Publicado el 04 de enero, 2020

Las dudas sobre cómo se quemó el Cine Arte Alameda y otras condenas apresuradas

Autor:

Sebastián Edwards

Una lacrimógena o una molotov. Aún no se conoce qué provocó que el recinto ardiera el último viernes de diciembre. Pero mientras continúan los peritajes, tanto en redes sociales como en diversa declaraciones públicas ya existe la «sentencia» que fue producto de la acción policial. Casos como este, donde se entregan certezas antes de tiempo, se han repetido desde el estallido de la crisis. Condenar a un militar antes de tiempo como fue en Curicó, dar como un hecho la existencia de desaparecidos tras el 18 de octubre, o no precisar cifras de heridos son algunos de los casos.

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Alrededor de las 19:00 del viernes 27 de diciembre, comenzó a quemarse el Cine Arte Alameda hasta quedar prácticamente destruido. Este fue uno de los hechos de la violenta jornada con que se cerró el 2019.

Y pese a que el Ministerio Público está realizando las distintas indagatorias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables, desde la dirección del centro cultural dieron por hecho desde el primer minuto que el siniestro había sido originado por una bomba lacrimógena lanzada por la policía y no por una bomba molotov. «Vinieron peritos de Bomberos y la PDI, es un tema que esperamos se resuelva de la manera más transporte posible, pero descarto totalmente una molotov. Eso lo dejo súper claro ante todos: nunca recibimos una bomba molotov», señaló en la ocasión Roser Fort, directora del recinto. Y agregó que «son al menos 70 bombas lacrimógenas que han afectado el Centro de Arte durante este periodo, en 69 días».

Independiente del resultado de las indagatorias, El Líbero consultó a especialistas cuán probable es que una bomba lacrimógena cause un incendio de este tipo. El prevencionista en riesgos de la Pontificia Universidad Católica y especialista en incendios, Carlos Miranda, señala que este tipo de artefactos «de por sí no son elementos incendiarios ya que no están concebidas para ello. No obstante, su mecanismo de activación genera altas temperaturas, lo que podría generar un incendio. Si alcanzara elementos de fácil combustión, como por ejemplo, si cayera sobre un patio de acopio de una papelera, obviamente vamos a tener un incendio de grandes proporciones, o si cae sobre telas o si cae sobre materiales de fácil combustión. Pero si la bomba cae sobre una losa de concreto de una terraza, lo más probable es que no ocurra nada». Y agrega que son Bajos casos por bombas lacrimógenas

En la misma línea, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, José Figueroa, afirma que «puede ser que en ciertas situaciones no sea un elemento incendiario porque los elementos que están en el lugar no se van a encender por la temperatura de esa bomba». Plantea que depende del lugar en que caen y qué hay en ese espacio para que esa bomba genere un incendio realmente. «Pero de por sí, no es incendiaria. Hay que hacer una clara diferencia entre lo que es una bomba incendiaria, como lo es una bomba molotov, y una bomba lacrimógena».

Un hecho similar ocurrió en noviembre en al sede de la Universidad Pedro de Valdivia ubicada en la Avenida Vicuña Mackenna, ubicada a pasos de Plaza Italia. Si bien en un principio se difundió por redes sociales que los vecinos aledaños al centro educacional habían afirmado que Carabineros había generado el siniestro, un miembro del cuerpo de Bomberos en la zona descartó la hipótesis, debido a la poca «capacidad calórica» que contiene una bomba lacrimógena.  Un día después, Carabineros daba a conocer la detención de tres sospechosos por su participación en los hechos. Uno de ellos, de 19 años, fue formalizado. La Fiscalía informó que contaba con antecedentes de que el imputado, acompañado de otras personas, había ingresado a una de las oficinas de la universidad y habría arrojado material combustible a las llamas. Ante esto, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decretó prisión preventiva. 

Como este caso, otras denuncias que han marcado la crisis, que comenzó el 18 de octubre, han tenido una primera versión que no se apega a la verdad, hasta que la justicia o entidades oficiales han salido a aclararlas.

Incendio en Iglesia de la Veracruz: Se inicia por fuera y se identifica un responsable

El pasado 12 de noviembre se registraron las imágenes de un incendio en la Iglesia de la Veracruz en pleno Barrio Lastarria. En un principio, comenzó a difundirsese en redes sociales un video en el que se da a entender -precipitadamente- que el fuego había sido iniciado por una bomba lacrimógena, puesto que se daba la impresión de que las llamas y el humo se habían originado en su interior.

