La crisis que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad sigue tensionando al gobierno del Presidente José Antonio Kast. El Mandatario reconoció que «el Estado les falló a las víctimas», y el ministro Gonzalo Arenas admitió que el Ejecutivo atraviesa una “crisis grande” y que la continuidad del ministro “no es una decisión marcada en piedra”. A esto se suma la acusación constitucional anunciada por la oposición y las interrogantes sobre si Rabat estaba realmente obligado a conceder estos beneficios, como ha sostenido en su defensa.
Pero, mientras el titular de Justicia defiende que actuó conforme a la ley, la controversia ha instalado interrogantes sobre por qué no se impulsaron antes modificaciones legales que permitieran resolver las diferencias de interpretación respecto de la prohibición de conceder estos beneficios, establecida en 2022. El propio gobierno del Presidente Gabriel Boric rechazó solicitudes que posteriormente terminaron siendo acogidas por los tribunales, sin que durante su administración se concretara una reforma que zanjara definitivamente la controversia.
Sobre este escenario se refirió el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se negó a firmar cientos de decretos de rebaja de condena, lo que provocó un enfrentamiento con la Corte Suprema y derivó en una denuncia penal respaldada por los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson.
«Mantener al ministro Rabat es un tanto difícil«
—¿Cómo analiza el escenario tras la polémica por la rebaja de penas?
—Es una situación muy compleja para el gobierno y para el ministro de Justicia. Porque uno, cuando está sentado en ese escritorio, está tomando decisiones todos los días. A veces son equivocadas, otras son buenas, pero uno hace un esfuerzo porque las cosas salgan bien. Y en este caso particular afecta a un bien jurídico tan relevante como la posibilidad de liberar a personas que cometen delitos graves. Estamos hablando en este caso de violación de niños y también temas de derechos humanos. Entonces, es un conflicto que va a seguir dos caminos, sin duda. Uno es el camino político, que es imparable y así ha sido siempre en todos los gobiernos, cuando hay disputas de esta naturaleza, y segundo, una vía que tiene que ver con buscar la solución del problema que viene desde hace muchos años.
—¿Y qué le parece que el gobierno haya decidido respaldar, por ahora, al ministro en su cargo?
—Yo no sé qué pasa en la cabeza de los presidentes cuando se produce esta situación, porque recordemos lo que pasó en el gobierno anterior con Boric. También defendió a ministros hasta que renunciaron o se tuvieron que ir. En este caso particular pasa lo mismo, el Presidente respalda al ministro, que me parece natural y bien, porque al final es un colaborador de él, pero desde el punto de vista de la organización del Estado, del funcionamiento del Ministerio de Justicia, de las propias políticas del gobierno, es complejo. Pensemos lo siguiente… supongamos que se presenta la acusación constitucional, se rechaza y el ministro continúa en su cargo. ¿Cómo va a relacionarse después con los parlamentarios para poder sacar adelante los proyectos de ley? Va a ser una dificultad. Entonces, en lo humano, me parece que el Presidente a lo mejor está en esa línea de respaldarlo, pero en la práctica, en lo político, es un poco compleja la decisión.
—Pepe Auth decía en El Líbero que esta crisis no se resolvía sin la salida del ministro…
—Sí, es complejo. Yo creo que cuando uno llama a gente a colaborar al gobierno, claro, es parte de su equipo y de repente quitarles el piso de golpe es muy complejo, pero también hay que pensar en el trabajo que requiere el gobierno desde el punto de vista político. Entonces, mantenerlo es un tanto difícil. Además, que esto no va a parar, si ese es el problema. No es que se vaya a detener simplemente porque se olvidó, no se va a olvidar en materia política, eso no pasa. Y no tiene que ver con este gobierno en particular ni con la oposición actual. En la continuidad de las políticas es un tanto compleja la situación de mantenerla como está.
—En 2015, cuando usted era ministro, los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson apoyaron una denuncia en su contra por haberse negado a firmar decretos de rebaja de condena. ¿Ve una inconsecuencia de este sector político, que hace 10 años lo perseguía por no firmar decretos de rebajas y ahora critican a un ministro por firmar los decretos de rebajas?
