Desde el mes de junio los integrantes de la Fundación de Víctimas de Terrorismo de la Macrozona Sur han intentado, sin éxito, conseguir una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior a través de la plataforma de Ley del Lobby, pero la respuesta ha sido el silencio o alguna negativa. 

El abogado de la organización, Miguel Fredes, explica que a través de la vía institucional han intentado reuniones con el delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro; con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; y con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (en dos ocasiones).

La Fundación de Víctimas de Terrorismo de la Macrozona Sur es una organización no gubernamental que aglutina a alrededor de 100 personas que han sufrido ataques y atentados por parte de agrupaciones radicales.

Fernando Fuentealba preside la Fundación y él mismo ha sido víctima. Era el propietario del hotel Küref, cuyas instalaciones fueron quemadas en mayo pasado, en un atentado que se adjudicó la Resistencia Mapuche Lafkenche, misma agrupación que se atribuye el ataque de este lunes a la familia Grollmus, que terminó con Carlos Grollmus en estado crítico y con el centenario molino familiar destruido.

Fredes plantea que buscaban lograr una reunión de las autoridades con él y con Fuentealba, “que es el presidente de la fundación, que conoce el relato de las víctimas y que ha vivido a titulo personal la violencia y el terrorismo”.

La negativa del Gobierno

El 7 de junio la Fundación solicitó una reunión con la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, cargo en el que se desempeña Humberto Toro. La petición no obtuvo respuesta.

La diligencia la hizo el abogado Miguel Fredes, representante de la Fundación. 

También se comunicaron con Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito. La respuesta les llegó el 10 de junio. Esta vez con una negativa: “Se rechaza la solicitud de audiencia, se sugiere solicitar audiencia con Subsecretaría del Interior”.

En consecuencia, el abogado Fredes hizo la solicitud al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el 14 de junio. A lo que obtuvo como respuesta una nueva negativa. “Se rechaza la solicitud de audiencia, ya que no corresponde con las materias asociadas a la Ley de Lobby”.

Repitieron la diligencia el 22 de julio, y la respuesta les llegó en los mismos términos de la petición anterior el día 27 de julio: “Se rechaza la solicitud de audiencia, ya que no corresponde con las materias asociadas a la Ley de Lobby”.

“Esa materia obviamente que sí le compete a la Subsecretaría del Interior”

Fredes plantea que su objetivo era conversar sobre las medidas de prevención y de seguridad que están «fallando» en la Macrozona Sur. Señala que al momento de hacer la solicitud de audiencia “en el objetivo de la reunión yo coloqué ‘materias que dicen relación con programas, políticas y normas de seguridad interior del Estado’. Esa materia obviamente que sí le compete a la Subsecretaría del Interior”.

“Yo seguí el conducto. El propio subsecretario de Prevención del Delito me sugiere que pida la reunión con Monsalve. Es decir, él rechaza la solicitud, no me explica por qué y sugiere solicitar audiencia con el subsecretario del Interior. Lo hago y me la rechazan también”, lamenta.

El abogado sostiene que lo que se quería era proponer “planes, políticas para prevenir más delitos en la Macrozona Sur, que son todos obligaciones y atribuciones legales que tienen estos tres sujetos, que son el delegado presidencial, el subsecretario de Prevención del Delito y el subsecretario del Interior. Por lo tanto, nuestro objetivo es netamente reunirnos con ellos para hablar de materias propias de seguridad interior del país”.

En consecuencia, afirma con respecto al argumento esgrimido por la Subsecretaría del Interior que indica que su solicitud no corresponde con las materias asociadas a la Ley de Lobby, que es “falso”.

Para Fredes, “si el Estado no tiene medidas de prevención y protección, el aumento del terrorismo va a ser exponencial porque va a haber mayor acceso a recursos económicos a través del robo y tala de madera y eso va a fortalecer a los grupos radicalizados. Va a haber más armas y más violencia. No es solamente robo de madera, el comercio ilegal de madera, sino también la receptación”.

«Las máximas autoridades que están encargadas de la seguridad del país no quieren recibir a las víctimas”

La detención de Héctor Llaitul representó un punto de quiebre para las víctimas. En especial porque anticipaban que la aprehensión del dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco podría traer represalias y desencadenar una oleada de atentados.

Ejemplifican con lo ocurrido en Contulmo y la familia Grollmus. “Qué capacidad de defensa puede tener un adulto de 79 años contra 20 encapuchados disparando. Además, hay otra víctima con pérdida ocular. Esto es impresentable. Y denota que sí existe una recepción distinta hacia los grupos terroristas que con respecto a las víctimas. Es así de simple”, opina Fuentealba.

El presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo de la Macrozona Sur alude a la polémica que originó la renuncia de la ahora exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega, quien dimitió tras darse a conocer que una de sus asesoras llamó -en su nombre- a Llaitul el 11 de mayo de este año. Así como a los dichos de uno de los abogados defensores de Llaitul, John Maulén, que en conversación con ADN Hoy, dijo que la CAM «hará una declaración y una denuncia donde se detallará cada comunicación que hubo con el Gobierno», declaración que «estará firmada por Héctor Llaitul».

