El 13 de agosto comenzará la consulta indígena impulsada por el gobierno como parte del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. En conversación con El Líbero, Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de dicha Comisión, subraya que el proceso no buscará modificar ni derogar la Ley Indígena vigente, sino diseñar una ley especial aplicable exclusivamente a las comunidades y organizaciones mapuche de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde históricamente se han concentrado las demandas de restitución de tierras.
“No se está proponiendo una reforma a la Ley Indígena, ni una derogación, ni nada por el estilo. No se va a abrir un debate sobre la Ley Indígena, sino lo que se va a hacer es proponer una ley especial respecto a organizaciones y comunidades mapuche de estas cuatro regiones”, asevera el abogado.
La consulta –con un costo cercano a los mil millones de pesos– se desarrollará en cinco etapas: planificación (agosto–septiembre), información (octubre–noviembre), deliberación interna (diciembre), encuentros regionales (inicios de 2025) y se extenderá hasta marzo. Aunque la metodología y los plazos serán presentados a las comunidades para su validación; con la posibilidad de que el proceso pueda extenderse hasta un próximo gobierno. “Es parte de lo que puede suceder… Y la idea es que cualquiera que sea el gobierno que suceda pueda mantener este cauce institucional del conflicto”.
Aunque reconoce la dificultad de que la consulta se desarrolle en un contexto electoral, Salas enfatiza que el proceso debe trascender al actual gobierno. “Lo que se busca es tener una hoja de ruta, una política de Estado que trascienda a este gobierno y los que vengan en adelante… Esto ningún gobierno lo puede resolver en cuatro años”, afirma.
Salas detalla que entre los temas a consultar están la creación de un nuevo sistema de tierras más ágil y eficaz, nuevas formas de reparación además de la restitución territorial, los contratos de mera tenencia, y aspectos técnicos como la invocación de Títulos de Merced y el número de familia por comunidades, aspectos señalados en las recomendaciones finales de la comisión presidencial. No obstante, explica que los resultados del proceso no serán automáticamente vinculantes, pero sí lo serán los acuerdos que se alcancen entre el Estado y las organizaciones mapuche durante la etapa de diálogo.
Ante las críticas de sectores que temen una amenaza a la Ley Indígena o la soberanía territorial, Salas reitera que “no existe ningún riesgo respecto a la propiedad de las tierras indígenas”, ya que se mantendrá la inalienabilidad de estas y no se pondrán en discusión conceptos como autonomía o justicia propia, que no forman parte de las recomendaciones de la Comisión.
Un nuevo sistema de tierras
–¿Cuál es la programación de la consulta indígena, que comienza el 13 de agosto?
–La primera reunión de la etapa de planificación empieza en las comunidades el día 13 de agosto, esa es la fecha inicial de la consulta indígena. Ya se hizo la publicación en el Diario Oficial y la primera publicación en un diario de circulación regional. Además, por fuera de lo que es lo normativo-legal de la consulta indígena, lo que se estaba haciendo en esta etapa inicial es, primero, generar una gobernanza regional, a través de instancias de coordinación que las presiden los delegados regionales, con una mesa de trabajo por parte de su gabinete, especialmente aquellos más vinculados con la materia indígena, y un encargado especialmente del trabajo territorial, que es el secretario ejecutivo de esta instancia de coordinación, a cargo de los encargados regionales del Plan Buen Vivir. La idea es poder llegar al día 13 de agosto, y se está trabajando para ello a nivel regional, con una difusión hacia las comunidades, las familias y también al público en general, de lo que es la consulta indígena, qué es lo que se va a consultar, cuáles son las materias y además poder contarles la etapa que nos antecede que fue la Comisión para la Paz y el Entendimiento y sus recomendaciones.
–¿Cuánto tiempo tienen previsto para las cinco fases y cuánto durará la consulta en total?
–Lo que nos señala la normativa, especialmente el Decreto 66, es que dependiendo de si se adopta una medida administrativa o legislativa, son cuatro o seis meses, respectivamente, como base. La etapa de planificación está pensada para que se desarrolle en los meses de agosto-septiembre. La siguiente etapa, de información, está pensada para octubre y noviembre, la etapa de deliberación interna está pensada para el mes de diciembre; para después ya llegar a la etapa de los encuentros regionales y después una etapa donde se encuentran las cuatro regiones en conjunto para el mes de marzo. Esa es la planificación que se tiene como base, que obviamente es la que se va a presentar en la etapa de planificación a las organizaciones representativas mapuche. Tanto la metodología como la extensión del plazo, para ver si les hace sentido o no. Lo que más nos importa, más que presionar y ejecutar los plazos, es que sea una consulta que les haga sentido, tanto en su metodología como en su extensión y poder desarrollarla de la mejor manera.