—Sí, es curioso, es como una paradoja. A mí me pasó lo mismo en el 2014-2015, pero por razones distintas. Desde la perspectiva real del problema, hay, en mi opinión, la necesidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que alguien salga en libertad si no tiene las condiciones para eso. La ley de rebaja de condena, tenía dos objetivos concretos. Era un momento de conflictividad muy grande en los recintos penales, había que buscar una manera de dar un incentivo a los presos para, primero, tener buena conducta y, segundo, cumplir requisitos obligatorios, dice la ley, para poder obtener un beneficio de rebaja de condena, que era educarse, sacar un grado, si no tenía básica, media, etcétera, trabajar, ir al taller, obtener un beneficio que le permitiera tener algo con qué trabajar cuando saliera en libertad. Tercero, tratamiento clínico, es decir, si tenía adicciones a las drogas, adicción al alcohol o impulsos criminales, tener un tratamiento clínico, psiquiátrico, psicológico. Y cuarto, la buena conducta. Esos requisitos son obligatorios, dice la ley, y además son copulativos, tienen que cumplirse todos en conjunto.
—¿Y ese fue el problema que enfrentaron en esa época y que enfrentamos hoy día?
—Con una salvedad, que hoy día hay una ley particular respecto a los delitos sexuales, pero esta ley se aplica a todos los delitos, entonces hay que tener ojo en eso, que no es una modificación a un delito particular, porque hoy día tenemos organizaciones criminales en las cárceles, entonces líderes de esas organizaciones eventualmente podrían postular y obtener el beneficio. Entonces, hago el paréntesis, hay que preocuparse en la globalidad. Pero ¿cuál fue el problema que enfrentamos? Que la Corte Suprema, cuando informó la ley, dijo: «¿Para qué nombran tantos jueces si esta es una resolución administrativa?». Y después cambió de opinión y dijo: «Esto es un derecho», y por lo tanto la comisión es autónoma y el Ministerio lo único que tiene que hacer es firmar el decreto. Y ahí se generó la disputa en el año 2014 hasta el 2015. Entiendo que posteriormente se firmaron los decretos, no hubo discusión hasta el 2022. Desde mi perspectiva, creo que el ministro Rabat cometió un error.
—¿Por qué cometió un error?
—Porque hoy, en esta época, la Corte ha cambiado y ha variado su opinión. Ha dado fallos en los cuales le da la razón al ministerio diciendo que esto es un beneficio, por lo tanto, es una ley procesal o una ley de cumplimiento de pena y no es un derecho. Al validar el voto mayoritario con decir «mire, yo firmo porque hay una cantidad de sentencias que así me lo dicen», valida una interpretación que es grave y equivocada, por eso creo que cometió un error desde el punto de vista de que el procedimiento no había avanzado a la discusión en los tribunales.
—¿Ve una contradicción sobre el papel que deben cumplir los ministros de Justicia frente a los tribunales del país?
—Hay una definición política que yo no comparto y no he compartido nunca. Yo tengo la lógica de pensar que una persona que comete un delito tiene derecho a rehabilitarse, pero tiene que cumplir muchos elementos que así lo permitan. Entonces, esa línea de que la cárcel está destinada a los pobres o la cárcel es simplemente la aplicación de la pena, y el Estado está obligado a realizar actividades que le permitan salir del recinto penal, yo no la comparto. Yo creo que hay que estructurar un sistema que permita, si es posible, la rehabilitación. Y en esa época había mucha gente, no solo Boric y Jackson, sino que también otros parlamentarios de otros signos políticos, también de derecha, que decían que no estábamos cumpliendo con el propósito de reinserción y rehabilitación, y por lo tanto estaban en contra de lo que yo estaba haciendo, que era proteger que no saliera de la cárcel gente que no podía salir. Pero claro, es una inconsistencia a veces que, por razones de orden político, uno puede estar enfrentando de una manera o de otra.
—¿Hay un símil entre su caso y el actual?
—Lo único que, es un elemento nuevo, es que hoy día sí existe una disposición clara de la ley respecto de los delitos sexuales y por lo tanto era necesario defender mucho más proactivamente la definición de esa ley. Ahí hay algunas diferencias que se pueden producir. Pero bueno, eso pasa en política. A veces uno no tiene la consistencia que tiene que tener.
—En marzo de 2022 se creó la ley que impedía que abusadores de menores tuvieran beneficios, ¿por qué el gobierno de Boric critica hoy esto, pero no prendieron la alerta en ese entonces?
