“Hay que hacer cambios porque lo peor que puede pasar para las inversiones extranjeras es que no hagamos cambios y se mantenga el statu quo, sería lo más riesgoso». Las palabras del Presidente Gabriel Boric en Tailandia -en el marco de la APEC- grafican la agenda reformista del oficialismo.

Junto con ello habló de la necesidad de “construir confianza”. El analista político, Patricio Navia, graficó esto en su columna en El Líbero. Señala que el Mandatario echa “por la borda las confianzas construidas en 35 años de democracia y de políticas amigables con el mercado”. Agrega: “A diferencia de los inversionistas extranjeros que han creído en el rumbo que ha tomado el país, Boric quiere cambiar de rumbo”.

En reiteradas ocasiones, previo al plebiscito constitucional de salida, el Ejecutivo se encargó de decir que no podrían llevar a cabo su programa de Gobierno si no se aprobaba la nueva Constitución y fueron sus principales impulsores.

Pero la propuesta de la Convención fue rechazada ampliamente en el plebiscito del 4 de septiembre.

Aun así, si bien hay sectores que ven un “giro” del Mandatario hacia la centroizquierda, otros ven, por ejemplo, a un Ministerio de Hacienda siguiendo las líneas del Partido Comunista y del Frente Amplio.

Y es en este escenario que El Líbero revisa 5 políticas que está impulsando el oficialismo que retrotraen a la Convención, a pesar de haber fracasado en su resultado.

Reforma previsional… ¿se impuso “no es tu platita” en el oficialismo?

La Moneda hizo público que anunciaría la reforma previsional después del plebiscito. Se jugaban en ese momento por un triunfo -que no fue tal- lo que les daría más piso para sacar adelante su propuesta en el Congreso.

Pero el texto de la Convención se rechazó. Aún resuenan las palabras del entonces convencional Daniel Stingo: “No se hereda porque no es tu plata, es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita, que se me va acabando”.

Tras el triunfo del Rechazo, unido a que las personas ya habían visto que “sí era su plata” al hacer efectivo los retiros del 10%, los dichos de Stingo y la Convención parecían alejarse.

En su artículo 45 proponían: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”. Además, estipulaba: “La ley establecerá un sistema de seguridad social público (…). Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”.

La reforma previsional presentada por el Presidente el pasado 2 de noviembre no se alejó de la propuesta del texto rechazado.

Se presenta un sistema de seguridad social con fuerte presencia del Estado y se aumenta en un 6% las cotizaciones. Ese “extra” no irá a la cuenta de capitalización individual, sino a una cuenta nocional que no es parte del patrimonio de la persona, por lo que no será heredable.

Las AFP se terminará como se conocen hasta ahora puesto que “el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartolas, las cobranzas y el pago, estarán a cargo de un Administrador de Pensiones Autónomo, un ente de carácter público”, tal como lo explicó el Mandatario en cadena nacional.

Tras conocerse la reforma, el exconvencional y líder de “Con Mi Plata No”, Bernardo Fontaine, señaló a El Líbero: “Es bastante sorprendente por qué el Gobierno sigue postulando ideas que no son mayoritarias. Cuando 9 de cada 10 chilenos están pidiendo que la cotización adicional vaya a su cuenta individual y están pidiendo profundizar la libertad de elegir quién le administra los ahorros previsionales, que sean heredables, el Gobierno presenta una reforma que dice todo lo contrario”.

Aparecía, de este modo, el “fantasma” de la Convención.

De “Comisión de restitución de tierras indígenas” a “Comisión por la Paz “para saldar la deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche”

Fue una de las normas transitorias de la Constitución de la Convención que generó más polémica:

“Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República convocará a una Comisión Territorial Indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas”.

Es parte de lo que se lee en la disposición transitoria número 28. En la ocasión, algunos convencionales de Pueblos Originarios comenzaron a especular cuáles eran las tierras que a sus pueblos les corresponderían. En medio de esa situación el entonces constituyente Alfredo Moreno publicó en redes sociales un mapa de Chile con las posibles disputas de tierras.

La idea quedó atrás junto con el triunfo del Rechazo… hasta el 11 de noviembre.

En su visita a La Araucanía, el Mandatario anunció la creación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento. Si bien no es exactamente igual a la de la Convención, y es una instancia que diversos sectores de la zona han pedido para que se realice un catastro de las tierras, tiene varias similitudes. O al menos, deja abierta la puerta a interpretaciones.

El mandato de la instancia lo detalló el Presidente: “Determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche, y proponerle al país mecanismos concretos, con plazos concretos para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos entre las partes y que seguramente excederá a este Gobierno».