–¿Les preocupa que la consulta pueda extenderse hasta el próximo gobierno? ¿Qué pasa si se alargan los plazos?
–La naturaleza que tiene esta consulta, como con todas las recomendaciones, es que trascienden las fronteras de este gobierno. Si eso implica que la consulta indígena, que va a comenzar este 13 de agosto, debe extenderse, es parte de lo que puede suceder y efectivamente esto es una hoja de ruta. Y la idea es que cualquiera que sea el gobierno que suceda pueda mantener este cauce institucional de un conflicto. Esto es lo que se ha buscado con las recomendaciones de la Comisión y, por lo tanto, también esperamos que exista el mismo compromiso con la consulta indígena, que dicho sea de paso es un derecho fundamental de los pueblos originarios y por lo tanto un deber del Estado.
–La consulta se va a limitar a las cuatro regiones de la Macrozona Sur. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas de origen mapuche que viven en la Región Metropolitana, donde se concentra la mayoría del pueblo mapuche? ¿Parte de las actividades se pueden hacer en la Metropolitana o en otras regiones distintas a las cuatro de la Macrozona Sur?
–La consulta indígena está pensada para las cuatro regiones y está diseñada como tal porque la medida a consultar es una medida legislativa, es una ley especial para las comunidades y organizaciones mapuche en las regiones que van desde Biobío hasta Los Lagos para un nuevo sistema de tierras. Y lo que nos dice la experiencia, los números, es que más del 99% de las tierras que se han entregado ocurren en estas cuatro regiones. Por lo tanto, lo que se está pensando es un sistema para las cuatro regiones en particular, para las organizaciones y comunidades mapuche de las cuatro regiones en particular.
“No se va a abrir un debate sobre la Ley Indígena, sino lo que se va a hacer es proponer una ley especial”
–¿Cuáles son las preguntas que se harán en la consulta? ¿Están definidas o se definirán en las fases posteriores?
–Está en definición. Lo que es claro, lo que se va a consultar, primero, está circunscrito a las organizaciones y comunidades mapuche de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, respecto a la propuesta de un nuevo sistema de tierras que se adecúe al Convenio 169 y que sea más eficiente, eficaz y ágil tanto en cómo se procesa la solicitud de tierra y la entrega, que hoy se demora entre 20 y 25 años por cada una de ellas, así como poder ampliar las formas de reparación, que va a seguir siendo prioritariamente la tierra, pero que también dentro de la propia autonomía y de la voluntad que puedan tener las comunidades y familias pueda existir un marco más amplio de formas de reparación. Y también respecto a los contratos de mera tenencia, respecto a las tierras mapuche de estas cuatro regiones.
–¿Y eso implicaría modificaciones a la Ley Indígena vigente?
–No se está proponiendo una reforma a la Ley Indígena, ni una derogación, ni nada por el estilo. No se va a abrir un debate sobre la Ley Indígena, sino lo que se va a hacer es proponer una ley especial respecto a organizaciones y comunidades mapuche de estas cuatro regiones, en particular.
–Las recomendaciones de la Comisión mencionan limitar la cantidad de veces que un mismo Título de Merced puede ser usado para crear nuevas comunidades, así como limitar el crecimiento del número de familias en una misma comunidad que está haciendo una demanda de tierras. ¿Preguntarán asuntos tan específicos como esos?
–La consulta es sobre el nuevo sistema de tierras, respecto a lo que propone la Comisión. Entonces, cada una de esas especificidades efectivamente van a ser consultadas. Tanto de cuántas veces se puede invocar el Título de Merced o hasta cuánto se podría considerar el crecimiento de familias. Son parte de las propuestas que vienen de la Comisión y, por lo tanto, como esta nueva ley especial se va a inspirar en lo que fue planteado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, van a ser consultadas.
–¿Y los contratos en tierras indígenas? Una de las limitaciones de la Ley Indígena es que la propiedad es colectiva y todos deben estar de acuerdo para tomar decisiones con respecto al uso de la tierra ¿Eso cambiará?
