Para el 27 de julio está programado el juicio de extradición de Facundo Jones Huala, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que se encuentra prófugo de la justicia chilena desde febrero de 2022; actualmente detenido en el Penal Federal de Esquel, en Argentina. Para quienes conocen los manejos de los procesos de extradición entre ambos países, éste debería ser un juicio más entre los múltiples que ocurren cada año. Sin embargo, Jones Huala se ha proclamado como un “preso político” y ese podría ser un factor que retrase su regreso a Chile.
La audiencia la dirigirá el Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez Gustavo Villanueva, y se realizará en las instalaciones del Escuadrón 36 de Esquel, un cuartel de la Gendarmería Nacional.
Originalmente, el juicio iba a ser realizado el 3 de julio; pero el tribunal lo postergó para este jueves. En su resolución el juez aludió a que la audiencia se llevará a cabo en la sede de Gendarmería “para que garantice la seguridad del perímetro externo y durante el desarrollo de la audiencia”.
Y es que esta no es la primera vez que Jones Huala enfrenta un juicio de extradición; en 2018 fue la primera vez que se determinó que debía ser enviado a Chile para ser juzgado por un atentado incendiario cometido en 2013. En aquella ocasión hubo 14 detenidos por los disturbios registrados a las afueras del tribunal de Bariloche. Entonces, los responsables arrojaron piedras al edificio federal y debieron ser repelidos con gases lacrimógenos por los agentes de seguridad del Estado.
Abogados expertos en materia de extradición explican a El Líbero que un juicio de estas características normalmente se resuelve en horas; sin embargo este podría prolongarse durante dos jornadas debido a la “defensa activa” de los abogados de Jones Huala.
Qué viene en el proceso de extradición de Jones Huala
Jones Huala fue hallado en la madrugada del 30 de enero en la localidad de El Bolsón. Se encontraba en estado de ebriedad y vestido de mujer.
En marzo, Chile formalizó el pedido de extradición tras una decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Luego de esto hubo una audiencia, en la que el 3 de marzo Jones Huala rechazó ser extraditado, al asegurar ser “un preso político”; una circunstancia que haría improcedente la extradición.
Al haber rechazado ser enviado a Chile, es que se avanza en el juicio de extradición, que quedó a cargo del Juzgado Federal de Bariloche, que resolverá si la extradición es o no procedente; y esa sentencia puede ser apelada ante la Corte Suprema Argentina.
Para los abogados consultados por El Líbero, no hay duda de que será la Corte Suprema argentina la que finalmente tome la decisión del futuro de Jones Huala; quien ya fue condenado a nueve años de cárcel por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué (Región de Los Ríos) ocurrido el 9 de enero de 2013, y por posesión ilegal de armas de fabricación casera.
Una vez que se dio a la fuga, al dirigente le quedaba el saldo de pena por cumplir de 1 año, 4 meses y 17 días de cárcel efectiva.
La Gremial: los abogados ex Montoneros que defienden a Jones Huala
La defensa de Jones Huala corre por cuenta de La Gremial de Abogados, los mismos que defienden a las integrantes del lof Lafken Winkul Mapu, comunidad que fue desalojada de Villa Mascardi, una población en la Patagonia argentina, en octubre de 2022, integrada por aliados de Jones Huala.
Pero la agrupación no solo defiende a comunidades mapuche que han realizado usurpaciones; también han brindado su respaldo a Abimael Guzmán, terrorista, fundador y líder del movimiento guerrillero Sendero Luminoso en Perú; a quien también consideraban un “prisionero político”; y han defendido a quienes consideran “prisioneros políticos anarquistas”.
Antes de asumir formalmente como abogados de Jones Huala, el grupo presentó “aportes para el recurso de apelación contra la extradición del lonko”, donde argumentaban que “el proceso tramitado en el vecino país” implica “la persecución étnica, racial y política” de Francisco Facundo Jones Huala.
El 30 de marzo anunciaron en su página de Facebook que asumirían formalmente su defensa “a pedido del propio Facundo”. En ese comunicado explican que “las líneas principales de la defensa de la Gremial” serán la “persecución y el consiguiente trato discriminatorio que sufrió, tanto en el juicio en que se lo condenó como en las condiciones en que cumplió la condena y, particularmente, en la decisión final de la Corte Suprema chilena de negarle la libertad condicional”.