Tres semanas después, las investigaciones lideradas por la PDI tenía una versión aclaratoria y diferente. Todo partió con el video de un usuario que transitaba por el sector y que pudo grabar a través de su celular a un encapuchado que esparcía un líquido en la base de una de las puertas del recinto. El administrador de la Iglesia, Germán Barrera, señaló a Canal 13 en ese entonces, que hubo 15 a 17 intentos de saquear y entrar a la Iglesia.

La Policía de Investigaciones lleva adelante la investigación  y ha advertido que son 100 horas grabaciones que están revisando para dar con el paradero del responsable. Según informaron,  el encapuchado cometió este hecho dos veces para cerciorarse de que el acto tuviese efecto.

Sergio Micco aclara denuncias sobre desaparecidos al comienzo de la crisis

Durante las primeras semanas del, parte de la discusión estuvo marcada por diversas denuncias como la que se refería a desapariciones cometidas durante el estado de emergencia. En su momento, la presidenta regional del Partido Comunes en la IV Región, Joselyn Burgos, denunció la desaparición de 13 mujeres en Coquimbo. Ante esa denuncia el Instituto de Derechos Humanos respondió a través de su cuenta en Twitter: “INDH Coquimbo ha recibido 3 denuncias de personas cuyo paradero era desconocido. Sin embargo, a la fecha las 3 se encuentran en sus hogares. Llamamos a ser responsables en la información entregada”.

Su director Sergio Micco, aclaró entonces que «hay que ser súper responsable. Yo di una cifra que quiero repetirla. De una veintena de casos solo nos quedaban cuatro y después dos, de personas que no se sabía su paradero”. Y afirmó que «en la medida en que se va regularizando el funcionamiento del Estado democrático de derecho esto tiene que investigarlo el Ministerio Público”.»No hablaría ni de presuntos ni de desaparecidos, es gente que no ha vuelto y no sabemos si fueron detenidos o no”, señaló Micco en conversación con TVN. 

Asimismo, en entrevista con el programa Mesa Central de Tele 13 Radio, el director del INDH, descartó las acusaciones relacionadas a la existencia de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. «Supone una concertación entre distintas instituciones, donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionalmente, tienen el objetivo de violar los derechos humanos. Si me preguntas a mí, como director del INDH, yo te diría que no, y quien afirme lo contrario tiene que probarlo”. En ese sentido, añadió que «quien diga acá se coordinaron carabineros, Ejército, el Ministro del Interior, la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia para violar sistemáticamente los DD.HH., esa es una afirmación gravísima, que se tiene que probar».

Sus palabras han sido respaldadas por distintos organismos internacionales como Human Rights Watch y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; que si bien sostienen la existencia de graves violaciones a los DD.HH, no aseguran que estas sean sistemáticas.

La polémica denuncia sobre la existencia de un centro de torturas en Estación Baquedano

Fue durante la primera semana de la crisis cuando el director del INDH, Sergio Micco, expuso una denuncia de torturas interpuesta por un joven que acusó ser detenido en el Metro Baquedano.

En la misma línea, el jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Manuel Monsalve, señaló que «el hecho es gravísimo, las detenciones ilegales y las torturas ocurren en dictadura, no en democracia. El Presidente y el Ministro del Interior tienen que hacerse responsables de aclarar estos hechos ante el país y garantizar a los chilenos que el estado de excepción no implica violación a los derechos humanos». En esa línea, afirmó que concordarían «con la oposición una comisión investigadora para investigar estos hechos».

Una línea similar adoptó la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez quien tuiteó a fines de octubre: «INDH denuncia torturas, sí, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable. El Ministro del Interior Andrés Chadwick debe renunciar hoy».

Al lugar acudieron los jueces Daniel Urrutia y Darwin Bratti, quienes descartaron la existencia de indicios de un eventual centro de detención instalado en la comisaría que se ubica al interior de la estación. «Lo que se estaba denunciando era muy grave así que concurrimos de inmediato y nos entrevistamos con personal de Carabineros, revisamos las cámaras de seguridad y cada sector del recinto junto a una abogado del INDH constatando que no habían detenidos, ni tampoco registro de ellos”, señaló Urrutia.

