De las 2 horas y 32 minutos que duró la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, unos segundos fueron dedicados a la Comisión para la Paz y el Entendimiento y sus resultados. “En el corazón del informe de la Comisión está una sólida propuesta de nuevo sistema de tierras, para dar pie a un nuevo entendimiento entre el Estado y el pueblo mapuche, entre comunidades y sectores productivos”, señaló el Mandatario. Sin embargo, nada de esa propuesta podrá implementarse sin antes realizar un proceso de consulta indígena, el cual —anunció— comenzará en julio.
Y es que la propia comisión entre sus recomendaciones subraya que aquello “que no haya sido previamente consultado, deberá someterse a los procesos de consulta indígena, ya sea al pueblo mapuche o a todos los pueblos reconocidos”. Modificar la Ley Indígena en materia de tierras, sin duda que amerita uno de estos procesos.
En su diagnóstico, la comisión plantea que bajo el sistema actual “las tierras están sujetas a restricciones normativas que exigen una administración colectiva, prohibiendo su arriendo y subdivisión, lo que a menudo lleva a su subutilización”; por lo que recomiendan “modificaciones en materia de contratos en tierras indígenas”, con lo cual “se podrán celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, mediería y otros contratos de mera tenencia, sobre tierras de comunidades y de personas individuales mapuche” hasta por 25 años.
Asimismo, también se establecen criterios para la reparación en tierras, que no existen en la ley actualmente vigente, que indican que para el acceso a la reparación se considerarán primero a las comunidades más antiguas, según la fecha del ingreso de la solicitud de aplicabilidad. Segundo: la composición del grupo familiar de las comunidades indígenas, priorizando la entrega de tierras a hogares según los criterios de focalización del registro social de hogares. Tercero: comunidades con aplicabilidad sin compra previa. Cuarto: comunidades que tienen designado el predio presentado en el expediente del proceso del artículo 20 b).
Al modificar de tal forma el sistema, al punto de que según algunos comisionados, incluso se pondrá fin a la demanda de tierras es indispensable la consulta indígena.
El boicot a la anterior consulta indígena
No obstante, el recuerdo que queda de una anterior consulta indígena se remonta a 2019, un proceso impulsado por Alfredo Moreno, entonces ministro de Desarrollo Social y hoy copresidente de la Comisión para la Paz. La consulta abordaba once puntos, pero no pasó de la fase de entrega de información ya que el proceso fue boicoteado.
Los procesos de consulta indígena constan de cinco etapas: planificación, entrega de información, deliberación interna (etapa donde no participan funcionarios públicos), diálogo, y sistematización de los resultados y término del proceso.
En aquella ocasión el punto que encendió la discordia rezaba: “Permitir la venta de tierras indígenas, entre indígenas, a partir de los cinco años contados desde su entrega”; lo cual se tomó como que se buscaba “desproteger las tierras indígenas”, “en favor de intereses económicos y de mercado. Lo que conlleva a la fragmentación de las comunidades indígenas hasta hacerlas desaparecer. Siendo este el verdadero motivo para modificar la Ley Indígena, es decir satisfacer los intereses del empresariado”. Esto según una interpretación hecha en aquel entonces en una de las reuniones, durante una incipiente etapa del proceso.
Durante los días que se trató de llevar a cabo la consulta se difundió información falsa y los encuentros derechamente no podían ni siquiera iniciar debido a los desórdenes.
La consulta comenzó el 22 de mayo y el 13 de junio el entonces Presidente Sebastián Piñera nombró a Sebastián Sichel como nuevo ministro de Desarrollo Social y Familia en reemplazo de Alfredo Moreno (que pasó al Ministerio de Obras Públicas). La designación terminó de ponerle la lápida al proceso. Sichel primero informó la suspensión de la consulta y el proceso se dio por concluido en noviembre de 2019. Para ello se argumentó que durante las primeras reuniones de la etapa de planificación hubo “diversos hechos de violencia”. Y al momento en que se decretó su cese definitivo, el 19 de noviembre de 2019, el país estaba en pleno estallido social; por lo que la resolución indica: “Que, no obstante los esfuerzos del gobierno para enfrentar en todas sus facetas las demandas de los pueblos originarios, buscando soluciones basadas en el diálogo, la reparación, el reconocimiento y el progreso, entre las cuales se contempló la mencionada Consulta sobre eventuales modificaciones a la ley Nº 19.253 que ‘Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena’, es necesario señalar que, dadas las circunstancias actuales por las que atraviesa el país, no resulta oportuno continuar con el proceso de consulta, ya referido. En efecto, es fundamental que el desarrollo de la Consulta Previa, se dé necesariamente bajo condiciones que permitan llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento previo, libre e informado de los intervinientes, una vez concluidas todas las etapas del proceso de consulta, las que dados antecedentes ya señalados, no se llevaron a efecto”.
“Las medidas contempladas exceden largamente los plazos de nuestro gobierno”
En su discurso del domingo, Boric mencionó a la Comisión para la Paz y el Entendimiento como uno de los logros de su gobierno y dijo que “no estamos condenados a repetir la historia permanentemente”.
El Mandatario informó que “las propuestas de la Comisión, que presenté recientemente al país, ya están en marcha, entre ellas la consulta indígena que comenzará en julio y el reforzamiento del apoyo a las víctimas de violencia y terrorismo”.
Boric reconoció que “las medidas contempladas exceden largamente los plazos de nuestro gobierno”, pero dijo que “trabajaremos hasta el último día para implementar esta agenda y traspasar a la futura administración ya no un conflicto, sino un proceso en implementación, que construya paz, desarrollo y justicia para todos los habitantes del territorio”.
Por último, el Presidente convocó al Congreso y a todos los candidatos presidenciales “a comprometerse con este proceso para garantizar así su continuidad en el tiempo”.
Mayo cierra con cinco atentados
Desde la semana transcurrida entre el 26 de mayo y el 1 de junio, es la primera vez que el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero contabiliza cero atentados en un lapso de siete días. El último hecho de violencia fue el que se registró contra una faena de la CMPC el viernes 23 de mayo.
En su Cuenta Pública Boric resaltó que ha habido un descenso significativo de los actos de violencia en la Macrozona Sur. Detalló que la cantidad de lesionados disminuyó en más de un 70%, hubo un 60% menos de ataques incendiarios, y se redujeron en 82% los inmuebles incendiados.
Con respecto a los hechos de violencia, el mes de mayo concluyó con un total de cinco hechos, incluyendo dos casos de robo de madera; así como dos atentados contra predios de la CMPC, el ya mencionado del 23 de mayo ocurrido en Mulchén (Biobío); y otro ocurrido el 7 de mayo en la comuna de Los Sauces (La Araucanía).
Con estos cinco hechos, mayo registra más hechos violentos que marzo y abril, con cuatro en cada uno de esos meses.
En lo que va de 2025, el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero contabiliza 26 hechos violentos, de los cuales 16 han ocurrido en La Araucanía, 9 en Biobío, y 1 en Los Ríos.
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