Chile y Venezuela firmaron un acuerdo de seguridad para combatir el crimen organizado. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó a Caracas y estando allá afirmó que se trataba de un «hecho inédito» que permitiría «reafirmar los vínculos de colaboración» entre ambos países. Precisamente mañana, y siguiendo esa misa línea de trabajo, Monsalve irá a Tarapacá, donde se espera que aborde la problemática del ingreso irregular de extranjeros al país, entre los que se cuentan personas con antecedentes penales que forman parte de estructuras criminales.
En cuanto al convenio que Chile firmó con Venezuela, voces desde esa nación advierten que el gobierno de Nicolás Maduro no va a cumplir el convenio.
“El acuerdo, en cuanto a entrega de información de presos y prófugos, es imposible de cumplir por parte de Venezuela porque aquí no hay datos de nada”, afirma Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una ventana a la libertad, ONG dedicada desde hace más de 25 años a investigar la situación carcelaria en Venezuela y a promover el respeto a los derechos humanos de los presos en ese país.
El intercambio de información respecto a personas condenadas privadas de libertad y el mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia son dos de los siete puntos del acuerdo que la Subsecretaría del Interior destacó en la publicación que hizo al respecto en su cuenta en Twitter.
Precisamente, en cuanto a esos puntos, el especialista venezolano advierte que «es muy difícil para el gobierno de Maduro comprometerse con Chile a dar una información que no tiene. Nosotros no tenemos idea de cuántos presos exactamente hay en Venezuela. No sabemos cuántos hombres ni cuántas mujeres están presos, ni por cuáles delitos”.
Nieto Palma insiste: “En Venezuela no existe un sistema donde estén los nombres de las personas más buscadas. Si el gobierno no sabe ni siquiera quiénes son los que tienen presos es difícil que pueda dar otro tipo de información. Aquí hay un desorden muy grande respecto al tema de cifras en todos los niveles. No hay datos”.
Un ejemplo patente de la desidia del Estado venezolano con respecto a las cárceles ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el régimen de Maduro desplegó a 11.ooo efectivos policiales y militares para retomar el control de la Cárcel de Tocorón, centro de operaciones del Tren de Aragua. Al finalizar el operativo el ‘Niño Guerrero’, alias del cabecilla de la banda, no había sido capturado -pese a que estaba preso dentro del recinto- y aún permanece prófugo. Guerrero mantuvo el control de esa prisión durante casi una década con la anuencia de las autoridades y desde allí exportó su modelo delictual.
«A los presos acá los dejaron de contar hace mucho tiempo»
El especialista en temas carcelarios levanta una alerta en cuanto a las posibles cifras que puedan entregar las autoridades venezolanas. «Si yo no tengo la información no te la puedo dar, la puedo inventar, que es lo que acostumbran hacer. Las instituciones del Estado no tienen datos precisos. Es difícil cumplir con dar datos, cifras o nombres cuando ni siquiera ellos mismos los saben”, afirma.
En las cárceles venezolanas, asegura el coordinador de Una ventana a la libertad, no se pasa revista a los presos. No hay certeza de la identidad ni del número de reos que hay en cada centro carcelario.
“Antes se hacía lo que se llamaba el conteo de presos en la mañana y en la tarde para ver si estaban todos. De hecho, había unas pizarras en las entradas de las cárceles, donde escribían: tenemos tantos presos, tantos hombres, tantas mujeres, tantos están en el hospital y tantos fueron llevados a tribunales. Eso hoy en día no existe. A los presos acá los dejaron de contar hace mucho tiempo. Hace unos cuatro o cinco años”, dice Nieto Palma.
En la página del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, responsable de las cárceles en Venezuela, no aparecen cifras sobre la población penal.
De acuerdo con los datos de Una ventana a la libertad, son aproximadamente 80.000 los presos en Venezuela: 30.000 en alguna de las 47 cárceles que funcionan en esa nación y 50.000 en centros de detención preventiva o calabozos policiales, que en principio eran para aprehensiones de 48 horas como máximo, pero que ante el hacinamiento penitenciario empezaron a usarse como centros de reclusión permanentes.
«El Ministerio de Servicios Penitenciarios está a cargo de los presos que están en las cárceles, pero los que están en los calabozos policiales no dependen de ellos. El ministerio no los controla, por eso es un desorden muy grande que imposibilita a Venezuela para cumplir con el acuerdo que se firmó con Chile», asegura.
