Luego de que el gobierno presentara la semana pasada su proyecto de ley corta de isapres, destinado a definir la forma en que estas deberán aplicar el fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores, la Comisión de Constitución del Senado aprobó un proyecto de reforma constitucional, presentado por senadores de Demócratas y Chile Vamos, que se convierte en una propuesta alternativa para regular las bases que determinan las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios. Con esto, la iniciativa quedó en condiciones de ser revisada por la Sala del Cámara Alta.
El proyecto de reforma constitucional fue presentado en diciembre por los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker; junto a sus pares de Chile Vamos, Rodrigo Galilea (RN), Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI).
En Mirada Líbero, la senadora Demócratas, Ximena Rincón, asegura que no se trata de una iniciativa en reacción a lo propuesto por el Ejecutivo, puesto que “lo presentamos en diciembre, frente al fallo de la Corte Suprema. Se empezó a discutir en enero y hoy (ayer) se votó en general la idea de legislar y se aprobó. Tenemos que ir ahora a la discusión en particular, pero esto viene de antes que el gobierno presentara un proyecto de ley que empezó discutirse recién la semana pasada”.
Los “siete pilares” del proyecto de Demócratas y Chile Vamos
Sobre la moción, Rincón explica que “es un proyecto de reforma constitucional que tiene siete pilares que buscan cumplir con el fallo de la Corte Suprema, dar solución al riesgo eventual que podría existir si no se legisla adecuadamente, y eso trae consecuencias para los usuarios del sistema público y privado que pueden verse afectados en su acceso a la salud, lo que no es algo que podemos dejar pasar porque tenemos que ver que todos en nuestro país tengan acceso a la salud”.
En primer lugar, la propuesta de los legisladores establece la obligatoriedad de la tabla de factores de la Superintendencia de Salud, y que no puede aplicarse a los menores de dos años. En un segundo punto, el proyecto plantea que la tabla de la Superintendencia se usará cuando el cotizante ingrese a la isapre pero no para reajustar en el tiempo, salvo que sea beneficioso para el cotizante. Adicional a esto, se establece un recálculo de los planes anteriores al año 2020 y reajustarlo a la fecha de la sentencia que quedó firme de la Corte Suprema, no pudiendo el nuevo precio ser superior al precio vigente a dicha fecha.
Luego, la moción establece un procedimiento de devolución de excedentes, elaborado por la Superintendencia, si se generara el recálculo de planes, que tiene que ser gradual, transparente y claro. Asimismo, se señala que la Superintendencia de Salud debe aplicar la reforma con indicadores de cumplimiento de plazos prudentes para las isapres, no puede quedar entregado a su criterio, y además debe fiscalizar el cumplimiento de la reforma.
Finalmente, el proyecto plantea que el gobierno tiene el plazo de 1 año para enviar un proyecto de reforma al sistema de isapres que permita dar certezas. “Esto es super importante porque, tal como están las cosas en el proyecto de ley del gobierno, la verdad es que el Ejecutivo lo que hace es generar más incertidumbre y no menos. El gobierno dice que las isapres deben devolver lo cobrado en exceso, el tema es que si las isapres entran en una situación de riesgo no van a tener cómo devolver”, apunta Rincón.
Rincón: “En ninguna parte del proyecto se consigna que no se va a cumplir el fallo de la Suprema”
La reforma constitucional que propone este grupo de senadores ha recibido críticas desde el gobierno. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, intervino para señalar que el proyecto “mantendría una condición que la Corte Suprema ha considerado que es injusta”. Mientras la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, opinó que “es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva lamentablemente a lo que establece otro poder del Estado”.
Además, llegaron críticas de otros parlamentarios, como el senador DC, Francisco Huenchumilla, quien la definió como un “atajo” para las isapres.
Frente a esto, Rincón plantea que “en ninguna parte del proyecto se consigna o se puede colegir que no se va a cumplir el fallo de la Suprema. Aquí tenemos un hecho claro y notorio, el año 2010 se recurrió al Tribunal Constitucional por la famosa tabla de factores, el TC sacó una sentencia que ha estado ahí, es conocida por todos, que hizo que la Superintendencia dictara una circular del año 2019 y establece una única tabla de factores. Y la Superintendencia dice que esa tabla es la que rige para adelante respecto de todos los nuevos contratos, por lo tanto, dejó vigente para los anteriores las tablas de factores que existían. Por lo tanto, no hay incumplimiento del fallo, hay solo responsabilidades distribuidas, entre el Ejecutivo, que tiene que mandar un proyecto de ley, la Superintendencia que tiene que aplicar y que ningún recálculo pueda afectar a las personas”.
“El Ejecutivo aprovecha una coyuntura para terminar con el asegurador privado”
Además, Rincón asegura que “el gobierno sabía y conocía esta reforma”, y apuntó a que el problema viene desde el 2010, puesto que “hay más de un proyecto de ley que abordaba esta situación y no se avanzó, y tienen responsabilidad los gobiernos hacia atrás, los reguladores hacia atrás. Nuestra responsabilidad es resolver problemas y no crearlos, es dar soluciones, remedios que curen al enfermo, y no que el remedio sea peor que la enfermedad”.
La senadora enfatiza en que el gobierno debe “hacer correcciones a su propuesta. La propuesta está creando más problemas que soluciones. Lo que hoy hace el Ejecutivo es aprovechar una coyuntura para terminar con el asegurador privado, con las consecuencias que tiene para quienes están en el sector público y los que tengan que irse a ese seguro. Tenemos demasiados ejemplos que nos recuerdan que cuando tomamos malas decisiones afectamos a las personas, cuando vemos a mamás y papás que hacen colas afuera de los colegios para poder calificar con sus hijos, se nos vienen a la memoria malas decisiones”.