Publicado el 27 de mayo, 2020

Abogada argentina de DD.HH. sobre la esposa de Apablaza en la Casa Rosada: “Muestra el estrecho lazo que tienen con el kirchnerismo”

Autor:

Emily Avendaño

Victoria Villarruel, que preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, cuestiona la posición de Argentina «de proteger a Galvarino Apablaza». En sus redes sociales denunció que la pareja del ex frentista, Paula Chahin, fue nombrada directora de prensa presidencial de la Casa Rosada. Además, el hijo mayor de la pareja fue becado por el gobierno de Macri, por lo que apunta que «la profunda cercanía que tiene Chahin con el kirchnerismo ha logrado que se perpetúe». Chile comenzó en 2004 un proceso para extraditar al frentista y el caso llegó además a la CIDH.

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Emily Avendaño

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Hace una semana la abogada Victoria Villarruel, que preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) en Argentina publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le pedía al Presidente de su país, Alberto Fernández, no renovar el estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza de quien se solicita su extradición a Chile desde el año 2004 por estar procesado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, cuando Apablaza lideraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

En su mensaje, la abogada menciona los “vínculos con el poder” que Apablaza y su esposa, Paula Chahin, han construido durante más de 20 años residiendo en ese país. A Paula Chahin, según una resolución aparecida en el Boletín Oficial de Argentina, publicado el 4 de mayo de 2020, se le asignó estar a cargo de la Dirección de Prensa Presidencial dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia. Está en este cargo “transitoriamente” desde el 2 de marzo de 2020 hasta que se cubra el puesto mediante un proceso de selección. 

No es la primera vez que Chahin ocupa un cargo de confianza en el gobierno argentino, pues tuvo una posición similar durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, actual Vicepresidenta; y fue durante el mandato de esta que Galvarino Apablaza, conocido en el FPMR como como «Comandante Salvador», consiguió refugio en 2010; y de esta manera evitó que se ejecutara la decisión de la Corte Suprema argentina, que el 14 de septiembre de ese año, ya había autorizado la extradición, y que por mandato constitucional debía ser aprobada por la entonces presidenta Fernández. 

“Desconocemos cuál es el tipo de relación que tienen entre ellas, pero es claro que a partir del momento en que Cristina Fernández en el año 2010 le otorga el estatus de refugiado político a Apablaza, su esposa estuvo dentro de la Casa Rosada trabajando. Es sumamente estrecho el lazo entre estas personas. Difícilmente, vos quieras tener cerca a quien es esposa de un terrorista al que le estás otorgando refugio político en tu país para enemistarte con una nación hermana como es Chile. Al asumir el poder, el kirchnerismo con ella como Vicepresidente, nuevamente se la vuelva a incluir en la plana de trabajadores con una función directiva. No es un puesto menor”, afirma Villarruel en conversación con El Líbero.

Además, este no sería el único beneficio que habrían recibido del gobierno argentino. El mayor de los hijos de la pareja, Salvador, recibió una beca del Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF) del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), dependiente del Ministerio de Defensa de Argentina en el año de 2018, que cursó entre marzo de 2018 y agosto de 2019. Según un documento del Gobierno  fue clasificado como Agente “Clase III Grupo F Categoría 2” (CITEDEF/MD). De acuerdo con su Linkedin, el joven Apablaza se titulará como Ingeniero Electrónico de la Universidad Tecnológica Nacional en 2021. 

En esto habría una irregularidad. Explica Villarruel que “fue una beca que tuvo una extensión de un año y medio. Por lo que nosotros pudimos averiguar es una beca que se le otorga a personas que se han recibido, es decir, que tienen título universitario. Sin embargo, el hijo de Apablaza se va a recibir recién el año que viene, con lo cual fue beneficiario de una beca que por su razón de estudiante no le hubiera correspondido. Esto depende del Ministerio de Defensa y fue realizado durante el gobierno de Macri, o sea que esta es una relación que, más allá de la profunda cercanía que tiene Paula Chahin con el kirchnerismo, ha logrado que se perpetúe incluso durante el gobierno de Macri”.

La hermana gemela de Salvador, Candela Apablaza Chahin, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en 2020 fue habilitada para rendir un exámen único que acredita su especialización en Infectología. 

La organización que preside Villarruel representa a víctimas que aún hoy no son reconocidos por el Estado argentino “por razones ideológicas”. Indica la activista de DD.HH. que sucede algo similar en Chile con las víctimas del MIR o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que “no son reconocidas por el Estado chileno, no han sido indemnizadas, no están en los materiales públicos, ni en el Museo de la Memoria”. Villarruel se involucró con el caso de Apablaza hace casi una década luego de asesorar también a los familiares de Simón Yévenes, dirigente gremial ligado a la UDI que fue asesinado por un militante del FPMR. En 2012 intentaron una audiencia con Cristina Fernández cuando era Presidenta, pero no obtuvieron respuesta.

