Publicado el 23 enero, 2021

“Si me ven, me van a disparar”: el relato de un hombre amenazado por los violentistas en Arauco

Autor:

Emily Avendaño

El empresario Fernando Fuentealba vive bajo amenaza de muerte. Dirige el Hotel Curef, en Quidico, y además es el presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de la zona. Ser una cara visible al momento de denunciar los atentados que ocurren en el sur de la provincia de Arauco lo ha puesto en la mira de los grupos radicales. El 19 de enero, entre los escombros de la cabaña número 44 quemada en la otrora zona turística apareció su nombre en un panfleto junto a otro papel que decía “fuego y bala a los sapos”. “Si me preguntan si temo que me pase lo mismo que le pasó al agricultor, pues absolutamente”, dice en alusión a Orwal Casanova, asesinado el 7 de enero en Victoria.

Autor:

Emily Avendaño

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“Si me ven en el hotel me van a disparar de nuevo”. Fernando Fuentealba, dueño del Hotel Curef, ubicado en plena costanera de Quidico en la Provincia de Arauco, hace varios meses que abandonó el edificio del que fue su negocio desde el año 2004. Tal era la persistencia de las amenazas y los atentados que ponían en riesgo su vida que desde la Gobernación de Arauco le pagaron el arriendo por cuatro meses de una vivienda en Cañete. Ese plazo está a punto de extinguirse, pero no así las intimidaciones. 

Los primeros disparos ocurrieron la madrugada del 4 de febrero de 2020. Fueron seis detonaciones hechas desde un vehículo en movimiento. Los proyectiles dañaron el frontis del hospedaje, ventanales y la matriz del agua potable del hotel. Para empeorar la escena también dieron contra los vidrios de una camioneta propiedad de unos huéspedes. Dentro de las instalaciones había, además, una pareja con un hijo pequeño. 

El episodio se repitió a las 3:40 horas de la madrugada del 6 de abril de 2020. Esa vez se supo que fueron dos los individuos que dispararon, en pleno toque de queda. Uno de los proyectiles quebró el ventanal frontal, y dos balas quedaron incrustadas, como un recordatorio, en las paredes del recinto. Esta vez pernoctaban allí Fuentealba, su madre -de 78 años de edad-, sus hijos y nietos. 

Hubo una tercera balacera, pero el empresario no recuerda la fecha. Dice que son tantas las amenazas que ya no lleva la cuenta: ha sufrido encerronas, lo han apedreado y en una ocasión un grupo lo rodeó cuando iba saliendo del supermercado. “Me gritaron sapo de los milicos, sapo de Piñera, de los pacos. Epítetos de gran calibre. Y me lanzaron latas de cerveza en la cabeza”. 

Fuentealba hizo la primera denuncia en el año 2008. Esa vez por la toma de un terreno en el que tenía previsto construir un restaurante, estaba en altura, por lo que, afirma, habría tenido una vista privilegiada del mar y de la caleta. “Eso se truncó completamente”. Más tarde, recuerda, se convirtió en dirigente social. Hace alrededor de cinco años fue electo presidente de la junta de vecinos de su comunidad y Alcalde de Mar y hace dos años lo nombraron presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Quidico y es entonces cuando identifica que la situación empeoró. 

Estando en esa posición se reunió con el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick y le insistió en la necesidad de instalar un cuartel de Carabineros en Quidico -hecho que se concretó, pero las instalaciones y los policías allí apostados viven bajo constante asedio-. Además, a mediados de 2019 se reunió con el Presidente Sebastián Piñera en una visita que éste realizó a la Región del Biobío. Para ese momento eran más de 10 las cabañas incendiadas en Quidico. Tras ese encuentro con el Jefe de Estado es que Fuentealba fue amedrentado a la salida del supermercado. 