–Eso dependerá de la forma de organización de cada comunidad, ya sea si van a manejarse de manera colectiva, de manera individual o por familia. Eso dependerá de cada comunidad y obviamente es parte de la consulta indígena.
–Mencionó antes la gobernanza regional que tendrá la consulta. ¿Acciones como las de la subdirectora subrogante de Conadi, Carmen Gloria Oñate, quien compartió un llamado a manifestarse por la detención de Juan Pichún y cuestionando la tarea del Ministerio Público, dañan la consulta? Siendo que Oñate es parte de la gobernanza de la consulta indígena en La Araucanía.
–Como señaló el director de Conadi en su momento, al haberse ingresado ya por el parlamentario Mellado un requerimiento a la Contraloría, éste es el órgano que debe pronunciarse respecto a los actos realizados por una autoridad regional. Por lo tanto, no cabe mencionarlo de manera particular. Este cargo está en subrogancia y la próxima semana se va a señalar quién es la persona a cargo de la Subdirección de Conadi.
La consulta indígena costará alrededor de mil millones de pesos
–¿Afectará la consulta el hecho de que se lleve a cabo en período electoral?
–Sin duda es una dificultad adicional. Eso lo pudimos ver incluso antes de entregar las recomendaciones. Por motivos políticos, ad portas de una elección, hubo quienes rechazaron la propuesta, incluso sin haberla conocido en su contenido. Y por lo tanto, vamos a escuchar distintas voces, unas más altisonantes que otras, que en periodo electoral van a buscar o diferenciarse o no querer entregar nada al Ejecutivo, al que le toca impulsar en este momento la consulta indígena. Creo que tenemos que ir mucho más allá y volver a la naturaleza propia de las recomendaciones: una negociación política cuyas bases fueron propuestas por los 19 partidos que tenían representación parlamentaria en su momento, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Lo mismo que buscamos en la constitución propia de la Comisión, tener ocho personas, hombres, mujeres, algunos mapuche, otros no mapuche, de izquierda, de derecha, donde la idea era ponerse de acuerdo en recomendaciones que en sí mismas puedan ser viables políticamente. Eso no lo había tenido ninguna otra comisión anterior, porque lo que se busca es tener una hoja de ruta, una política de Estado que trascienda a este gobierno y los que vengan en adelante. Lo que he visto en distintas conversaciones, en los despliegues en las cuatro regiones, es que la gran mayoría de sus habitantes, sean mapuche, de gremios, empresarios, autoridades locales, lo que se ve es que quieren que esto resulte, poder tener algo que les permita canalizar de manera institucional un conflicto que lleva siglos y que desde la vuelta a la democracia no se ha podido encauzar por más esfuerzo que haya puesto un gobierno u otro, porque esto ningún gobierno lo puede resolver en cuatro años. ¿Qué gobierno no va a querer recibir una carta gantt con la cual poder continuar un proceso a tener que empezar desde cero? Yo creo que a todos, cualquier gobierno, sea cual sea, le gustaría poder tener la oportunidad de poder continuar con una política de Estado.
–¿Los resultados de la consulta son vinculantes?
–Los resultados de la consulta por sí mismos, tal como señala nuestra propia normativa, no son vinculantes de por sí. Lo que sí es vinculante son los acuerdos a los que pueda llegar el órgano a cargo de la consulta, o sea, el Estado, con las organizaciones representativas mapuche en la etapa de diálogo. Esos acuerdos son vinculantes, y son importantes para efectos de la confianza, cumplirlos como tal.
–¿Cuánto cuesta la consulta, y su presupuesto de cuál ministerio depende?
–Nosotros nos regimos por la Ley de Presupuesto. Entonces, cualquier costo está vinculado al presupuesto con el que cuenta el ministerio que está a cargo de llevar adelante la consulta, que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La consulta está licitada, y el costo no es que salió de la nada, sino que viene presupuestado anteriormente y es de alrededor de mil millones de pesos. ¿Qué implica esta licitación? Llevar a cabo la consulta en las cuatro regiones, en 71 localidades, con su parte técnica, con personal, contar con locales, con difusión, el transporte. Es decir, todo lo necesario para poder llevar a cabo la consulta en estas 71 localidades en las cuatro regiones.
–¿Los resultados de la consulta pueden derivar en conclusiones, por ejemplo, sobre autonomía, autogobierno o justicia propia?
–Nada de eso está dentro de las recomendaciones de la Comisión y, por lo tanto, tampoco va a ser consultado.