Sobre la extradición de Apablaza, la abogada señala que “este es un tema lo suficientemente álgido como para ocasionar un problema diplomático entre nuestras naciones, porque aquí en Argentina se le está negando la extradición alegando que en Chile no hay Estado de Derecho y esa es una ofensa muy grave cuando sabemos que no es verdad. De hecho, si tuviéramos que comparar las situaciones es mucho más estable y está más garantizado el debido proceso en Chile que en la República Argentina(…). El Estado Argentino le está negando a las víctimas esos derechos, está garantizando la impunidad de una persona que debiera responder con todas las garantías, pero que debiera responder por su responsabilidad en los crímenes por los cuales se lo acusa, que incluyen el secuestro de Cristián Edwards y otro tipo de acciones que ocurrieron desde 1988 hasta el año 2001, en que Apablaza dirigió el FPMR”. 

Villarruel reclama una Chile no ha mostrado un gran interés en lograr la extradición. “El Estado argentino tiene una posición que es de proteger a Galvarino Apablaza. Desconozco cuáles son las razones, desconozco cuáles son los fundamentos para un hecho tan reprochable, porque, de nuevo, estamos acusando a una nación hermana de no tener Estado de Derecho… Definitivamente me preocupa mucho la inactividad de Chile en esta cuestión y de las personas que han sido victimizadas por esta organización terrorista, y por otro, me preocupa la acción del Estado argentino de proteger a alguien que simplemente debe responder por sus crímenes”. Subraya que los reclamos en materia de DD.HH. nunca dejan de estar vigentes, y se preocupa de que el mensaje que llega a la sociedad sea “que una persona que comete un robo o que asesina a otro en un delito común, es juzgado. Pero cuando lo hace bajo el paraguas de una organización terrorista, lo protege algún estado amigo. Eso no puedo ser”.

Los tres procesos simultáneos para lograr la extradición de Apablaza

Las señales que el Gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, envió durante este fin de semana a Chile no fueron buenas. Además, de que se dio a conocer el nombramiento de Chahin, Alberto Fernández presentó unas cifras en las que señalaba que la tasa de letalidad causada por el coronavirus en Chile era de 98,4 por cada 100 mil habitantes, cuando en realidad es de 3,5 -el error llevó al gobierno trasandino a pedir disculpas públicas-; y por el caso de los mapas elaborados por el país vecino donde hace una pretensión de terrenos submarinos que podrían darle proyección antártica y que se sobreponen a los intereses chilenos.

“La solicitud de extradición de Galvarino Apablaza sigue muy vigente y no bajaremos los brazos. Tenemos una causa activa en los tribunales argentinos y otro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tenemos miedo a las influencias que puede estar ejerciendo el círculo cercano del señor Apablaza. Claramente tienen buenos contactos en el Gobierno de Alberto Fernández, ya que la designación de la señora Chahin es una señal de mucha confianza”, argumenta el diputado UDI, Issa Kort, quien lidera las gestiones del partido para lograr que se cumpla lo dispuesto por el ministro Mario Carroza, quien dictó una orden de captura internacional contra Galvarino Apablaza, en diciembre de 2017, una vez que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Argentina le revocó su condición de refugiado político. 

El pedido de extradición continúa vigente hasta el día de hoy. El diputado Kort explica que el Estado de Chile demandó al Estado Argentino en un juicio contencioso-administrativo ante los tribunales de ese país, en los que Chile ha ido ganando en todas las instancias. En paralelo, la familia del senador Guzmán, la Fundación Jaime Guzmán y la UDI, demandaron al Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no acceso a la justicia, el caso fue acogido y derivado a la Comisión Interamericana de DD.HH. En esa instancia, Argentina manifestó su voluntad de iniciar un espacio de diálogo con los peticionarios, a los efectos de llegar a una solución amistosa. Están a la espera de ser citados por la Comisión para la audiencia en la que ese país tiene que entregar su propuesta de solución, la cual, dice Kort, debe ser “que ejecuten la extradición”. No obstante, esta manifestación de buena voluntad se hizo antes del arribo de Alberto Fernández a la Presidencia. 

Fuentes que conocen el caso señalan que el argumento que utiliza la defensa de Apablaza no es que en Chile no haya Estado de Derecho, sino que advierten que cuando en la década de 1970 Apablaza estuvo preso fue torturado, tanto que perdió un testículo, por tanto sostienen que psicológicamente «no estaría en condiciones de regresar a enfrentar un juicio, debido a un síndrome postraumático». Como contraparte, desde el Estado de Chile se pone como ejemplo el caso de Mauricio Hernández Norambuena, alias «Comandante Ramiro», quien estando preso en Brasil quería regresar a terminar de cumplir su pena en Chile. 

Hay un tercer proceso distinto, que es la apelación administrativa que hizo Apablaza a la decisión de la Comisión Nacional para los Refugiados de revocar el asilo. “Es una comisión ad hoc, totalmente reservada, secreta, que decide bajo el gobierno de Macri quitarle el carácter de refugiado, pero Apablaza tiene la posibilidad de apelar administrativamente y eso es lo que se está haciendo, y eso puede tardar 1 o 2 años más, son demasiado largos y lentos esos juicios”, afirma Kort. Además, cada uno de estos procesos es distinto e independiente entre sí. 