Como encargado de la seguridad vecinal, no solo pidió la instalación del retén policial, sino que además creó el grupo de Whatsapp a través del cual los residentes de la zona se mantienen conectados y se informan sobre cualquier situación compleja, robos o incendios que estén ocurriendo en el sector y también presentaron un proyecto para la instalación de cámaras de vigilancia que pudieran generar imágenes que eventualmente pudiesen ser utilizadas como medios de prueba. Sin embargo, esto nunca se implementó. “Ya cuando empezamos a ver tantas casas quemadas sostuve reuniones con generales de Carabineros, el Gobernador, el Intendente, varios Ministros del Interior e incluso el Presidente, pero no hemos visto ningún resultado”, sostiene.

La agresión más reciente ocurrió esta semana, en la madrugada del 19 de enero, desconocidos quemaron una casa de veraneo cercana al cementerio de Quidico, tras haber llegado disparando. Se trata de la cabaña N° 44 incendiada en esta zona urbana con 2.800 habitantes. Entre los escombros había varios panfletos. En uno se exigía la libertad de Tomás Antihuén, detenido en julio de 2020 acusado de participar en el incendio de un carro policial en Cañete -el 19 de enero el Tribunal de Garantía de Cañete le cambió la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario nocturno por lo que pudo regresar a la Comunidad Nicolás Calbullanca en Lleu Lleu-, en otro papel se leía el nombre de Fernando y el de la familia Carrasco, víctima de un robo de ganado en su fundo el pasado 5 de enero que terminó con 30 vacunos muertos por disparos y junto a esos había otra nota con la inscripción: “Fuego y bala a los sapos”. 

“Aquí está en riesgo mi vida, la de mi madre, mis hijos, nietos. Obviamente que quiero salir de acá. Yo lo tengo claro, si me preguntan si temo que me pase lo mismo que le pasó al agricultor, pues absolutamente”, subraya en alusión al caso de Orwal Casanova, asesinado el 7 de enero en Victoria. Y compara: “Cronológicamente todo ocurre de la misma forma: las amenazas, los disparos y al final lo terminan asesinando. Ni siquiera hablemos de la situación mental en la cual estamos, en los estados de depresión y todo lo que significa ser víctima de violencia y violencia de este tipo”.

La diferencia que marca es que él no anda con casco, chaleco antibalas o dos armas, como se protegía Casanova al momento del ataque que acabó con su vida. Confía en que como ciudadano no le corresponde tomar la justicia por su mano, por lo que hace un llamado de atención al Estado. “Yo todavía creo en las instituciones. Uno no puede tomar la justicia en sus manos. Por eso acepté que me tengan aquí, bastante olvidado. Uno no vive del aire. Tengo hijos por los cuales responder -los más pequeños tienen 14 y 17 años-. En otro país me habrían indemnizado para poder comenzar de nuevo en otro lugar”. 

Hace hincapié en que su principal interés es que lo reciba el Ministro del Interior. “Hay muchos casos y siguen sumando, es lo preocupante. Es muy probable que estos tipos me terminen haciendo daño. Espero que no me quiten la vida, pero me pueden herir de gravedad, eso el Estado lo sabe. Están los partes policiales, las amenazas, los panfletos, pero no pasa nada y por eso exijo una reunión con el Ministro del Interior”.

Agrega: “Yo lo que quiero es volver a mi vida normal, que el Estado me indemnice y yo poderme ir a otro lugar a trabajar y a volver a juntar a mis hijas y a mis nietos como debe ser, como familia, porque siempre hemos sido una familia unida y eso es lo que espero”. 

Más allá del Hotel Curef

La Provincia de Arauco, al igual que La Araucanía, es un área delicada en lo que a violencia rural se refiere. Muchos recuerdan que fue allí en donde nació la radical Coordinadora Arauco-Malleco. También dicen que es en esa zona en donde se mueve su principal dirigente, Héctor Llaitul y su aliado conocido como El Paisa, específicamente a través de los senderos en la Cordillera de Nahuelbuta. Los habitantes de esos sectores han identificado que en esa franja que va de mar a cordillera, donde están los territorios que reclaman, sucede la mayor cantidad de atentados violentos y es donde ocurrieron las 10 muertes asociadas con la violencia rural en 2020. Una franja que además permitiría el desarrollo de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, de armas y el robo de madera, para financiar las actividades subversivas. 