“No existe ningún riesgo respecto a la propiedad de las tierras indígenas”
–El vocero de la Coordinación Territorial Mapuche Wallmpau, Eduardo Curín, dijo que las recomendaciones de la Comisión por La Paz y Entendimiento ponen en amenaza la Ley Indígena y la soberanía territorial. ¿Cómo abordarán críticas de este tipo para lograr legitimidad?
–Tenemos que abordarlo con la difusión previa. Toda la consulta tiene que ser bien informada y por lo tanto esa es la primera de las medidas. Ahora, desde ya podemos señalar que la Ley Indígena no está en riesgo: no se va a modificar, no se va a derogar, ni ninguna medida como aquella. Lo que se va a consultar es una medida legislativa, una medida de ley especial respecto a un nuevo sistema de tierras. Por lo tanto, en riesgo la ley indígena no se encuentra. La soberanía territorial tampoco estaría en riesgo, si la estamos entendiendo como la tierra mapuche. Me imagino que a eso se refiere. Me gustaría señalar que no existe ningún riesgo respecto a la propiedad de las tierras indígenas, ya que lo que se está consultando es sobre contratos de mera tenencia, tales como pueden ser el arrendamiento, el usufructo u otro tipo de contratos, en lo cual se mantiene absolutamente vigente la Ley Indígena respecto a la inalienabilidad de estas tierras. Es decir, no pueden ser enajenadas.
–¿Cómo lidiarán con la violencia, cuando ya ha habido atentados en los que han dejado la consigna “ni paz, ni entendimiento”? Si bien es cierto que ha bajado el número de atentados, las acciones de los grupos radicales continúan.
–Efectivamente, la violencia se ha podido bajar, pero tenemos que poner todos los esfuerzos como gobierno para que la violencia desaparezca. En lo que respecta a mi materia, es una situación que nosotros pudimos ver desde la Comisión y su despliegue. El primer diálogo intercultural que fue en Temuco, el mismo día en que ocurrió el triste hecho del asesinato de los tres carabineros. En esa oportunidad fueron los mismos comisionados, conversando y deliberando qué hacer ante esta situación, quienes concluyeron que no se iba a claudicar en llevar a cabo el diálogo por hechos de violencia. Con mayor razón debemos dar una respuesta a la ciudadanía, especialmente a las cuatro regiones, a través del diálogo porque ese es el camino. Lo mismo seguimos pensando el día de hoy, desde lo que nos toca ahora que es la implementación de esta recomendación, que es la consulta indígena. Tenemos que darle un cauce institucional y con eso nosotros podemos dar una respuesta a quienes creen en otras vías que no son institucionales. Un Estado que responde deja sin razones a la violencia, a los caminos que no son institucionales. Entendiendo, además, que la consulta indígena es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y un deber del Estado, tenemos que, con mayor razón, llevarla adelante, existan o no existan hechos de violencia.
–Cuando se intentó la consulta de 2019 no dejaban hablar a los facilitadores, repartían panfletos, había disturbios en medio de las reuniones. ¿Cómo van a reaccionar en esos escenarios?
–La primera medida que hemos tomado para eso es consultar las experiencias anteriores. Hemos estado trabajando tanto con experiencias que se han llevado en este gobierno, como en gobiernos anteriores. Inclusive el que usted indica. Gran parte de las medidas que nos han comentado es hacer partícipe a quienes no se sientan parte del gobierno. Para ello hemos estado conversando con distintas personas, que son dirigentes de mapuche, que no se sienten convocados por este gobierno, incluso son parte de la oposición. Hemos hablado con ellos, recogido su experiencia, y los hemos invitado a ser parte de este proceso. Muchos de ellos ya están. En La Araucanía prontamente se va a dar cuenta de un Consejo Asesor Regional en donde van a participar quienes no son parte del gobierno. Tener una difusión previa importante, poder comenzar las consultas bien informadas, para ello es importante el despliegue territorial, también va a haber un plan comunicacional, especialmente en radios regionales rurales, entre otras cosas. Entendemos que habiendo una difusión previa, quitando los miedos o falsas noticias que puedan existir, el espacio para que ocurran este tipo de hechos necesariamente se va a inhibir.
“La consulta indígena está dirigida no a ORT, sino a organizaciones representativas del pueblo mapuche”
–En una entrevista con el Diario Austral, usted señaló que las ORT son “bienvenidas” a participar en la consulta. Sus dichos generaron críticas por parte de varios parlamentarios. ¿Aún mantiene que las ORT son bienvenidas?