En la misma línea, el juez Bratti confirmó que «no vimos detenidos, ni menos indicios que en ese lugar se haya encontrado personas en algún minuto colgando del techo (…) hay que ser responsables y aclarar que revisamos todo el recinto. Incluso la abogada del INDH iba con una linterna alumbrando los sectores más oscuros y no encontramos indicio alguno de una detención no registrada, en los techos no había nada que diera cuenta de amarras, tampoco sangre».

Frente a esto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras una reunió con Micco, dijo que el director del INDH le había señalado que se había precipitado en entregar esa información». Y agregó que «él no tiene antecedentes para avalar la existencia de tal centro, sino que hay una investigación específica de un eventual caso de tortura y abuso o exceso de la fuerza que se están investigando y que de concretarse lo van a poner en conocimiento de los tribunales».

Militar acusado de homicidio… que terminó siendo inocente del cargo

El 19 de octubre,  el joven José Miguel Uribe falleció tras recibir un disparo durante una manifestación en Curicó. Cuatro días después, se apuntó a un militar como el responsable de su muerte, ya que él mismo confesó haber disparado en aquella ocasión por lo que quedó con prisión preventiva. Redes sociales y líderes de opinión tomaron el caso como emblemático del estallido.

Pero tras un mes de investigación, el fiscal Julio Contardo solicitó una audiencia para «reformalizar la investigación», dado que antecedentes de la investigación permitieron establecer que «el soldado no había tenido participación directa en el fallecimiento del joven». Solo se le formalizó  por «disparo injustificado». Al ser un delito menor se modificó su medida cautelar.

Luego, la Fiscalía dio con el paradero del empresario Francisco José Fuenzalida Calvo, quien acudió a la policía reconociendo disparos en contra de tres manifestantes en Curicó. Días después, se decretó la prisión preventiva.

Las cifras oficiales sobre pérdidas oculares

A mediados de noviembre, tras un mes de la crisis, el presidente del departamento de DD.HH. del Colegio Médico, señaló que «cuando empezamos a denunciar esto, había 29 ojos perdidos. Hoy van más de 200 (…). Hemos tratado de dialogar de todas las formas y nos enfrentamos a una pared que no responde. Es una irresponsabilidad no solo de quienes están utilizando estas armas, sino de todas las autoridades que han avalado permanentemente este accionar y este daño”.

La cifra fue rebatida justo una semana después por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien detalló que las atenciones efectuadas en los servicios de urgencia del país correspondían a 194 personas con lesiones por trauma ocular, 12 de ellas con pérdida parcial o total de visión. «Del total de pacientes atendidos que corresponden a 194 personas,  desgraciadamente al día de hoy hay 12 de ellas que tuvieron pérdida de un globo ocular. El resto de las personas, si bien es cierto que mantienen su globo ocular en su posición, tenemos que darnos un plazo de observación en al menos 36 casos -que según los especialistas no puede ser de menos de 3 meses- para ver si esos globos oculares evolucionan hacia una recuperación parcial de la visión», precisó en la oportunidad el jefe de la cartera.

Según el último reporte entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a la fecha son 359 las personas que han sido sufrido heridas oculares, de las cuales 335 se encuentran con lesión o trauma y 22 han perdido la visión en un ojo. De este total, son dos personas las que han perdido de forma total la visión: Gustavo Gatica y Fabiola Campillay.

Homicidio de fotógrafa

Otro caso que fue replicado en redes sociales fue el de la muerte de la fotógrafa y asistente de iluminación en Mega, Albertina Martínez. El 21 de noviembre fue encontrada muerta en su departamento. Según indicaban los primeros reportes, el o los eventuales responsables habrían extraído su cámara y su teléfono celular.

El robo de estos artefactos comenzó a levantar sospechas por parte de usuarios en redes sociales, ya que en su cámara habían fotos de una manifestación del 14 de noviembre, día en que se cumplió un año de la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca. Bajo el #JusticiaparaAlbertina, a través de Twitter, distintas cuentas daban a entender de que su muerte se debía a una especie de «persecusión política», por «fotografiar la violencia ejercida por Carabineros» durante las manifestaciones, convirtiéndose así en una especie de símbolo por la lucha de la libertad de expresión.

Sin embargo, su misma familia salió a aclarar el caso. Su hermana Priscila señaló en la ocasión que «es una pena que se tome esto para generar odiosidad política, porque en definitiva por lo poco que sabemos del proceso investigativo, la muerte de mi Albert no tiene que ver con eso”. Y en aclaró que sus fotografías «no eran políticas», sino que más bien de carácter artístico.

 

 

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