Apuntan la existencia de extranjeros colaborando. Dicen que por esa montaña se mueven un grupo de franceses con tendencias anarquistas y mencionan, además, a colombianos y cubanos. 

En este escenario, Fuentealba prefiere no etiquetar a los que han ido contra él. Lo que sí reconoce es que en la zona existen diversos grupos operando, y adjudicándose atentados. “Está el caso de Moisés Orellana de 21 años. Lo mataron y no hay ningún detenido. Hay miles de querellas, pero la impunidad es tan grande que esta gente se siente intocable. Si hay un proceso judicial y quedan en libertad es peor porque se empoderan, y lo más preocupante es el alto poder de fuego que poseen”. 

Hay cientos de familias que fueron desplazadas de sus hogares en esa zona, primero en el lago Lleu Lleu, donde está Puerto Choque. Luego, el control territorial de estos grupos avanzó hasta el lago Lanalhue, sobre todo afectando a las familias del borde sur y hace dos años empezó el asedio en el eje Quidico-Tirúa (donde está la propiedad de Fuentealba), una caleta pesquera históricamente dedicada al turismo, en donde ya es imposible desarrollar ninguna actividad de este tipo. 

La situación se tornó de tal gravedad que 25 personas que residían en la ribera del Lago Lanalhue presentaron ante la Corte de Apelaciones de Concepción una acción de protección por haber sido desplazados. Las mismas personas se querellaron en el Juzgado de Garantía de Cañete, esta vez contra quienes resulten responsables, por varios delitos, entre los que se incluye el de “lesa humanidad de traslado forzoso”. Este tipo de acciones continúan y el hotelero se va a sumar a una de ellas.

“No queda otra herramienta que las demandas nacionales e internacionales porque ya no podemos seguir aceptando las mismas declaraciones de siempre, que presentan querellas y no hay ningún detenido; y los tipos siguen quemando, baleando, asesinando y no le ponen coto a esta situación… En democracia son los gobiernos, el Estado, el responsable de mantener la seguridad y el Estado de Derecho y no tener nosotros que llegar al punto de comenzar a armarnos para poder defender nuestra vida y nuestros bienes, que nos han costado años de trabajo”, asevera el empresario.

Desde que Fuentealba se fue, la puerta principal del Hotel Curef fue “reventada”. Nadie quiere vigilarlo, porque la gente sabe que han disparado a la estructura. “La violencia nos desarraigó”, se lamenta. Las instalaciones permanecen equipadas, pero insiste en que es imposible volver a operar porque podrían matarlo a él o a un turista. “Soy un padre de familia, soy el responsable de mi mamá. Pero estas situaciones me dan más fuerza”. Hace la salvedad que se trata de pequeños grupos, y que las propias comunidades mapuche que hacen vida en la zona también son amedrentados por estos sujetos. 

Reclama un rol más activo del Poder Judicial, pues subraya que pese a las denuncias que ha realizado nunca ha sido contactado con un fiscal e increpa al Poder Legislativo para que mejore las leyes que otorgan más herramientas a las policías, “de lo contrario vamos a seguir en esta situación, cuando hay detenidos se demoran más en llegar a los cuarteles que el tiempo que permanecen detenidos. Esto atenta contra la calidad de vida de mucha gente honrada y de trabajo”.  

  1. Veronica Munita Bennett dice:

    ¿Qué responden las autoridades ante esto? Cada vez conocemos más casos tan dramáticos como este y vemos que el Estado de Derecho no rige en la zona.

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