Apablaza nunca se ha presentado ante tribunales por el caso de Guzmán. Está siendo requerido para someterlo a proceso ante los indicios de que él fue autor intelectual del asesinato del senador y del secuestro de Cristián Edwards.

El caso fue reabierto en septiembre de 2010, luego de una entrevista hecha desde una cárcel brasileña al otro ex dirigente del FPMR, Hernández Norambuena -ya en Chile cumpliendo condena-, en la que apuntaba a Apablaza como autor intelectual del suceso. En adelante, la UDI reclamó casi inmediatamente la extradición. 

Apablaza reside en Argentina desde la década de los noventa (antes de ser atrapado por la justicia de ese país en 2004 vivía con el seudónimo de Héctor Mondaca). Su pareja trabaja en la sede del Ejecutivo argentino desde 2005, como funcionaria de planta. Durante el primer mandato de Cristina Fernández se convirtió en la mano derecha de Alfredo Scoccimarro en la Subsecretaría de Medios de la Presidencia. Scoccimarro es un ex periodista que fue vocero del ministro de Planificación, Julio De Vido -juzgado por corrupción-, y luego asesor de Néstor Kirchner al dejar la Presidencia. Estando Chahin en esa posición, y con el respaldo de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y también del Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, es que Apablaza recibe la condición de refugiado en 2010.

Con respecto al actual nombramiento de Chahin, Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, es crítico: «Es lamentable la señal pues, si bien las responsabilidades no son endosables, la historia reciente nos permite temer que estamos ad portas de un déjà vu, el cual, por sí mismo, indica un retroceso». 

Otro factor de pesimismo, al momento de lograr la extradición de Apablaza tiene que ver con los cambios que la administración de los Fernández está haciendo en el sistema judicial argentino. El diario La Nación reportó que en los últimos días ocurrió una seguidilla de acciones y recursos judiciales de abogados, jueces y funcionarios del oficialismo que, de prosperar, podrían hacer desaparecer los siete procesos por corrupción que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández en tribunales, o que como mínimo podrían mejorar su situación en esos expedientes.

La vida de los Apablaza Chahin en Argentina

Al ser expulsado de Chile en 1974, Apablaza se formó en Cuba en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. En 1979 apoyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua; y dirigió el FPMR entre 1988 y 2001. 

En los noventa la pareja se asentó en Argentina, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Allí tienen una parcela que la propia Chahin admitió en 2004 tiene un valor que ronda los US$ 70.000; aunque según reportes de la época que tomaban como fuente el registro de Impuesto Sobre los Bienes Personales (AFIP) -par trasandino del Servicio de Impuestos Internos-, la propiedad en el mercado inmobiliario podría elevarse hasta los US$ 105.000. El total del patrimonio debidamente inscrito en la provincia de Buenos Aires por Chahin, reportaba La Tercera en diciembre de 2004 podía llegar a US$ 135.000. «La casa es mía… es una herencia», declaró Chahin en 2004 para justificar la propiedad. Allí vivían con sus tres hijos (los mellizos y una niña más joven). 

Un reportaje de La Nación de Argentina describía en 2010: “El terreno es tan grande que entran una cancha de fútbol, una pileta (piscina), hamacas, una calesita, otro chalet en la parte trasera y hasta una casita de madera construida en los árboles, para que jueguen los chicos. La esposa de Apablaza, traductora, habla cuatro idiomas y maneja la Renault Kangoo bordó con la que sale a hacer las compras. El hombre es reservado; casi no sale, según cuentan en el barrio”.

En las publicaciones que permanecen públicas del Facebook de Paula Chahin queda en evidencia su respaldo a causas como la libertad para el ex Presidente brasileño Lula Da Silva y por Palestina. Así como su simpatía por Fidel Castro, el socialismo, y Salvador Allende. 

En Argentina, Chahin cultivó una poderosa red de contactos encabezada por Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y muy cercana a los Kirchner. Hay distintas notas escritas por Chahin sobre la gestión de las Madres de Plaza de Mayo publicadas en la revista Punto Final, antes de 2010. Y Bonafini fue una de las personas que solicitó explícitamente el refugio para Apablaza, de forma personal y pública.  

En noviembre de 2010, tras otorgársele refugio en Argentina, Apablaza, habitualmente de bajo perfil, se dejó ver en un acto en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, una actividad que marcaba el inicio de la campaña de reelección presidencial de Cristina Fernández, y en la que se rindió homenaje a Néstor Kirchner, cuya muerte había ocurrido menos de un mes antes. Chahin escribió una nota necrológica para Kirchner, que también se publicó en Punto Final. 

En 2016, Marcelo Castillo Sibilla, Virginia Vidal Vidal, María Verónica Martínez Rogers, Juan Andrés Lagos Espinoza, Rosa Parissi Morales, Hernán Uribe Ortega y Manuel Holzapfel Gottschalk, denunciaron a un equipo de reporteros de Mega ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile por acoso a la privacidad de los Apablaza Chahin en Argentina, pues Paula Chahin es miembro de esta institución, y se mantiene vinculada al gremio. En junio de 2019 firmó una petición para llevar a Manuel Cabieses, director de Punto Final, al Premio Nacional de Periodismo 2019.

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