Entre las gestiones que ya realizaron, La Gremial interpuso recusación contra el Juez Villanueva –quien vio también el primer caso de extradición de Jones Huala–, un pedido que no prosperó.
Según los principios de esta organización, “los métodos y los medios de lucha de cada organización o de cada pueblo no es algo que pueda impedirnos la solidaridad de la defensa jurídica”. Y agregan en su comunicado: “Nos golpean por el pasado de militantes montoneros de apenas tres de todos los colegas de la Gremial. Pasado que jamás se negó y siempre se reivindicó con orgullo”.
Soares: “orgulloso” de haber sido Montonero
Precisamente, uno de ellos es Eduardo Soares, quien está a cargo de la defensa de Jones Huala, al igual que Gustavo Franquet.
Los Montoneros son una organización guerrillera peronista, surgida en la década de los 70 en Argentina. De acuerdo con Infobae, Soares ingresó a la guerrilla en 1972 y Franquet también es un ex Montonero e integrante de la ex organización piquetera Quebracho. Según este mismo medio, cuando los abogados solicitaron la recusación del juez, señalaron que “si Facundo fuera extraditado a Chille es probable y lo vamos a probar con testigos y documentación que va a ser torturado”.
En otro artículo de Infobae, explican que Soares “formó parte de la segunda camada de Montoneros”, y para ese momento –octubre de 2021– era el presidente de La Gremial, que describen como “la asociación de letrados que defiende a imputados en expedientes por hechos que suelen tener impacto mediático por el tipo de incidentes que se investigan”; y que comenzó a funcionar a fines de los años 60.
El medio informó que tras la muerte de Abimael Guzmán, Soares viajó a Perú para asesorar a Sebastián Chávez, el abogado de la viuda del guerrillero, Elena Iparraguirre (“número dos” de Sendero Luminoso condenada a cadena perpetua), quien pedía que le fuesen entregadas las cenizas de Guzmán. Finalmente los restos del guerrillero fueron incinerados y esparcidos en un lugar “de naturaleza reservada”.
Ya como defensor de Jones Huala, Soares, entrevistado por Radio Capital en Argentina, en marzo de este año, declaró: “Estuve muchos años preso de la dictadura. Me siento orgulloso de mis compañeros caídos, y haría exactamente lo mismo porque es una obligación; no solamente política sino moral y además la propia Constitución nos obliga cuando hay una dictadura militar a armarnos en defensa de la Constitución y en defensa de la patria”.
El caso de Galvarino Apablaza
Existe el antecedente del pedido de extradición hecho por Chile con respecto al líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza, quien vive en Argentina en calidad de refugiado.
Chile solicitó su extradición desde el año 2004 por estar procesado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, cuando Apablaza estaba al mando del FPMR. No obstante, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, actual Vicepresidenta; se le dio refugio en 2010; y de esta manera evitó que se ejecutara la decisión de la Corte Suprema argentina, que el 14 de septiembre de ese año, ya había autorizado la extradición.
Desde la Fundación Jaime Guzmán y la UDI, demandaron al Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este hecho. Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, dice a El Líbero que “ambos casos guardan similitudes”.
“En el de Apablaza se le otorga refugio después que la Corte Suprema de Argentina ya había concedido la extradición a Chile. Por lo tanto, diría que es muy probable que ahora actúen de manera similar. Hay que recordar que la izquierda tiene una amplia red de protección que brinda apoyo internacional a quienes se encuentran en estas circunstancias y suelen ser los mismos abogados quienes los representan”, subraya Jaraquemada.
El abogado indica que el reclamo ante la Comisión Interamericana de DD.HH. no tuvo eficacia, “pues sólo ordenó al Estado argentino encontrar una solución conjunta con Chile y en las reuniones que hubo el gobierno de Macri se excusó permanentemente en que la Comisión que le otorgó refugio es independiente del gobierno. Cuestión bastante discutible porque está compuesta por una mayoría de funcionarios públicos. El caso es que el gobierno de Macri se acabó sin que hubiera ningún progreso. Y esto es lo mismo que probablemente ocurra ahora si es que la Corte Suprema otorga la extradición de Jones”, anticipa.
Vecino de Villa Mascardi: “Jones Huala está totalmente devaluado en la Argentina”
Desde Argentina, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, quien sufrió el incendio de su propiedad en 2020, en el contexto de la toma hecha por la comunidad Lafken Winkul Mapu, y quien ya había denunciado que el líder de la RAM se encontraba en la patagonia argentina, señala que “la postura nuestra es que tiene que cumplir el total de la condena en Chile, como corresponde. Debe ser extraditado y cumplir la condena allí en Temuco, en el penal donde estaba detenido”.
