La salida de la ahora ex directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, ha generado una ola de críticas en contra del gobierno del Presidente José Antonio Kast y la ministra de la Mujer, Judith Marín, entre otras cosas porque su salida se da en medio de un tratamiento contra el cáncer. El Presidente Kast atribuyó la decisión a un problema «de confianza y de gestión». Mientras, según un informe interno, su salida se debe a «deficiencias reiteradas en el servicio».
En conversación con El Líbero, Paula Cifuentes, ex jefa de la Unidad de Violencia contra las Mujeres del Sernameg, denuncia haber sido despedida en 2023 por razones políticas, por la propia Carrasco, luego de llegar al cargo en 2021 tras ganar el primer concurso público realizado para esa jefatura. Cifuentes se transformó así en la primera mujer que asumía el cargo por razones técnicas y no bajo nombramiento político.
Cifuentes relata en esta entrevista que Carrasco le pidió la renuncia bajo el argumento de ser «oposicionista». El caso fue llevado a Contraloría la que, tras 10 meses de investigación, determinó que el despido había sido arbitrario. La ex funcionaria, además, denuncia que Carrasco se burlaba de los trabajadores del área y que le pidió hacer movimientos con el presupuesto que eran irregulares.
El despido de Cifuentes se suma a otra serie de despidos realizados por Carrasco a nivel nacional, entre ellas tres ex directoras regionales escogidas por ADP que denunciaron haber sido sacadas por razones políticas durante el gobierno de Gabriel Boric.
– ¿Cuál era su cargo?
-Ingresé al Sernameg en diciembre del 2014 y en octubre del 2021 yo asumí la jefatura de la Unidad de Violencia contra las Mujeres previo concurso público. Estábamos en la administración del Presidente Piñera.
-¿Usted no llegó por confianza política?
-Yo era funcionaria del servicio desde el año 2014 y cuando se abrió el concurso para la jefatura de mi unidad yo postulé y quedé como jefa. No fue algo político, era netamente técnico mi cargo.
-¿Usted fue despedida por Priscilla Carrasco?
-Priscilla llegó en agosto del 2022, ya con la administración de Gabriel Boric. Ella me despidió en diciembre del 2023. Trabajé con ella desde agosto del 2022 hasta diciembre del 2023. Ella me llama a su oficina el 11 de diciembre y me dice que se pone término inmediato, término anticipado a mi contrata. Pese a que a mí me habían renovado la contrata para el año 2024.
-¿Con qué argumento se le despidió? Usted ha denunciado que fue por razones políticas.
-Cuando le pregunté por qué me estaba despidiendo, yo le dije que entendía que no quisiera que yo fuera la jefa de la unidad. Pero yo llevaba nueve años en esta institución. Yo no llegué en el gobierno pasado, ni en el antepasado, ni llevo tres años acá. O sea, yo llevaba nueve años. Las razones que esgrimió principalmente Carrasco es que yo tenía problemas de gestión.
-¿Tenía usted problemas de gestión? Ese es un argumento con el que se puede despedir a alguien.
-Todo lo que ella y la ex ministra Antonia Orellana dicen que mejoraron en los programas de la unidad de violencia, eso ocurrió mientras yo era la jefa, no después.
-Usted llevó el caso a Contraloría…
-Sí, yo presenté un reclamo ante la Contraloría y la Contraloría se demoró 10 meses en resolver el reclamo y estableció que mi desvinculación había sido ilegal y arbitraria, porque no existían razones para ponerle término anticipado a mi contrato.
-¿Y por qué no volvió al cargo?
-Contraloría estableció que tenían que devolverme al cargo y pagarme todo el tiempo que yo había estado fuera del servicio. El tema es que después el Sernameg reclamó que yo ya estaba trabajando en otro servicio público. Entonces, como yo ya estaba en otro cargo público, en el fondo legalmente se entendía que había cesado por mi voluntad mi trabajo en el Sernameg.
-Más allá del despido, ¿cómo fue trabajar con Priscilla Carrasco?
