En palabras del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto al fallo del máximo tribunal sobre las isapres generan un momento de “enorme incertidumbre”.
Vivanco afirmó en una entrevista con La Tercera que los excedentes que tendrán que devolver las isapres, a propósito de la sentencia de noviembre de 2022, deben ser solo a quienes demandaron, descartando el carácter universal del fallo.
Los dichos fueron replicados directamente por el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, quien aseguró que se trata de un tema cuya competencia recae en la Tercera Sala e indicó que las declaraciones de la ministra Vivanco eran de carácter personal.
En Mirada Líbero, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó la controversia; y manifestó que mientras la Tercera Sala de la Corte Suprema no aclare los alcances de su fallo, “estamos en una situación bien incierta”.
Mañalich aseguró que, tras los dichos de Vivanco, revisó nuevamente la decisión de la Corte Suprema respecto de las isapres, y señaló que “no es claro” su alcance. Es decir, si la medida abarca solo a quienes hayan reclamado la aplicación de la tabla de factores, o es universal para todos los usuarios del sistema. “Acepta las dos interpretaciones, por eso se hace imprescindible una aclaración, que ojalá hubiera sido pedida antes, porque ya han pasado seis meses”, dijo el ex ministro.
Mañalich: “El señor superintendente ha insistido en que él toma sus decisiones en forma completamente autónoma”
Debido a la controversia que se ha generado a partir de la entrevista a Vivanco, hay voces que han pedido la renuncia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Mientras que otros han cuestionado el accionar de la Superintendencia de Salud, a cargo de Víctor Torres, y del ministro de Justicia, Luis Cordero, aludiendo que existe una responsabilidad política, al no haber solicitado antes una aclaración.
Para Mañalich, la ministra Aguilera no tiene responsabilidad política. En cambio, manifiesta que “como lo ha afirmado el mismo superintendente, el doctor Víctor Torres, la superintendencia es autónoma. Depende directamente del Presidente de la República, que usando una de sus balas de plata, nombró al superintendente, no a través del mecanismo de Alta Dirección Pública, sino como un cargo de exclusiva confianza, a dedo”.
En consecuencia, opinó: “Yo creo que efectivamente la gran responsabilidad política del momento que estamos viviendo recae en la Superintendencia y será cosa de los parlamentarios, de los diputados en particular, hacer ver qué hacer”.
Mañalich agregó que “el señor superintendente ha insistido en que él toma sus decisiones en forma completamente autónoma”. Y recordó que “cuando el ministro Elizalde dijo ‘no vamos a presentar un requerimiento de extensión del plazo’, los seis meses famosos adicionales. Sin embargo, la misma tarde el superintendente presentó ese recurso, digamos, en abierta contradicción con el ministro Elizalde. De manera tal, hay que entender que la superintendencia tiene autonomía reglamentaria, legislativa, en esta materia y las cosas que ocurran, los montos que se calculen, los plazos, son, en primer lugar, de exclusiva responsabilidad de la superintendencia”.
“Lo lógico sería que el Senado rechazara la idea de legislar esta ley corta tal como está ahora”
Para poder cumplir con el fallo de la Suprema, existe un proyecto de reforma constitucional presentado por senadores de Demócratas y Chile Vamos; así como la llamada «ley corta de isapres» presentada por el Gobierno.
En este sentido, Mañalich planteó que el pasado lunes la Corte Suprema no se refirió a la propuesta presentada por los senadores “por lo tanto ese proyecto evidentemente puede seguir su tramitación; aunque yo creo que su pronóstico legislativo es pobre dada la tensión que existe entre los dos extremos políticos. Entre los mundos de la derecha y la izquierda dentro del parlamento. Es muy difícil lograr un quórum calificado”.
Por otro lado, señaló que el proyecto presentado por el Gobierno, si al darse la aclaratoria fuera como lo planteó la ministra Vivanco, ya no tiene sentido. “La ley corta pierde todo sentido, y me parece que lo lógico sería que el Senado rechazara la idea de legislar esta ley corta tal como está ahora. Si uno entiende el fallo como lo anuncia la ministra Vivanco, la ley corta en lo único que mantiene sentido es en la propuesta de darle a Fonasa la posibilidad de contratar o licitar un seguro complementario de salud”, sostuvo.
Riesgo de “hiperjudicialización”
Mañalich también aludió al cálculo de la devolución que deberían hacer las isapres que, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, se eleva a US$ 1.400 millones. Una cifra que para el ex ministro se trata de un “cálculo equivocado”.
Detalló que “hay certezas respecto de quienes reclamaron por la tabla de factores, que son un poquito más de 100 mil personas y, según la interpretación hecha por la ministra Vivanco, esas 100 mil personas son a las que automáticamente debería la Superintendencia definir de qué forma y exactamente qué cifra se le adeudaría”. Aunque indicó que se estaría hablando de unos US$ 140 millones.
Subrayó que la diferencia sería “abismante” en caso de que se consideraran los 700 mil contratos que existen en el sistema de isapres.
La ex autoridad de Salud advirtió que, con este nuevo criterio, aumentan las posibilidades de que haya una “hiperjudicialización” en esta materia.
“Creo que aquí hay un asunto más político-comunicacional que jurídico, porque cualquiera sea la interpretación, si se dice que efectivamente esto es universal, ya hay demasiado agua que ha corrido bajo el puente y se van a producir reclamos apelando a ese fallo alegando que es ilegal. Por otra parte, si dijera la Corte Suprema que el fallo es válido para las personas que reclamaron, lo que va a ocurrir, creo yo, es que los 600 mil contratos que no fueran beneficiados por este ajuste retroactivo, podrían mañana empezar a reclamar que se les otorgue, y de seguro las Cortes de Apelaciones fallarían en favor de estos reclamos”.