—En 2022 fue el ministro Hernán Larraín el que presentó el proyecto de ley que evitaba o determinaba no entregarle beneficios a los delitos sexuales relacionados con los niños. ¿Por qué se hizo y por qué normalmente se reacciona de esta manera? Porque hay escándalos públicos. Esa es la desgracia del sistema. Aquí lo que debe hacerse es un análisis de si la ley opera bien, si no opera bien, si hay que hacer modificaciones. Pero eso se produjo en ese momento. Con esa nueva ley, el gobierno del Presidente Boric lo que hizo fue disputar con los tribunales, porque a una semana de haberse dictado la ley, los tribunales decidieron que seguía siendo un derecho y, por lo tanto, aquellos que estaban condenados antes del 2022 tenían derecho a salir de la cárcel. Entonces, lo que hizo el gobierno posterior fue disputar esa visión de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones para tratar de que la ley se cumpliera con el propósito que había salido del Parlamento. Entonces, en ese sentido, hubo una acción, y bueno, vino este proceso de hoy día, donde se produce otro escándalo, donde el ministro cambia de opinión, y eso es lo que yo creo que genera la mayor cantidad de discusión hoy día.
—Ahora, la defensa del ministro sostiene que durante el gobierno de Gabriel Boric se concedieron 276 rebajas por delitos sexuales, ¿cree que ese sector hizo todo lo posible por frenar esto?
—Yo estuve en el Ministerio y a mí me tocó lidiar con la ley un año, que fue entre el 2014 y el 2015. Hice todo lo posible. Di las instrucciones, busqué la manera de que mejoráramos y modificáramos el reglamento. Tenía una oposición interna muy fuerte dentro del ministerio, porque había opiniones distintas. Tenía a la Defensoría que dependía del ministro y que era la que impulsaba las demandas o los amparos en contra del propio ministro, entonces era una situación muy compleja y uno intenta ir modificando lo que corresponde en ese minuto. Yo creo que lo que le pasó al Presidente Boric es que salió la ley, estaba la ley y se trató de que, a través del mecanismo que corresponde, que era interpretar correctamente la ley, se lograra evitar lo que estaba pasando. Y ese es el propósito que tuvieron los ministros al rechazar estos beneficios. Lo que pasa es que finalmente se supone que esa ley era retroactiva, por lo tanto se debía aplicar a todos. No se logró cumplir a través de esta disputa ante los tribunales, sí se lograron ciertos fallos.
«Si el ministro hubiera continuado con la lógica de tratar de que los tribunales cambiaran la decisión, no habría pasado lo que está pasando hoy día«
—¿Pero, se hizo todo lo posible, entonces?
—En mi opinión, se hizo lo que había que hacer desde la perspectiva de defender una ley que tenía ese propósito. El problema es que esos fallos han sido mayoritarios pro condenados, pero algunos han sido correctos desde el sentido de que no se cumplían los requisitos. ¿Y dónde está la dificultad hoy día? Que al haber firmado el ministro administrativamente y en forma directa la libertad, valida desde la perspectiva de la institucionalidad, desde el Ministerio de Justicia, la opinión mayoritaria del Poder Judicial, que en opinión de todos está equivocada. Ese es el gran problema que enfrentamos hoy día. O sea, la responsabilidad anterior sí, que en todo caso lo hizo el ministro Larraín, a raíz de un escándalo público, que no fue a raíz del análisis de la ley, pero lo hizo. Luego, el gobierno del Presidente Boric hizo lo posible porque la interpretación fuera la correcta, y hoy día enfrentamos esta dificultad, que es grave, que es «como hay tantos fallos que dicen que van a salir en libertad, igual por economía procesal lo firmo». Eso yo creo que es un error.
—¿Debió el gobierno de Boric enviar una ley para subsanar el tema, cuando se dio cuenta de que la Suprema lo obligaba a rebajar penas de todas formas?
—Probablemente sí. Es decir, si yo me doy cuenta que tengo este problema, probablemente tendría que haberse hecho, no se hizo, y se produjo esto. Ahora, si el ministro hubiera continuado con la lógica de tratar de que los tribunales cambiaran la decisión, no habría pasado lo que está pasando hoy día, porque habría hecho lo que han hecho todos los ministros. La interpretación de la Corte Suprema, de los tribunales, es equivocada, es un error. Y aquí hay una forma de actuar que ha logrado que salga mucha gente cuando las normas son precisas para que esa gente no pueda salir. Si el ministro Rabat hubiera continuado con el procedimiento, es decir, voy a disputar ante los tribunales la interpretación, te aseguro que no tendríamos esta situación de hoy en día.
—La oposición está anunciando una acusación constitucional contra el ministro Rabat. Desde su experiencia como ministro de Justicia, ¿cree que hay fundamentos jurídicos para impulsarla, o más bien su responsabilidad debe resolverse en el plano político?