-Yo era la vocera del Sernameg cuando ella llegó. Inmediatamente me quitó la vocería, cosa que a mí me daba lo mismo. Empezó a quitarme responsabilidades. Instaló una persona que trajo desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, trajo muchas personas de allá, todos hombres. Y a una de estas personas, que era un buen profesional, yo no tengo nada que decir de él, lo instaló en mi unidad, pero para supervigilar mi trabajo. O sea, esta persona me pedía cuentas, se instalaba en mi escritorio para pedirme cuentas de todo lo que se estaba haciendo en mi unidad. Y en general, ella sacó a todas las jefaturas que venían de la administración Piñera.
-Pero eso es algo que suelen hacer los gobiernos.
-A mí ella no me sacó de la jefatura, ratificó mi cargo, pero puso a esta persona, porque en realidad yo era la única jefa que había llegado por concurso público. Todas las demás jefas habían llegado como llegaban usualmente: las instalaba ahí el gobierno o la ministra que estuviera…
-¿En qué cosas usted comenzó a enfrentarse con la ex directora?
-Empezó ella a manejar, o su jefa de gabinete, el presupuesto de mi unidad, que es responsabilidad de la jefatura de la unidad. La jefa de la unidad es la responsable del presupuesto, ella quería manejar el presupuesto, que yo no tomara decisiones con respecto al presupuesto. Lo otro que hacía que era muy cuestionable, para mí al menos, era que ella se reía, se burlaba de los profesionales de la Unidad de Violencia. Ella, su jefa de gabinete y otra funcionaria más que era como mi jefa directa.
-¿Cómo se burlaba?
-Los abogados y abogadas que trabajaban en la unidad son los que reportan los casos de femicidio a las autoridades. Utilizábamos términos como ‘estamos activadas’, que significaba que estamos en conocimiento del hecho, solicitamos la ficha policial a Carabineros y estamos despejando los antecedentes, ya sea de la víctima directa o de las víctimas colaterales. Ella se burlaba de la terminología que nosotros utilizábamos. «Ya están activadas», decía con ironía. Y lo hizo delante mío. Respecto de las direcciones regionales, que ella tuvo reuniones con todas las direcciones regionales, lo que más se levantaba por parte de los profesionales de las regiones era la precarización del trabajo. O sea, que el servicio era un servicio con pocos recursos, por ejemplo en el caso de un femicidio consumado en Illapel, la abogada de Coquimbo tenía que trasladarse hasta Illapel con sus propios medios. Entonces nosotros decíamos, el servicio es precarizado, entonces ella se reía y decía, ‘¡ay, están precarizadas siempre!’ En tono burlesco.
-Usted dice que trató de intervenir en decisiones presupuestarias. ¿Observó usted irregularidades en el manejo del presupuesto?
-A mí lo que me tocó es que ella quería que se utilizaran recursos que por glosa están destinados a otra cosa. Por ejemplo, recursos que son para casas de acogida, que los destináramos a centros de reparación en violencia sexual. Lo que por ley no se puede. Y finalmente la responsable del presupuesto era yo. Entonces, yo iba a tener que asumir después las consecuencias de utilizar recursos para algo distinto a lo cual está destinado.
-¿Cree que eso incidió al final en que Carrasco la despidiera?
-Sí, porque ella me dijo que yo era oposicionista. Entonces yo le dije, yo no soy oposicionista. Yo estoy cumpliendo con mi deber.
-Estas burlas o todas estas situaciones que se observaban ¿alguien las denunció?
-Creo que nadie se atrevió, porque ella contaba con el respaldo de la ministra. Entonces, finalmente quien conoce esas denuncias después es el ministerio y la gente tiene temor de salir perjudicada.
-¿Tampoco conversaron esto con la ministra?
-No. Yo a la ministra la vi un par de veces, que fue cuando recién asumió porque tuvimos un femicidio en Valparaíso, y ella viajó, y yo viajé con ella a Valparaíso, pero a una reunión. Yo no crucé palabra con ella. Después en alguna actividad tuve que acompañarla, pero una vez, dos veces, jamás tuve contacto con ella directo.
