no comparte las expectativas, porque si bien cree que es necesario ir adecuando la institucionalidad, no cree que la base de los problemas de la educación chilena sea el sistema.

La ex autoridad, que lleva 40 años vinculada a la educación, explicó que en los últimos 14 años los colegios han disminuido en 400 mil alumnos debido a la menor tasa de natalidad, y que los establecimientos deben hacer grandes esfuerzos para llenar o mantener su matrícula.

“Mi pregunta final es si vale la pena tensionar así al sistema educativo por una reforma que ha sido improvisada, que no ha previsto sus efectos y que prescinde de la realidad. La reforma a la educación requiere un acuerdo que la haga posible y sustentable”, indicó Aylwin.

Ex autoridades piden cuidar la cultura del mérito y el esfuerzo

Su antecesor entre 1996 y 2000, José Pablo Arellano, también DC, añadió que la exigencia de propiedad que hace el proyecto de ley  “nunca ha sido una preocupación de las políticas educacionales”, y que lo verdaderamente relevante, y a lo que se debe abocar la reforma, es a ver lo que pasa dentro de la sala de clases, y no si la escuela está arrendada, en comodatos, autoarriendo o se está pagando al banco.

Su propuesta es que se establezca un valor máximo por el uso de los inmuebles mediante una regulación bien pensada y diseñada, y no se generen nuevas exigencias sobre la propiedad, que generan “temores, incertidumbres y complicaciones. Junto con eliminar esa exigencia de propiedad, habría que permitir que las corporaciones puedan obtener el retorno normal por la inversión”.

frase MarianaLo relevante, a su juicio, es crear un marco jurídico que le permita a los sostenedores seguir invirtiendo en los colegios para mejorar la infraestructura de los laboratorios, gimnasios, salas de clases, y se puedan concentrar en mejorar la calidad de la educación.

Joaquín Lavín, el primer ministro del Presidente Piñera entre 2010 y 2011, señaló que “es complicado terminar con la cultura del mérito. En los últimos años se ha apoyado el buen rendimiento de los estudiantes a través de distintas iniciativas como “Yo elijo mi PC” o el bono de rendimiento escolar. Hemos creado una cultura del mérito y eso debe mantenerse”.

Agregó que se puede extender lo realizado con la iglesia, en el sentido de permitir arriendos entre partes relacionas sin fines de lucro “a todos los colegios que demuestren un determinado nivel de calidad. Este tipo de contratos se pueden regular a través de la superintendencia de Educación. Si no cambiamos el proyecto la principal afectada será la clase media”.

El también ex candidato presidencial dijo que la reforma necesita cambios graduales, acuerdos políticos y técnicos, debió partir por mejorar la educación pública y es clave conocer todos los cambios al sistema para anticipar y prevenir posibles escenarios.

A su juicio, cualquiera que sea el contexto socioeconómico, el esfuerzo del estudiante y de su familia es importante.

Lavín prevé que los cambios legales aumentarán la diferencia entre los sectores socioeconómicos, no les permitirá  a los padres aportar a la educación de sus hijos, no les reconocerá mérito académico y se afectará el clima escolar.

Para Ernesto Schiefelbein, titular de la cartera en 1994 durante el gobierno de Frei, si “mañana pusiéramos a los mejores profesores que tengan cada escuela a enseñar, a leer en primer grado, solucionamos la mitad del problema. Eso es mucho más difícil de hacer que todas las cosas que están en el proyecto”.

El doctor de educación de Harvard y actual rector de la Universidad Autónoma de Chile, indicó que en anteriores reformas el país destinó millonarios recursos en mejorar la infraestructura para ofrecer acceso universal, construir bibliotecas, proporcionar alimentos, extender las jornadas escolares, aumentar los salarios de los profesores, entregar fondos adicionales para alumnos con necesidades especiales y aplicar pruebas de rendimiento, pero “no han mejorado los procesos o hábitos predominantes en la cultura de la educación”.

Cambios poco eficientes

En tanto, Sergio Bitar, ministro de Educación entre 2003 y 2005, presentó una minuta para perfeccionar el proyecto, pero aclaró que para facilitar la aprobación “es necesario flexibilizar algunas condiciones propuestas en el proyecto”, y declaró que cambiar el copago y el lucro requiere de una “aclaración persuasiva y gradual, para que su implementación no se trabe con desconfianzas”, misma gradualidad planteó para la adquisición de establecimientos educacionales.

Además, con respecto a la selección de alumnos, propuso “no referirse a los liceos públicos y dejar este tema cuando se discuta el proyecto de ley que reorganiza la educación pública”.

El ex ministro Harald Beyer (2011-2013), en tanto, indicó que el impacto mayor de una reforma se concentraría en colegios de la Región Metropolitana y la Quinta Región, y que “el sistema elegido es poco eficiente y no garantiza que se minimicen arbitrariedades en el proceso de admisión”.

Con respecto a la regulación de la expulsión llamó a replantear las alternativas y concluyó que “hay mejores formas de equilibrar las propuestas de gobierno con el interés de la educación, las familias y los estudiantes y a través de un mejor diseño y mayor gradualidad permitirían satisfacer el espíritu del programa, sin tensionar innecesariamente al sistema“.

Luego, la ex ministra Carolina Schmidt (2013-2014) aclaró que los padres y apoderados no saben la personalidad jurídica del sostenedor del establecimiento, “por lo que no es un tema que preocupe a la hora de matricular a su hijo (a), lo que preocupa es la calidad, el clima escolar, el proyecto educativo”, señaló. Asimismo, criticó la obligación y las trabas que se generan al obligar al sostenedor a transformarse en dueños del inmueble y puso énfasis en que la reforma podría generar mayor segregación.

Eyzaguirre pide confianza

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, lamentó que la reforma se haya transformado en “el lugar de discusión de todos los temas que cruzan la sociedad. Ha sido muy difícil converger en cuál es el tema que tenemos en la mano, es imposible discutirlo todo al mismo tiempo (…). Podría hablar horas sobre cómo es la carrera de formación inicial docentes, pero esta discusión sería la Torre de Babel perfecta, tengamos confianza de que los otros temas están considerados” y enfatizó la importancia de que la educación sea inclusiva.