Desde hace décadas el sistema de salud cubano ha sido considerado como uno de los mejores de América Latina. Tras el inicio de la pandemia por el Covid-19 esta realidad ha cambiado y dista de la eficiencia y la calidad otrora presumida. La pobreza extrema, aunada a un franco deterioro de las infraestructuras y a la utilización de los centros de salud como instancias de reclusión y aislamiento se convirtieron en una bomba de tiempo que estalló con el coronavirus.

Instituciones internacionales como la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC), el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), Impulsa Latinoamérica (IL), Civil Rights Defenders (CRD) y la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) denuncian «la utilización de centros asistenciales de salud y hospitales como lugares de reclusión y aislamiento, y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia».

Precisaron, en una acusación elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo y en junio, que «las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad es que a los familiares, abogados y/o defensores les niegan todo tipo de información, se amenaza al personal médico para que no entregue datos y transcurridas entre 2 y 14 horas las víctimas son sacadas de forma clandestina del lugar y llevadas a comandancias policiales o dejadas en libertad evadiendo de esta manera todo tipo de reseña policial que evidencie la arbitrariedad del actuar y la vinculación del Estado en el hecho».

Al respecto, Human Rights Watch (HRW) subraya que en Cuba, en los últimos meses, se incrementó la represión, especialmente en contra de un grupo de periodistas, cantantes, pintores y otros artistas, congregados en el “Movimiento San Isidro”; que critican el accionar del gobierno cubano a través de su oficio.

Los abusos documentados por Human Rights Watch, «cometidos por policías y agentes de seguridad del Estado» al menos desde el 27 de noviembre, siguen patrones que «sugieren fuertemente que existe un plan por parte de las autoridades cubanas para reprimir selectivamente a artistas y periodistas independientes», que han sido encarcelados o investigados penalmente.

Este escenario se aleja de la realidad chilena, por ejemplo, donde la Convención Constitucional aprobó una declaración para solicitarle al Congreso que agilice la discusión del proyecto de ley que indulta a los detenidos post estallido social de octubre de 2019.

El proyecto, que se encuentra en el Senado, establece que «serán beneficiarios del indulto general quienes… hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 7 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma (diciembre 2020)».

Ante dicha propuesta el Ejecutivo y el Poder Judicial han mantenido su postura, señalando que en el país no hay presos políticos y que las personas privadas de libertad infringieron la ley.

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, el viernes afirmó que quienes se beneficiarían con el proyecto son “personas que cometieron delitos graves, muy graves. Cuando lanzaban bombas molotov y había riesgo de vida. Esas son las razones por las cuales unas personas siguen todavía en el proceso”.

Tales declaraciones coinciden con la postura de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien ha sostenido: “En mi opinión, no hay presos políticos en Chile”; todo lo contrario a lo que sí ocurre en Cuba, donde muchas personas son reprimidas y detenidas por razones ideológicas.

Perseguidos y recluidos en centros asistenciales

Más allá de la falta de insumos, del agotamiento del personal médico y las condiciones en sí de extrema pobreza en Cuba, el hecho que los centros de salud sean utilizados como lugares de reclusión y aislamiento, ha sido determinante para que la crisis sanitaria en la isla se esté intensificando.

De acuerdo con José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), «aquí siempre el régimen ha utilizado los hospitales como centros de reclusión y de aislamiento, al punto que vimos lo que pasó con Luis Manuel Otero Alcántara, artista y líder del Movimiento San Isidro -instancia creada por un grupo de artistas e intelectuales que forman parte de la disidencia cubana, opuestos al Partido Comunista de Cuba- que estuvo alrededor de un mes ingresado involuntariamente en un hospital porque estaba desarrollando una huelga de hambre en reclamo de la devolución de sus obras de arte y el respeto a sus derechos fundamentales”.

En conversación con El Líbero desde Cuba, Ferrer declaró, además, que en otras partes del país “hemos visto cómo el régimen ha confinado en instalaciones psiquiátricas a activistas pacíficos y a personas”.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la CIDH, Otero Alcántara permaneció «secuestrado» 29 días en una sala militarizada del Hospital Calixto García, en La Habana, luego de ser detenido para interrumpir la huelga de hambre y sed que sostenía.

Otro de los casos denunciados ante esta corte es el de Marina Paz Labaceno, quien «después de ser arrestada arbitrariamente, la enviaron sin criterio médico, hacia una sala penal del tenebroso Hospital de Jagua en el municipio San Luis, que queda a más de 20 kilómetros de Santiago de Cuba. Cuando su hija y esposo acudieron al centro, Marina se encontraba completamente drogada, cuanto intentó caminar se golpeó la cabeza y fue sacada del lugar sin que su familia pudiese verla».

Los testimonios fueron dados a conocer por Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, instancia dedicada a abogar por los derechos humanos en la región.

El colapso del sistema sanitario

Falta de insumos, personal médico agotado y estructuras colapsadas son algunos de los factores que confluyeron para que el sistema hospitalario, en varias provincias de la isla, se viniera abajo de manera alarmante.

José Daniel Ferrer describe la “tragedia” que actualmente vive el país y lamenta que los ciudadanos cubanos estén muriendo por la falta de atención inmediata.

