El pleno de la Convención Constitucional aprobó esta semana el derecho a la reparación y restitución de tierras a los pueblos originarios, una norma que se despachó al borrador de nueva Constitución y que señala que “el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”, y donde se explicita además que “el Estado deberá tener un “mecanismo preferente” de restitución de tierras.

En un nuevo Especial Mirada Líbero el convencional constituyente Alfredo Moreno conversa sobre las consecuencias de la «restitución de tierras» y, mediante un mapa que elaboró y que compartió en sus redes sociales, explica cuáles son las zonas que podrían verse comprometidas, en caso de que se aprobara el texto constitucional.

«Si bien esta norma puede estar hecha con buenas intenciones, crea una deuda o una obligación que tendría el Estado chileno, pero indefinida, nadie sabe hasta cuánto se debe y a quién se le debe, porque habla de los ‘once pueblos’, pero los pueblos como tales no existen, tiene conflicto entre ellos y es un conjunto de comunidades», comenta Moreno.

Agrega que se «está multiplicando el problema que tenemos en La Araucanía pero en todo Chile. Por todos los lugares donde haya convivencia entre chilenos indígenas y no indígenas, la inseguridad, la incerteza y el conflicto va a ser demasiado grande. Es una muy mala noticia».

También explica que «lo primero que van a hacer las personas a las que incluyen estos pueblos es poner en duda cuáles son las tierras que son de ellos y cuáles no. Es una manera de solucionar un problema muy loca».

El convencional señala que con la ley de tierras indígenas «pasó lo mismo. Cuando se creó esta ley había 600 comunidades de pueblo mapuche, con esta fórmula hoy hay 4 mil. El año 90 decían que esto era para saldar una deuda de más o menos 50 mil hectáreas en Arauco, pero a los cuatro años de esa ley viene el primer atentado. Hasta la actualidad se han entregado 250 mil hectáreas y el problema está mucho más grave hoy que al partir«.

Advierte: «Hay que mirar la incertidumbre con la que van a empezar a vivir los chilenos en todos los lugares donde podrían reclamar uno de estos pueblos».

Sostiene, además, que hay gente que se va «sumando a los pueblos», y que «el pueblo Selknam acaba de dejar de estar extinto, porque no es reconocido por la legislación actual, pero sí por esta Convención… ¿en base a qué datos?».

Explicó que esto «debiera ser a través de una expropiación, que no tiene las características de la expropiación actual. La propiedad y su expropiación quedó de una manera más débil de lo que está consagrado hoy en la Constitución, entonces el justo precio está por verse cuál va a ser».

«Estás construyendo conflicto social donde los únicos beneficiados son un grupo de activistas nacionales e internacionales, a costa de nuestra nación«, enfatizó.

El mapa de las posibles disputas de tierras

«Estos son los territorios que en algún minuto estos distintos pueblos han ocupado. No quiere decir que todo ese pedazo sea de uno de estos pueblos, pero podría llegar a serlo, podrían reclamarlo. Cada uno de esos territorios estarían en disputa», explica Moreno.

Y comenta: «Los que se estarían salvando son los del centro de Chile, porque los pehuenches no están entre los once considerados».

«Por el norte, por la costa, te encuentras con los changos, desde Arica hasta el río Elqui, 1.300 km de línea costera que podrían reclamarlo, con lo cual los pescadores, quienes trabajan en un puerto o tienen una casa con vista a la playa, ya están en un problema, y quién sabe a quién lo toca irse moviendo y a quién no», afirma el constituyente.

«Paralelo a los changos están los aymaras, que son 156 mil, los atacameños, que son 30 mil, los quechuas, 34 mil y los Coyas, 20 mil, que van paralelo, recorriendo desde la frontera norte con Perú y Bolivia», sostiene Moreno.

Agrega que «la comisión indígena planteó la trashumancia, es decir, que personas del mismo pueblo divididos por una frontera tengan la libertad para moverse de un lado al otro (…) y tienes movimientos como el Runasur, que dicen que hay que armar naciones sin importar las fronteras».

El constituyente explica en esa zona norte hay comprometidos quince salares, entre ellos el Salar de Atacama, más de 100 minas comprometidas de cobre, oro y manganeso, entre ellas Chuquicamata.

«Los diaguitas son 88 mil, y tendrían la propiedad sobre el agua de los ríos Copiapó, Huasco y Elqui, una zona donde viven 3 millones de personas no indígenas, que perderían el acceso a ellas, o que estarían supeditados a los que quieran los diaguitas».

Sobre el pueblo mapuche, que se extiende en las regiones de La Araucanía, el Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos, señala: «Tiene una población de de 1 millón 700 mil personas». Pero «el 80% de los habitantes de La Araucanía no son mapuches», dice. En la zona hay «cinco minas no metálicas y yacimientos de carbón e hidrocarburos, y ocho puertos marítimos comprometidos».

En relación a los selknam y los recursos, dice que son «un población de alrededor de 100 personas, y hay quince yacimientos de carbón e hidrocarburos en disputa»; los kawésqar, «con 3 mil personas y parques nacionales comprometidos, como el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, las Torres del Paine y el Estrecho de Magallanes». El pueblo yagán cuenta con 1.600 personas, y el de Rapa Nui «que ya tiene una demanda presentada para recuperar autonomía».

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