El viernes 10 de febrero, en un punto de prensa en la comuna de Quillón, en Ñuble, el Presidente Gabriel Boric lanzó la idea.
Mientras hablaba sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, se escucharon gritos del público que hacían alusión a las supuestas responsabilidades que tenían las empresas forestales en la catástrofe. Fue ahí cuando el Mandatario sostuvo que “tenemos que tener una discusión de más largo plazo con respecto a la industria forestal, una regulación distinta (…). Una regulación que permita establecer todas las prevenciones”.
La frase molestó a los gremios empresariales, porque de una u otra forma se podía interpretar que se estaba culpando a las forestales por los incendios que a la fecha han consumido más de 434 mil hectáreas.
“Es improcedentes y totalmente fuera de contexto” dijeron desde la Sofofa a las pocas horas del discurso de Boric. El lunes fue el turno de la CPC que, en voz de su presidente, Ricardo Mewes, sostuvo que “nos parece que no es el momento ni la forma” de plantear esta discusión.
El anhelo personal de Boric: cambio de regulación estaba en el programa de gobierno y prometió hacerle un ‘párele’ a las forestales
Algunos han visto en este anuncio hecho por el Mandatario el deseo de La Moneda de utilizar la trágica contingencia para levantar un tema que estaba durmiendo en el programa de gobierno y que es un anhelo personal de Boric.
Y es que en su página 83, bajo el título “Política rural integrada al nuevo modelo de desarrollo”, el texto propone:
“Derogaremos el DL 701 para sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal y generar normas de protección ambiental para plantaciones forestales, considerando regular el tamaño de cosecha y protección de la biodiversidad, con incentivos diferenciados para privilegiar la forestación y reforestación con especies nativas, y del mismo modo, elaborar instrumentos que protejan y valoren los servicios ambientales y productos forestales no madereros (PFNM) que entregan los ecosistemas naturales. También propondremos modificaciones a ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”.
En la página 184 del programa de gobierno, Boric repetía, ahora bajo el acápite “Pueblos originarios y tribal afrodescendiente”, que iba a “Derogar el DL 701 y sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal con especies nativas, orientado a la restauración de los ecosistemas, a la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos, y en particular al bienestar de las comunidades indígenas y rurales”.
En junio, por ejemplo, en su visita a Canadá, el Presidente arremetió contra las forestales al hacer referencia al conflicto que existe con los pueblo indígenas que reclaman sus tierras: “Todas las actorías tienen que jugar un rol: Estado, privados, las forestales, que son parte del problema, y por cierto; las comunidades que creen en la vía pacífica” (ver nota aquí).
Asimismo, en julio de 2021, en plena campaña presidencial, Boric sostuvo que “las forestales en el Wallmapu tienen cerca de un millón de hectáreas. Me ha tocado ver comunidades mapuches que no tienen agua porque se les han secado los canales debido a las plantaciones de pino y eucaliptus. Eso en nuestro gobierno va a tener un ‘párele’ y haremos una reconstitución del territorio de los pueblos originarios”.
Las bajadas de Secom y el blindaje de los ministros al Presidente
Fuentes del oficialismo señalan a El Líbero que hubo un diseño comunicacional para que las autoridades se cuadraran con el discurso del Presidente, tanto así que desde la Secom se trabajaron bajadas específicas para algunos ministros y subsecretarios, quienes han ido soltando, a cuentagotas, los planes que tiene el gobierno para la industria.
El primero en responder a la molestia de los gremios manifestada el fin de semana fue el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, el lunes 13: “El Presidente de la República no ha emitido ningún juicio, ha abierto un espacio (…). Es una conversación abierta para permitir una mejor prevención en los incendios, es una conversación que ha planteado una vez que termine la emergencia”.
Ese mismo día, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que cuando termine la emergencia de los incendios “vamos a tener que trabajar en un nuevo pacto que tiene que ver con el lineamiento de lo que vamos a hacer como Estado de ahora en adelante para el combate a los incendios, donde van a haber distintos elementos a considerar, entre ellos, por cierto, la regulación de las empresas forestales”. “Vamos a llamar a todas y todos los empresarios, las actorías locales, sociales y políticas a tener una conversación sobre esta materia”, agregó.
En tanto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, tocó la misma tecla ese día, al plantear que se debe alcanzar un “nuevo trato de agroforestería sustentable” al momento de reconstruir las zonas afectadas por los incendios.
El martes 14 fue el turno de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien agregó que “hay que planificar de otra manera la actividad forestal en el territorio. Hay que ordenarlo mejor. Eso no quiere decir que no pueda haber actividad forestal, pero tiene que estar mejor ordenada para que no genere tanta vulnerabilidad, tantos riesgos y eso es posible y hay experiencia de muchos países que lo muestra”.
El round Monsalve vs. Sutil
Pero las intervenciones de las autoridades han terminado agudizando el conflicto. Uno de los que ha tenido un desempeño bajo en esta pasada ha sido el subsecretario Monsalve, que cada vez que ha debido enfrentar el tema le ha echado más bencina al fuego.