“La actual situación del sistema hospitalario en Cuba es verdaderamente crítica y muy preocupante, es realmente alarmante. Estamos hablando de hospitales colapsados, principalmente en la provincia de Matanzas, pero esto está afectando también hospitales de otras provincias, como ocurre en la Provincia de Santiago de Cuba”, afirma el activista por los Derechos Humanos.

La radiografía de los centros de salud en la isla es poco alentadora. Ferrer denuncia: “No solo está muriendo gente por Covid-19, sino también por la falta de atención médica a tiempo, por negligencia médica y por otros problemas que tienen que ver con el colapso del sistema de salud pública”.

El activista destaca que lo más preocupante es que el coronavirus se salió de control en todo el país y, en el peor escenario, se desconoce cuándo puedan superar esta crisis, más aún cuando el gobierno se negó a participar en el proyecto Covax de la Organización Mundial de la Salud, instrumento que ha permitido distribuir más de 70 millones de dosis de vacunas a 126 países y economías de todo el mundo desde febrero de 2021.

Al respecto, Rosa María Payá, también activista por los DD.HH. e integrante de la Fundación para la Democracia Panamericana, manifiesta: “Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel rechazaron las vacunas ofrecidas por Covax e impidieron de manera deliberada el proceso de inmunización de nuestra población, alegando que Cuba produciría su propias vacunas”.

Hasta el pasado 7 de julio de 2021, la OMS tenía registrado un total de 11.329 casos activos de Covid-19 en toda la isla. Sin embargo, estos números no corresponden a la situación real de contagios y así lo expresa Payá.

“Oficialmente el promedio de la última semana ha sido de más de 3.200 nuevos contagios diarios. Nadie sabe cuáles son los números reales, pero históricamente el régimen siempre miente en las cifras. Las denuncias y reportes que nos llegan reflejan una situación de crisis humanitaria”, asegura Payá a El Líbero y enfatiza: “Hasta hoy, se niegan a entregar la información de los ensayos clínicos a la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica no tienen manera de comprobar la efectividad de la sustancia con que están inyectando a los cubanos. Mientras tanto en mi país los contagios y las muertes alcanzan cifras récord”.

Pobreza extrema

Desde el inicio de la pandemia, el régimen cubano ha impuesto medidas muy rígidas con la intención de evitar el aumento de los contagios, pero “sus medidas represivas no funcionan porque en medio de tantas necesidades, de tanta hambre, de tanta pobreza la población no puede cumplir con las normas necesarias para evitar la propagación del virus”, dice Ferrer.

El activista señala que la situación se ha ido agravando porque parte importante de la población cubana vive en extrema pobreza, en medio de un colapso económico.

“Un sistema improductivo que durante años lo único que ha generado es miseria y pobreza, y los cubanos viven de fila en fila buscando los insumos que aparecen a la venta. En esos espacios se aglomeran muchas personas que no tienen recursos suficientes para comprar mascarillas adecuadas y productos de limpieza y de higiene para combatir al Covid-19”, subraya el coordinador general de la Unpacu.

Robo de ayudas humanitarias y fuga del personal médico

Además, Rosa María Payá acusa que «el régimen castro-canelista» se ha robado las donaciones que envían de otros países para paliar la situación.

“En el último año, el régimen robó toneladas de ayuda humanitaria que recolectamos a través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, en la que los cubanos en el exterior enviaban comida, productos de higiene y medicinas (…). Lo peor es que este robo es histórico, no es de ahora, llegando al punto de vender esas donaciones a la población”, denuncia la activista.

Aunado a esto, Payá recalca que la dictadura envía doctores en condiciones de trabajo forzado a otros países, mientras que en Cuba ponen en riesgo la vida de estudiantes de medicina y de jóvenes recién graduados sin proveerles los medios y condiciones suficientes para su propia protección.

Sobre este particular, José Daniel Ferrer menciona que el “régimen cubano vende al extranjero servicios médicos. Muchos médicos, enfermeros, enfermeras y otros profesionales de la salud no se encuentran en Cuba y están laborando en otras naciones . El gobierno castro-canelista presenta esto como ayuda, como algo filantrópico, pero esto es un negocio, del cual la dictadura obtiene muchísimo dinero y eso hace que los hospitales no cuenten con suficiente personal capacitado”.

Pese a que las denuncias han sido elevadas a distintas instancias como la ONU y la OMS no se ha logrado paliar esta situación. Con pesar, Payá y Ferrer ven de manera poco alentadora que pueda mejorar, todo lo contrario: coinciden en que la realidad irá empeorando irremediablemente.

Los pacientes con Covid-19 se aglomeran en pasillos y entradas de emergencia. No hay suficientes profesionales de salud para atenderlos a todos, no hay medicinas, no hay sábanas, la higiene es muy deficiente -no hay productos para limpiar-, y por períodos del día no hay agua corriente, enumeran los activistas sobre la situación sanitaria en la isla.

A pesar de publicitar por muchos años que su sistema de salud es “inigualable y perfecto”, este colapso hospitalario no se produjo de un día para otro.

“Ese sistema de salud del que usted habla solo existe en la propaganda del régimen y en las villas para extranjeros. Los cubanos hace años que no cuentan con un sistema de salud capaz de cubrir, de manera efectiva, las necesidades más básicas de la población”, sentencia Payá.

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