Por su parte, Fredes opina: “Hay un doble discurso que es evidente, porque se puede plantear un escenario donde se diga ‘vamos a escuchar a las víctimas y nos acercaremos a los grupos radicalizados’, que pudo haber sido el caso de las FARC, u otros grupos radicalizados en México (…). En definitiva, no hay interés. Hay una discriminación formal. El Estado no quiere recibirnos, no quiere conocer los relatos. No quieren, de primera fuente, saber los problemas graves que existen. Acá hay pruebas específicas de que las máximas autoridades que están encargadas de la seguridad del país no quieren recibir a las víctimas”.

Las reuniones que sí tuvieron Vergara y Monsalve

Efectivamente, en la Plataforma Ley del Lobby de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la sección que se refiere al subsecretario Eduardo Vergara no aparece, hasta la fecha, ninguna reunión que tenga que ver con hechos relacionados a la Macrozona Sur. 

Mientras que en el caso del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tampoco se observa que haya existido alguna reunión específica con las víctimas de atentados en la Macrozona Sur. De acuerdo con la misma plataforma, Manuel Monsalve habría tenido algunas reuniones en las que se aborda tangencialmente el tema de la violencia en la Macrozona Sur.

El 27 de julio de 2022 Monsalve se reunió con el capítulo Chile de Amnistía Internacional, y como tercer punto se refirieron al “conflicto en La Araucanía y estado de excepción”.

Con la empresa WOM S.A. tuvo una reunión el 2 de junio de 2022 en los que estos expusieron las “situaciones de seguridad que afectan la operación de telecomunicaciones, con especial foco en los hechos de violencia en la región de La Araucanía y provincia de Arauco (macrozona sur), en relación a los despliegues de los proyectos 5G y Fibra Óptica Nacional (FON)”.

Y también abordó el tema de la Macrozona Sur con la Sociedad Nacional de Agricultura el 12 de mayo de 2022; pero nunca específicamente con las víctimas de la violencia causada por las orgánicas radicalizadas que operan en el sur. 

Denuncian “discriminación” a las víctimas

Fuentealba afirma que entre los integrantes de la Fundación hay a quienes les han asesinado a familiares directos. También agrupan a personas que han sido víctimas de amenazas constantes, desplazados de sus hogares, que han sufrido la toma de su propiedad privada, incendios, quema de maquinaria agrícola, e incluso de automóviles.

“El objetivo final de los grupos terroristas es el desplazamiento forzado de personas. Lograr el control territorial absoluto para manejar el negocio de la madera y el negocio del narcotráfico. Estas bandas no tienen nada de ético. Aquí no hay ética de reivindicación de pueblos ancestrales”, dice Fredes.

“Todas las autoridades saben perfectamente que la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur es una organización no gubernamental que aglutina a muchas personas que han sido víctimas del terrorismo y la violencia en esa zona. Por lo tanto, no hay que ser adivino para entender que los temas importantes de seguridad y prevención del delito son aquellas materias que queremos discutir”, dice Fredes. “Aquí está establecido por escrito que ellos no quieren dar curso a las solicitudes”, agrega.

Plantea que también se propuso tener audiencias por videoconferencia. “Están todas las vías para tener un diálogo y que el Estado o las instituciones escuchen a las víctimas”, insiste.

Otro punto que les hace ruido es que en la audiencia de formalización de Llaitul el abogado del Ministerio del Interior se refirió a él como un «líder«.

“Hay una total discriminación en el trato respecto de quienes son víctimas, y quienes promueven la violencia. El Estado, a través de sus organizaciones, simplemente prefiere optar al diálogo con algunos”, reitera el abogado.

El rol del INDH

Otro ejemplo de la displicencia de las autoridades gubernamentales con Llaitul lo dio el Seremi de Gobierno del Biobío, Eduardo Vivanco González, quien dijo a principios de agosto al medio Sabes.cl: “Yo soy parte del Gobierno y aquí están todos invitados a conversar. Ahora, que él quiera hacerlo (Llaitul), yo lo dudo. Nunca he hecho el esfuerzo sinceramente, capaz que un día se me ocurra hacerlo porque conozco algunos amigos en común”.

Frente a esto Fuentealba subraya: “Nosotros exigimos justicia. Exigimos igualdad ante la ley. Y también la igualdad de condiciones. Si el gobierno dialoga con terroristas, nosotros, mínimo, también esperamos lo mismo con nuestra organización que es representante de las víctimas”.

Fredes infiere que el Gobierno se ha negado a recibirlos porque «tomar contacto directo con el relato de las víctimas y la vulneración de sus derechos humanos, constituye un hecho el cual se debe reportar justamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos».

No obstante, Michel De L’Herbe, quien tenía a su cargo coordinar la misión del INDH en la Macrozona Sur, fue finiquitado por la administración de la directora (S) Consuelo Contreras.

«Tomar relato directo de las víctimas establece una verdad objetiva que puede tener como resultado la llegada de un relator de Naciones Unidas por la vulneración sistemática de DD.HH. y aquí se está cumpliendo precisamente el requisito de desplazamiento forzado de personas», concluye Fredes.

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