El martes, por ejemplo, cuando el fiscal nacional aseguró que la industria forestal “es víctima” de los incendios forestales y hay que tratarlos como tal, Monsalve discrepó: “más que la industria forestal, la víctima es el país”.
Ayer, en tanto, dio un giro extraño. Respecto de la autoría de los incendios sostuvo que “¿A quién le corresponde investigar? Al Ministerio Público. No al Gobierno, no a Corma, no, al Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene que determinar el origen y la responsabilidad de los incendios».
“Hay muchos que parece que creen que pueden reemplazar la labor del Ministerio Público y muchos seguramente creen que pueden hacerlo mejor que el fiscal nacional o mejor que quien gobierna (…). Eso incluye un dejo de arrogancia que me parece que en una emergencia no corresponde. Finalmente, esta emergencia la están manejando las instituciones», agregó.
También ayer tuvo un fuerte encontrón con el ex presidente de la CPC, Juan Sutil, quien criticó la idea del royalty -propuesta planteada por el ministro Valenzuela- y la gestión del gobierno en los incendios. “Yo los hago responsables de la propagación en exceso, por falta de reacción oportuna, y eso no se tapa con una polémica como el royalty a las forestales”, dijo.
“Parecen más opiniones políticas que opiniones serias, que son las que el país requiere en el marco de una emergencia”, respondió Monsalve.
Diversas fuentes señalan que las críticas de Sutil las sintieron fuerte en La Moneda, como una suerte de “fuego amigo”, pues en estos meses el ex líder de la CPC ha prestado colaboración al gobierno de Boric en diversos ámbitos.
Por ejemplo, fue uno de los negociadores clave para que se pusiera fin al paro de camioneros de noviembre que generó una fuerte crisis en La Moneda, y ha sido uno de los facilitadores de acuerdos entre el Ejecutivo y el sector empresarial para que distintas reformas emblemáticas del gobierno puedan tener piso, como la reforma tributaria o la de las 40 horas.
La demoledora crítica a Interior de la alcaldesa de Santa Juana
Otra que lanzó críticas al gobierno ayer fue la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, quien militó en el partido del Presidente Boric y fue su vocera regional en la campaña presidencial. Otro “fuego amigo”.
“No nos podemos quedar callados cuando pudimos quemarnos vivos”, dijo a La Tercera, advirtiendo que “no puedo dejar de insistir y decir que Interior no decretó estado de catástrofe cuando tenía que hacerlo. Los habitantes merecen una explicación”.
“Ya cuando ocurrió el primer incendio -en diciembre- hicimos las advertencias, pedimos el estado de catástrofe. Vino el subsecretario del Interior, pero él decía que tenía que preguntarle a la ministra. Ahora lo único que queremos es que nos escuchen, porque podemos estar un día reconstruyendo y a la semana siguiente pueden quemarse de nuevo las casas”, agregó.
“La crítica es a Interior, porque el resto del gobierno lo ha hecho bien. ¿No nos quieren ayudar porque los criticamos? La ministra del Interior fue ayer a Nacimiento y no vino a Santa Juana, ¿y por qué no vino? La gente nos dice ‘no vino porque sabe que estamos molestos con ella’”, sostuvo.
La pasada de rosca del ministro Valenzuela y el portazo a su idea del royalty
No sólo Monsalve ha tenido una mala performance durante la semana para afrontar este tema. El que ha tenido peor desempeño comunicacional ha sido el ministro Esteban Valenzuela. Fuentes del gobierno señalan que “se pasó de rosca” en estos días, al proponer el viernes un royalty especial para las empresas forestales.
El martes, en tanto, ante las críticas que se levantaron por su idea -la que viene impulsando desde que en 2014 presidió la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional-, sostuvo que él respeta la opinión del sector empresarial “pero no pueden en medio de una emergencia acallar el clamor de los territorios, que es insoslayable”.
La idea de Valenzuela generó cuestionamientos no sólo políticos, sino que técnicos.
El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo en Twitter que el “royalty forestal, es un eslogan sin mucho sentido conceptual. Royalty: Pago al Estado por extraer recursos no renovables bajo su dominio (minería, petróleo, etc.). Industria forestal: renovable por definición y propiedad es privada. En debate es clave que conceptos no pierdan su significado”.
Otro que disparó contra Valenzuela fue su ex correligionario en el PPD y Chile Primero, Jorge Schaulsohn: “Hay que estar muy desinformado para proponer un royalty a las forestales. Los árboles no son propiedad del Estado; el royalty se aplica en la minería cuando hay concesiones”.
El ruido generado provocó que el gobierno saliera ayer a descartar la idea, quitándole el piso a Valenzuela.
La ministra Tohá dijo que «el gobierno tiene una agenda tributaria que está desplegada en el Parlamento, que es clara y que está expresada en proyectos de ley» y que «no está contemplado un royalty a la industria forestal», ya que esta «no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado».