El caso de los dos docentes del Instituto Nacional sumariados por supuestamente facilitar el ingreso de material incendiario en 2024: uno de ellos volvió al liceo

La supuesta contribución de profesores en las manifestaciones incendiarias que ocurren en algunos liceos emblemáticos no deja de ser noticia. En el Liceo Manuel Barros Borgoño, después de un hecho que se registró el 8 de octubre, “se efectuó la suspensión preventiva de funciones de dos docentes por encubrimiento de los hechos de violencia”, informó luego de tomada la medida el SLEP Santiago Centro. Integrantes de esa comunidad educativa aseguraron en su momento a El Líbero que estos funcionarios habrían dejado ingresar a sus salas, mientras estaban con otros cursos, a estudiantes más grandes, “pasados a bencina”, para «esconderlos» de carabineros.

Ya desde octubre del año pasado la Fiscalía había advertido sobre la cooperación de profesores. «Se me adelantó que habían algunos docentes que fueron estudiantes del INBA, que también participaban (en las manifestaciones)», indicó el fiscal Alejandro Osorio, luego de una audiencia en la que judicializaron a varios estudiantes de ese liceo, según consignó El Mercurio.

También en 2025, hace casi un año, este medio dio a conocer en exclusiva, gracias a un informe al que tuvo acceso, que la directiva del Instituto Nacional había identificado a dos profesores que supuestamente facilitaron el ingreso en sus respectivos autos de material del que se usa en las manifestaciones. Luego de publicada la noticia, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes -que entonces era el sostenedor-, anunció que estaban evaluando sumariarlos. Luego se supo que los dos habían sido sometidos a procedimiento administrativo, sumada la medida de suspensión (ver detalles abajo). Sin embargo, El Líbero tuvo conocimiento de que hace al menos dos semanas, uno de ellos, cuyo nombre se corresponde con las siglas M. J., se reintegró a sus labores en esa misma institución.

SLEP Santiago Centro no se refirió al sumario por ser «un procedimiento en curso»

Al ser consultado por este medio por el estatus del sumario y las razones del regreso del docente, el SLEP Santiago Centro, actual sostenedor de los liceos de esa comuna, respondió que «en cuanto a los procesos de investigación interna, este servicio no se puede referir de ninguna forma a procedimientos en curso, al encontrarse bajo secreto sumario».

Sin embargo, personas que conocen del procedimiento administrativo que se sigue en contra de ambos profesores, aseguraron a El Líbero que el funcionario regresó al liceo porque se le levantó la suspensión que hasta ahora pesaba en su contra, aunque aún no se ha determinado si tuvo o no responsabilidad en el supuesto ingreso al liceo del material para manifestaciones, incluyendo líquidos diluyentes y hondas.

La decisión se habría tomado debido a instrucciones impartidas por la Contraloría, instancia que solicitó -principalmente en razón de que el Estado debe seguir desembolsando recursos para el pago de sus salarios sin que trabajen-, que estas medidas en contra de sumariados no deben extenderse por más de 60 días.

De acuerdo con la información que figura en Transparencia, y que es de acceso público, entre enero y septiembre de este año, el docente cobró una remuneración líquida que osciló entre $1.300.000 y $1.600.000 mensuales, para un monto total de poco más de $12.000.000 mientras estuvo suspendido.

Según ese mismo portal, M. J. inició contrato el 1 de marzo de 2023, que se extiende hasta el 28 de febrero de 2027.

«La docente consultada no tiene relación laboral con ningún establecimiento dependiente del SLEP Santiago Centro desde el mes de febrero de 2026»

En cuanto a la otra persona sumariada por los mencionados hechos, el actual sostenedor indicó que «la docente consultada no tiene relación laboral con ningún establecimiento dependiente del SLEP Santiago Centro desde el mes de febrero de 2026».

De acuerdo con el informe al que El Líbero tuvo acceso en su momento, que dio lugar a la noticia por la cual se abrió el sumario, la otra involucrada es una profesora de Filosofía cuyo nombre se corresponde con las siglas F. G.

Según los datos de Transparencia, esta docente cobró este año las remuneraciones correspondientes a los meses de enero, por $1.387.308; y febrero, por $1.363.073. En el portal se indica, en efecto, que la fecha de término del contrato fue el 28 de febrero de 2026.

Personas que conocen el proceso aseguraron que, independientemente de que haya concluido la relación laboral entre F. G. y el SLEP Santiago Centro, el sumario que sigue en curso es también contra esta docente.

F. G. presentó demanda laboral: «Nunca fui objeto de sanciones, amonestaciones ni sumarios respecto de mi desempeño laboral»

Mientras el sumario sigue abierto por la vía administrativa, F. G. acudió al Poder Judicial y presentó el pasado 13 de mayo ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago «demanda de reconocimiento de relación laboral, nulidad de despido, despido carente de causal y cobro de prestaciones laborales», en contra de la Municipalidad de Santiago, que fue su empleador hasta el 31 de diciembre de 2025.

«Con fecha 26 de enero de 2026, se me notificó mediante carta el ‘Vencimiento de Contrata’ a contar del 28 de febrero de 2026. Esta decisión fue unilateral, sin evaluación negativa previa ni sumario que la respaldara, tras más de 4 años de servicios continuos e ininterrumpidos», indica en el escrito que es de acceso público en pjud.cl.

En la demanda, F. G. agrega: «Durante todo el tiempo que presté servicios, cumplí íntegramente con mis funciones docentes, administrativas y de coordinación. Nunca fui objeto de sanciones, amonestaciones, sumarios, observaciones formales ni evaluaciones negativas respecto de mi desempeño laboral. Por el contrario, asumí de manera constante responsabilidades adicionales a mi función contractual, fui propositiva, profesional y destacada en cada una de ellas. Pese a lo anterior, en enero de 2026 fui notificada de mi desvinculación. Dicha decisión se adoptó sin que existiera previamente reproche alguno respecto de mi desempeño, ni fundamentos que justificaran la terminación de mi relación laboral desde el punto de vista de mis funciones o evaluación profesional».

La docente solicita «indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de $1.766.879», «indemnización por 5 años de servicio, por un monto de $8.834.395», «recargo de un 50% de la indemnización por años de servicio (…) por $4.417.198» y lo «que se adeuda por feriado legal pendiente, (por) la suma de $1.766.879». Todo esto da un total de $16.785.351, con «reajustes, intereses y costas de la causa».

Según lo que arroja el portal del Poder Judicial, ya está prevista la audiencia de juicio.

¿Qué dice el informe en el que se identifica a los dos profesores y que la administración de Irací Hassler no investigó?

En el informe que redactó la directiva del liceo, que luego de conocido por la administración Desbordes tras la publicación de la noticia en este medio dio pie al sumario contra ambos profesores, se indica que se presentó una «situación sospechosa (…) en el estacionamiento del Instituto Nacional», en la que «habrían visualizado a dos estudiantes que se dirigen a dos vehículos en específico, un Hyundai Veloster y un Wolksvagen Escarabajo, donde se suben y sacan diversos elementos, para luego dirigirse a la puerta de salida del estacionamiento de la que sólo los funcionarios poseen llave», en hechos ocurridos el 9 de agosto de 2024. «Se identifica que los autos corresponden a la docente de Filosofía, F. G. (el último), y al docente M. J. (el primero)», se agrega.

En ese mismo documento se señala que un día después, a propósito de la visita que el entonces Presidente Gabriel Boric realizaría por el aniversario de esa institución educativa, «el jefe de seguridad del Presidente le solicita a la jefa administrativa que le acompañe a las dependencias del Ceina (centro cultural contiguo al liceo), específicamente al subterráneo, que colinda con el estacionamiento (…) y le indica que se encontró un lienzo y otros elementos, tales como diluyente, ropa, hondas, mascarillas, los cuales se apreciaban nuevos, por lo cual, se deduce que no habían sido introducidos con anterioridad».

En un «acta de entrevista a funcionarios» a la que este medio también tuvo acceso, quedó escrito que en esa situación, la funcionaria del liceo aseveró «que ese tipo de cosas las utilizan encapuchados para sus acciones violentas». En el documento se señala además que «claramente se podía ver que los elementos estaban guardados hace poco».

Ante el hallazgo, «se solicita la presencia de Carabineros y se realiza la denuncia correspondiente», se especifica en el informe.

En ese mismo documento se indica que un estudiante al que se entrevistó a propósito de lo ocurrido «individualiza a una docente del establecimiento como posible facilitadora de esta acción, debido a que no sería la primera vez que la funcionaria F. G. ingresaría elementos desde su vehículo para facilitar la acción de los estudiantes encapuchados».

En otra «acta de entrevistas» también se menciona a esta docente. «El estudiante comenta que el sobrino de la funcionaria F. G. y fotógrafo capucha ingresa cosas desde el automóvil de la funcionaria». De acuerdo con lo allí consignado, el alumno aseveró que «no es primera vez que la profesora se ‘regala’ y la han visto haciendo cosas o entregando cosas a estudiantes en San Diego (una de las calles en las que el Instituto Nacional tiene una salida)».

«Considerando el hallazgo el día de la visita del Presidente de ciertos artefactos, posiblemente para uso incendiario, encontrados en el Ceina, y del que Carabineros a través de sus unidades especializadas se encuentra investigando, es que se sugiere solicitar el inicio de un proceso investigativo que pueda esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades y procedimientos a seguir. Dicho proceso excedería las atribuciones y responsabilidades de la unidad de Convivencia Escolar del establecimiento, por lo que estos antecedentes deberían quedar a disposición del departamento jurídico de la Dirección de Educación Municipal (DEM), para su evaluación y fines pertinentes».

En esos términos redactaron en el Departamento de Convivencia y Seguridad del Instituto Nacional el informe que en ese momento se envió a Carolina Vega, entonces directora de esa institución educativa, y que luego ella reenvió junto a otros antecedentes a la DEM, cuyo director era Rodrigo Roco, cuando la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago y también sostenedora del liceo era Irací Hassler (PC), actualmente diputada.

Aunque en el documento se advierte que los hechos relatados «podrían constituir acciones gravísimas de acuerdo con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y faltas éticas graves de acuerdo con el Estatuto Docente, y que según la información reunida involucrarían la participación de docentes de nuestro establecimiento», las autoridades de entonces no instruyeron la apertura de algún sumario administrativo ni presentaron querella por la vía judicial.

Pese a que los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2024, los dos profesores implicados continuaron impartiendo clases en el Instituto Nacional hasta diciembre de 2025, cuando durante la administración del alcalde Desbordes se les abrió el sumario, en el que se decidió que deberían ser preventivamente suspendidos (ver detalles abajo).

A casi un año de eso, el procedimiento sigue abierto, sin que se haya determinado si existió o no responsabilidad por parte de los docentes implicados, uno de los cuales está de nuevo en la institución.

Municipalidad de Santiago: «El sumario fue traspasado en etapa investigativa con expresa indicación de la suspensión preventiva»

Habiendo transcurrido casi 11 meses desde que se abrió el sumario y a efectos de esta nota, se le consultó a la Municipalidad de Santiago -que por ley dejó de ser sostenedor de los liceos de la comuna el 31 de diciembre de 2025, cuando pasaron a ser responsabilidad del SLEP-, en cuál estatus o estado se encontraba el sumario contra estos dos profesores cuando se lo traspasaron al mencionado servicio de educación.

«El sumario fue traspasado en etapa investigativa con expresa indicación de la suspensión preventiva y de la etapa del sumario», respondieron.

Desde la municipalidad especificaron que el procedimiento administrativo contra los dos docentes se abrió el 4 de diciembre de 2025 -un día después de la publicación de El Líbero-, «a través del Decreto Alcaldicio N°8373» y «el 5 de diciembre se notificó la suspensión preventiva».

La Municipalidad de Santiago también interpuso querella por la supuesta cooperación de estos profesores

La Municipalidad de Santiago también acudió entonces al Poder Judicial y el miércoles 11 de diciembre de 2025 -a seis días de dejar de ser sostenedora de los liceos de la comuna-, presentó querella en la que advierte que «pese a contar con la información detallada sobre el ingreso de los sujetos, la identificación de los vehículos de los docentes involucrados y el hallazgo de material incendiario y armas por parte de la seguridad presidencial (información contenida en el informe de septiembre de 2024 que elaboró la entonces directiva del Instituto Nacional y que dio a conocer El Líbero una semana antes de presentada la querella), no se realizó la denuncia correspondiente ni se instruyeron las medidas administrativas o penales que la gravedad de los hechos ameritaba».

«Lo concreto y grave es que, ante la evidencia flagrante de un delito, alguien incumplió su obligación legal de denunciar tanto en sede penal como administrativa, lo que derivó en la impunidad de los hechos, en ambas sedes. Esta omisión inexcusable constituiría sin dudas una infracción al deber de denuncia que pesa sobre los funcionarios públicos, o aún más grave, derechamente un encubrimiento de las conductas delictivas descritas en términos punibles, razón por la cual solicitamos expresamente que se investiguen las razones y responsabilidades detrás de esta falta de acción que permitió la impunidad de estos graves sucesos», se señala en la querella, con respecto a la eventual responsabilidad de quienes para el momento de los hechos era sostenedores del liceo.

En ese mismo escrito se señala en cuanto a los dos docentes implicados, que ante «la contundencia de los antecedentes» se instruyó sumario administrativo en su contra, «por su eventual responsabilidad en la facilitación de ingreso de materiales incendiarios y elementos para la violencia, designándose al fiscal correspondiente para investigar estos hechos».

En la acción también se pide que «se cite a declarar en la calidad que el juzgado determine» a los dos profesores, así como a la entonces directora del Instituto Nacional, Carolina Vega y a Rodrigo Roco.

La denuncia fue interpuesta «por los delitos de porte injustificado de combustible y elaboración de artefactos incendiarios, en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores».

A más de diez meses de interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantías de Santiago, la última actuación que figura en la página del Poder Judicial, donde la causa es de acceso público, es el escrito en el que el tribunal la admite y la remite al Ministerio Público.