–No fueron exactamente esas las palabras, pero me hago cargo de ellas. Me gustaría tener la oportunidad de explicarlas de mejor manera. Las consultas indígenas están dirigidas a organizaciones representativas del pueblo consultado. Respecto a quienes han optado por caminos no institucionales y hayan cometido delitos tienen que, ante cualquier Estado de Derecho, tienen que cumplir con su responsabilidad ya sea a través del procesamiento o la persecución que se esté llevando a cabo. Por lo tanto, lo primero que hay que señalar es que la consulta indígena está dirigida no a ORT, sino a organizaciones representativas del pueblo mapuche. Lo que yo quise señalar esa vez es que si alguien que haya estado alguna vez dentro de este tipo de organizaciones y que no tenga deudas pendientes con la ley, me parece a mí que es una buena noticia para cualquier Estado de Derecho que haya abandonado ese camino y por lo tanto quiera encauzar sus diferencias de una manera institucional.
–Además de la consulta indígena, qué otras actividades están haciendo para cumplir con las recomendaciones de la Comisión para la Paz.
–Tenemos que llevar a cabo al menos aquellas recomendaciones que el Presidente anunció en cadena nacional, que fueron seis. Yo diría que son siete. Ya que una de ellas, que es la medida número 21, corresponde a la creación de una oficina que lleve el seguimiento e implementación de las recomendaciones, uno de los hechos inéditos de la Comisión. Esto se materializó en la Unidad de Seguimiento, que pertenece a la Subsecretaría de Interior, y que me toca a mí encabezar. Las otras son la consulta indígena, que es la que hemos estado conversando. También está la reforma para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que ya fue ingresada a través del Senado y se está viendo la forma de hacerla viable políticamente (…). La otra medida corresponde a una de las recomendaciones sobre las víctimas de violencia rural, con un proyecto de ley anexado, en el que trabajaron los comisionados Sebastián Naveillán, Carmen Gloria Aravena y Nicolás Figari, el cual está siendo estudiado en este momento, en particular sus aspectos presupuestarios, ya que tiene que ser de iniciativa del Ejecutivo, puesto que implica gasto público. En el intertanto también se está viendo cómo se potencia, especialmente con reasignación y fortalecimiento económico, el plan de víctimas de violencia rural que está en la Subsecretaría del Interior.
En paralelo, también estamos viendo junto con el ministro Nicolás Grau la recomendación en relación con la reactivación económica de las dos provincias que han sido más golpeadas con el conflicto que son Arauco y Malleco. Hemos estado, especialmente el ministro, conversando con distintos gremios, empresarios de la zona, autoridades locales, los delegados, comisionados de la zona, para ver cuáles son las mejores medidas para fortalecer especialmente el fomento, la empleabilidad y hacer a estas provincias más competitivas dentro del mercado. Se ha estado conversando con distintos ministerios para ver cuáles son los planes y proyectos que se pueden impulsar para, en los próximos meses, poder hacer un anuncio de cuál será el plan para ambas provincias. También hemos estado viendo el fortalecimiento de Conadi, transicionalmente, hasta que exista este nuevo sistema de tierras que se está consultando. Evidentemente tenemos que dar señales y fortalecer el procesamiento de las solicitudes de demanda de tierras, como su entrega, como también lo que es el registro de propiedad de tierras indígenas, el archivo general de tierras, que sale en las recomendaciones y que fue anunciado por el Presidente.
Por otra parte, está en etapa de estudio cuáles van a ser las indicaciones y la forma en que se van a impulsar los proyectos de ley que hoy ya se encuentran ingresados por gobiernos anteriores, que tienen que ver con la recomendación del órgano de alta jerarquía, donde se van a radicar las políticas indígenas, como también el del Consejo de Pueblos.
–¿Ese órgano de alta jerarquía será un ministerio?
–Se está haciendo el estudio por parte del gobierno, especialmente aquellos ministerios que están relacionados, y también la conversación tanto de gobierno como en el Congreso, entre partidos, para poder ver qué es lo más viable políticamente. La idea de nosotros es poder avanzar, como hemos dicho en principio, en algo que pueda avanzar más allá de las fronteras de este gobierno. Por lo tanto, aquí es importante continuar con uno de los principales principios que ha tenido la Comisión, que es el diálogo. Y el diálogo político en este caso.
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