A eso hay que sumarle el gran retardo procesal: «El 70% de las personas que están presas acá no tienen una sentencia definitivamente firme o ni siquiera se les ha hecho un juicio».
«La firma del acuerdo contra crimen organizado por parte de Venezuela fue para lavarse la cara internacionalmente»
Nieto Palma opina que las autoridades venezolanas aceptaron la visita de Monsalve y la firma del acuerdo para enviar una señal internacional que es falsa. “Aparte de ser un asunto político, la firma del acuerdo contra crimen organizado fue para lavarse la cara internacionalmente, para decir que el gobierno de Maduro apoya a otros países en la lucha contra el crimen organizado”, señala.
“No hay mucho interés por parte del gobierno de Venezuela en solucionar el problema de la criminalidad. Nicolás Maduro ha dicho que no quiere ver más pranes (como se le dice en ese país a los presos que controlan las prisiones), pero a pesar de eso hemos visto que bandas como El Tren del Aragua se han extendido por muchos países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Ecuador y el propio Chile. De hecho ya se habla de que tienen miembros en Estados Unidos”, dice el coordinador de la ONG.
A su juicio, es claro el desinterés del gobierno venezolano cuando hay bandas que siguen funcionando desde las cárceles e incluso desde los calabozos policiales. A esto se suma el hecho de que los pranes logran mantenerse prófugos.
«El líder principal de El Tren del Agua, el ‘Niño Guerrero’, se escapó y nadie lo agarró. Al segundo de él, Satanás, lo agarraron hace unas semanas, pero no en Venezuela, en Bogotá (…) ¿Quién me dice a mí que el ‘Niño Guerrero’ no está en Chile, por decir algo, si el gobierno de Venezuela ni siquiera sabe dónde está. O si sabe, no lo quiere decir», plantea Nieto Palma.
Explica que recientemente el gobierno hizo en Venezuela la llamada Operación Cacique Guaicaipuro, en la que intervinieron siete cárceles. «Encontraron cualquier cantidad de armas y municiones, se escaparon todos los delincuentes principales, los pranes, y nadie sabe dónde están”, ejemplifica.
«Venezuela no tiene mucho que aportar porque aquí no se manejan buenas prácticas policiales»
Otro de los puntos del acuerdo bilateral prevé la capacitación entre policías y el compromiso de compartir buenas prácticas investigativas. Tampoco en estos aspectos, considera Nieto Palma, Venezuela tiene con qué contribuirle a Chile.
«Venezuela no tiene mucho que aportar porque aquí no se manejan buenas prácticas policiales», afirma.
En Venezuela, además de la Policía Nacional Bolivariana, puesta en funcionamiento durante el mandato de Hugo Chávez, cada comuna (municipio) maneja su propio cuerpo policial.
“A lo mejor en capacitación de los policias, Chile, que tiene una experiencia bien importante con los carabineros, podría hacerle aportes a las policías de Venezuela, que realmente funcionan muy mal”, indica Nieto Palma.
Y acota algo más al respecto: «Aquí tenemos muy buenos investigadores en el área policial (en la antigua Policía Técnica Judicial que ahora es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -equivalente a la PDI-), pero en su gran mayoría están jubilados y el Estado venezolano no los busca para que ayuden».
«Yo creo que nada», lo que recibe Chile en el acuerdo con Venezuela
¿Si Venezuela no está en capacidad de entregar información sobre detenidos ni sobre prófugos, ni tampoco puede aportar en materia de buenas prácticas policiales ni investigativas, qué recibe Chile en el acuerdo contra crimen organizado?
«Yo creo que nada», respode Nieto Palma. «Más allá de que firmó un acuerdo con Venezuela en el que supuestamente les van a colaborar, pero lo que Venezuela aporte o no se verá en el transcurso del tiempo».
Más allá de que el gobierno de Maduro cumpla el convenio, el especialista considera positivo que se haya firmado, sobre todo por la ayuda que puedan recibir los cuerpos policiales de su país: «Eso sí, creo que hay que comenzar por informar a la gente en Venezuela que se firmó ese acuerdo contra crimen organizado y que está vigente, porque aquí pasó muy por debajo de la mesa. Yo, que sigo estos temas, no vi ninguna declaración».
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