Además, señaló que el catastro «debe considerar la pérdida que han sufrido las comunidades respecto de los títulos que el Estado les ha entregado y también la demanda viva que existe sobre las llamadas tierras antiguas que pueda ser respaldada técnicamente».

Urgencia al proyecto de eutanasia

“La similitud entre las normas de la Convención y algunos proyectos de ley o de resolución y actos del Presidente o de sus ministros no es casual, pero tampoco es un intento post 4-S de perder ganando. En efecto, muchas de estas iniciativas son anteriores a la Convención y al actual Presidente, indicio de una voluntad política perseverante de lograr sus objetivos”.

Así explica esta relación entre la agenda de la Convención y la del Gobierno, el abogado constitucionalista Roberto Astaburuaga.

Agrega que “como no existe esa atención permanente y atenta al más mínimo detalle -como sí existía cuando funcionaba la Convención-, la fiscalización de esta convencionalitis es más difícil y en muchos casos, tardía”.

Otro ejemplo de esta “convencionalitis” es la eutanasia.

En el texto rechazado elaborado por la Convención se aborda el tema en el artículo 68.

“Toda persona tiene derecho a una muerte digna. La Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado”.

Hoy en el Congreso se encuentra en tramitación un proyecto de eutanasia. Si bien no fue presentado por la actual administración, sí ha sido este Gobierno el que en reiteradas ocasiones le ha puesto “discusión inmediata” para que avance en el Poder Legislativo.

En octubre pasado, la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, señaló: “Hemos ido renovando semanalmente la discusión inmediata, demostrando la prioridad que tiene para el Ejecutivo avanzar en esta iniciativa y haciendo un llamado a los senadores integrantes de la Comisión de Salud para que puedan aprobar prontamente este proyecto».

Aborto sin causales que busca el oficialismo

En medio de la campaña del plebiscito, distintos estudios de opinión mostraban que el Rechazo llevaba la delantera -entre otros factores- por la postura de la Convención sobre plurinacionalidad y el aborto.

Sobre la interrupción del embarazo, el artículo 61 contemplaba que “toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos”. Y agregaba: “El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural; así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.

No se planteaban causales ni límites de tiempo lo que aumentó la polémica.

Prácticamente un mes después del triunfo del Rechazo, el 3 de octubre, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que el Gobierno estaba trabajando en una ley de aborto sin causales. Tras las declaraciones, realizadas en Tolerancia Cero, desde La Moneda “matizaron” que no sería ingresado este año, pero no negaron la voluntad de seguir adelante.

La prensa en la mira de la Convención y de la Segegob

Los medios de comunicación estuvieron en más de una ocasión en los ojos de la Convención Constitución.

De hecho, en una de sus comisiones avanzó la idea de crear un “Consejo Nacional de Comunicaciones”. Se buscaba que el organismo estuviera encargado “de proteger y promover el derecho a la comunicación social, la libertad de prensa, el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información, en los distintos soportes tecnológicos existentes”.

Sin embargo, no logró pasar el pleno puesto que podía ser un atentado a la libertad e ir contra la autonomía de los medios.

Pero ya en el Reglamento de Ética que corría para los convencionales, la libertad de expresión quedaba en jaque, según denunciaron muchos de los constituyentes.

En el texto que los regía se castigaba, por ejemplo, la desinformación que era definida como “la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso”. Aspectos que quedaban poco claros y al arbitrio de quien considerar que se cometía este tipo de falta.

Sobre los medios de comunicación, hoy es la ministra de la Segegob, Camila Vallejo quien se ha dedicado al tema. Firmó un convenio con tres universidades estatales llamado “Más amplitud, más voces, más democracia” que busca “fortalecer el ecosistema medial, amplio y diverso, con perspectiva de género”. En el momento de la rúbrica, la vocera señaló que querían “hacer un diagnóstico del sistema de medios actual, y diseñar las herramientas necesarias para el diseño de políticas públicas”.

Y en esta misma línea, Vallejo participó en estos días en Europa en diversos encuentros que abordan la desinformación y las fake news. “Para nosotros es una decisión política enfrentar el fenómeno de la desinformación”, dijo en su gira. En Luxemburgo la “coronó” al anunciar una instancia inédita.

Así lo escribió en sus redes sociales: “Hoy creamos el primer ‘Hub’(grupo de trabajo) de la OCDE sobre el combate a la desinformación, liderados por Chile, Noruega, Grecia, Lituania, Luxemburgo y Finlandia”.

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