La ola de despidos en el Sernameg de Boric
Priscilla Carrasco asumió la dirección nacional de Sernameg el 9 de agosto de 2022. Desde entonces, distintas exdirectoras regionales y profesionales del servicio han denunciado un patrón similar de desvinculaciones irregulares durante el gobierno de Gabriel Boric.
Uno de esos casos es el de Danusia Rivas, exdirectora regional de O’Higgins, quien fue despedida en 2022 invocando «pérdida de confianza». Para justificar la causal, se le abrió un sumario por supuesto maltrato laboral. Casi dos años después, la investigación concluyó que lo único acreditado era una «falta de cortesía» de su parte con un funcionario. Para entonces, ya llevaba meses fuera del cargo. Rivas acusa que se trató de un «montaje» y que el mismo mecanismo se usó con al menos cuatro directoras regionales más.
A Elizabeth Gutiérrez, exdirectora de Sernameg en la Región de Aysén, la investigaron, suspendieron y desvincularon en julio de 2022 sin que el sumario por presuntos maltratos hubiera concluido. La resolución que la absolvió llegó recién en diciembre de 2024, firmada por la propia Carrasco. Es decir, fue despedida siendo inocente. Gutiérrez acusa que en su caso operó también la asociación de funcionarios, que la acusó de “‘maltratadora” y señala que durante el proceso, Carrasco viajó a Aysén durante la investigación y se habría comprometido con la asociación de funcionarios a sacarla del cargo. En 2023, Carrasco respondió a un petitorio de los funcionarios y en la misiva menciona que le «preocupa» que una funcionaria del servicio haya declarado a favor de Gutiérrez en una demanda por tutela laboral. Gutiérrez fue seleccionada vía Alta Dirección Pública en 2018 y en su caso también señala que hubo resistencias a su permanencia por razones políticas.
En el caso de Paula Cifuentes, la irregularidad tomó otra forma: las evaluaciones paralelas. Al igual que ella, la profesional María Soledad Martin también denunció haber sido desvinculada pese a tener históricamente las calificaciones más altas. Ambas señalan que la entonces jefa de Área Mujer y Trabajo, Lesly Meyer, elaboró informes de desempeño que ellas desconocían por completo y que contradecían sus calificaciones oficiales. Martin presentó una tutela laboral, la ganó, y el servicio tuvo que pedirle disculpas públicas, a través de Carrasco y Meyer. Martin fue despedida el 30 de noviembre de 2022, después de haber trabajado cinco años en el Sernameg.
Pese a que la exdirectora de Sernameg Maule, Antonieta Morales, llegó al cargo en octubre de 2020 vía ADP y alcanzó un cumplimiento de metas superior al 100%, el 15 de junio de 2022 la directora nacional subrogante envió un oficio al Servicio Civil informando que se le pediría la renuncia porque Morales pertenecía a una «línea política» que no compartía los lineamientos del ministerio. Dos semanas después, la carta de notificación reiteraba su buen desempeño, pero explicaba que debía irse por no compartir «los ideales» de la cartera. Ambos documentos contradicen el Protocolo de Egreso para Altos Directivos Públicos del Servicio Civil, que establece que no se puede hacer referencia a la opinión política de un funcionario para fundamentar su desvinculación, por ser un criterio discriminatorio. «Mi opinión política era la determinante para la pérdida de confianza», resumió Morales.
Uno de los casos más públicos y polémicos fue el de Isabel Amor, licenciada en Letras y magíster en Sociología, quien llegó a la dirección regional de Sernameg en Los Ríos vía ADP en 2024 tras una trayectoria que incluía la dirección ejecutiva de la Fundación Iguales y la dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Ñuble. Asumió el cargo y apenas 48 horas después recibió su desvinculación. Desde el ministerio invocaron «pérdida de confianza» y aludieron a supuestas omisiones de información y a «comentarios desafortunados» sobre la condena de su padre, el médico Manuel Amor Lillo, declarado cómplice del secuestro de un militante de las Juventudes Comunistas durante la dictadura. Amor rechazó esa versión, calificó la justificación del servicio de «vaga e irrisoria» y acusó que la real causa fue política: haberle dado a ese vínculo familiar más peso que a su trayectoria profesional.