Sobre la situación actual de Jones Huala, indica que “los únicos que están poniendo trabas, que retrasan más, son los abogados, que se llaman La Gremial de Abogados, quienes ponen todo tipo de trabas, diciendo que tiene problemas médicos y demás, pero hoy día el señor Jones Huala está totalmente devaluado en la Argentina, ya ha sido suplantado, por decirlo así, por otras figuras. No es más el que dirige la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que sería el equivalente a la CAM chilena. Su figura está totalmente devaluada, no tiene seguidores”.
Frutos recuerda que en el juicio de extradición anterior en Argentina, “era continuamente visitado por organismos de derechos humanos, tenía sus adeptos que lo vitoreaban y estaban haciendo manifestaciones alrededor de la prisión en la localidad de Esquel, eso hoy día no existe, está totalmente solo. Sólo recibe la visita de su madre y algún familiar directo, pero digamos que hoy no es un representante importante de lo que es el mapuche violento aquí en la Argentina”.
En cuanto a que se frene la extradición por razones políticas, Frutos indica que el “gobierno ya está en retirada” y reitera que Jones Huala ha perdido liderazgo en manos de otros: “Uno se llama Orlando Carriqueo y el otro es de apellido Millán”.
Por lo pronto, en Villa Mascardi las cosas están tranquilas, desde el desalojo que hubo el 4 de octubre del año pasado y ahora cuentan con una guardia permanente, llamada Comando Unificado de Fuerzas Federales, que incluyen la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la misma Policía Federal, que es la que dirige todo el operativo.
Fuentes judiciales desde Chile señalan que “no sería correcto” frenar la extradición de Jones Huala por razones políticas, en vista de que no hay antecedentes que indiquen que él ha sido perseguido, siendo que además fue juzgado por delitos comunes en un tribunal ordinario, en el cual tuvo la posibilidad de defenderse.
El Ministerio Público de Argentina representa los intereses de Chile
Una vez que Chile formaliza el pedido de extradición; zanjar el proceso queda en manos de la Justicia argentina; esto según el Convenio de Extradición suscrito en Montevideo el 26 de diciembre de 1933. En consecuencia, los intereses de Chile son representados por el Ministerio Público de Argentina.
En la audiencia no se discute la culpabilidad de Jones Huala en los hechos por los que ya fue condenado; sino que más bien se revisan ciertos requisitos que permitan visar la extradición; como por ejemplo que el delito tenga una cierta pena mínima; que haya sido condenado por una mínima cantidad de años; que el hecho no haya prescrito; que haya sido condenado por un delito que sea delito en Chile y en Argentina; que no vaya a ser juzgado en un tribunal militar; o se considere que se busca por un delito político.
Quienes conocen el proceso explican que el hecho de que ya esté condenado es un “argumento de peso” que podría favorecer la decisión de extraditarlo.
Sin embargo, el tiempo que lleva detenido hace que en el proceso también pueda haber otras consideraciones: que haya sido privado de libertad por tanto tiempo en Argentina que la Justicia considere que puede terminar de cumplir la pena en ese país; o si el proceso llega a la Corte Suprema y la decisión se demora hasta cumplir el saldo del año y cuatro meses pendientes, en los cuales igualmente permanece en prisión, que sea enviado a Chile solo para ser liberado; o simplemente que lo liberen si termina de cumplir su pena allá.
“Una vez firme una decisión del Poder Judicial que declare la procedencia de un pedido de extradición, comienza la tercera etapa denominada ‘decisión final’, que se encuentra en cabeza del Poder Ejecutivo que, a su vez, ha delegado esa responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”, explica un documento elaborado por la Procuración Nacional de Argentina.
En consecuencia, si la Justicia considera que no procede extraditarlo, la resolución es definitiva y el Poder Ejecutivo lo informa al país requirente. Por el contrario, si la Justicia autoriza la extradición, el juzgado debe remitir el expediente a la Cancillería para que resuelva de manera definitiva la concesión o no de la extradición, dentro de los diez días hábiles posteriores a su recepción. El Gobierno notifica a Chile de esta decisión y de inmediato Chile se hace cargo del traslado.