—Es difícil opinar si hay fundamento o no. No tengo todos los antecedentes que puedan tener aquellos que están estudiando la acusación constitucional. Yo sí tengo claro que el ministro tenía dos posibilidades desde la perspectiva de su obligación. Una es firmar los decretos y otra rechazar los decretos. Esa es una definición que no es legal ni es ilegal. Yo he escuchado al gobierno decir que no firmar el decreto era no cumplir la ley, no es cierto. Tenía esas dos alternativas (…). Lo que sí, las acusaciones constitucionales son políticas y producen efectos políticos. Por lo tanto, recuerdo cuando la ministra del Presidente Boric firmó los indultos del estallido social, se le acusó constitucionalmente. Se rechazó la acusación por, seguramente, falta de fundamento. En la situación actual puede pasar lo mismo o lo inverso, pero son acusaciones de carácter político. A veces puede haber argumentaciones excelentes en contra y, sin embargo, votan en función de la definición política. Entonces, no siempre es una acusación con la solidez jurídica que se requiere.
—¿Y le ve futuro a estas leyes que se están enviando para poder subsanar el tema y que sea retroactivo? ¿Eso se puede hacer?
—Se puede hacer, y creo yo que es el momento preciso para preocuparse de la ley completa, y no respecto de delitos particulares. Pero estuve leyendo el proyecto que presentó el Ejecutivo y no resuelve todo. Tenemos que lograr que nos juntemos todos para buscar la forma jurídica y administrativa que nos permita resolver el problema.
«Perfectamente se podría haber presentado antes una ley para evitar la retroactividad»
—¿Cómo se logra eso?
—Un tema que está ahí es modificar el reglamento de rebaja de condena. El reglamento que se dictó tiene una serie de conceptos equívocos y además un procedimiento que no cumple con lo que la ley pretendía.
—¿Por qué?
—Porque tiene una comisión constituida por un ministro de la Corte, tres jueces, un abogado del Ministerio de Justicia y dos peritos del Ministerio de Justicia, que según la Corte es soberana en la decisión de calificar. Pero resulta que esa comisión vota por mayoría. Esa comisión no está obligada a dejar claro por qué deja libre a la persona, si realmente cumple o no cumple todos los requisitos de educación, salud, trabajo, etcétera. Entonces, esa es una de las primeras modificaciones que hay que hacer. Hay que hacerla responsable. Si esa comisión es la que va a dejar libre a alguien que cometió delitos tan graves, que sea responsable de lo que está haciendo. Y hoy día es simplemente un checklist, hizo esto, hizo esto otro, me entregó Gendarmería la información. Entonces hay un cambio ahí bien profundo. Lo segundo es que no es una lista, porque hoy día es Gendarmería quien determina quién puede postular a la rebaja de condena (…), lo lógico es que los presos postulen, que hagan un cambio personal para rehabilitarse, entonces el sistema no puede ser tan permisivo. Ese es un cambio que tiene que ver con la estructura del funcionamiento del sistema y eso puede hacerse administrativamente, aparte de las leyes que hay que modificar y que yo creo que es posible.
—Ahora, si esto se puede subsanar para que no sea retroactivo, ¿también se podría haber hecho antes, durante el gobierno anterior?
—También, obviamente que si había una interpretación que no correspondía según el criterio de hoy y de ayer, se puede haber presentado antes, no hay duda. Pero ojo, no es que yo quiera escarbar en la responsabilidad de nadie, porque he sido lo más imparcial. Pero tienes razón, perfectamente podría haberse hecho antes, presentar una ley clarísima para evitar la retroactividad, evitar que los que fueron condenados hasta el 2022 salgan en libertad. Pero vuelvo a decir que todas estas cosas, desgraciadamente, se producen por las denuncias de los medios, las denuncias públicas, por hechos concretos. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener una ley como esta?
—¿Y cuál es el camino?
—Tengo dos alternativas, meto a la gente presa 10 años, la dejo adentro y no hago nada, o hago un esfuerzo para que eso resulte, que la persona haga esfuerzos para rehabilitarse. La otra alternativa es derogar esta ley. Pero antes de hacer eso, habría que analizar si la ley tuvo algún beneficio o un impacto positivo en los procesos de rehabilitación, de reinserción, de tranquilidad o no de las cárceles. Eso hay que mirarlo, porque si la sociedad decide darle beneficios a alguien y el resultado es malo porque está saliendo gente que no corresponde, bueno, habría que tomar a lo mejor una decisión drástica y deroguemos la ley o establezcamos otro sistema. Entonces, yo creo que la discusión de si este tuvo razón o no es la que tenemos que tratar en este minuto de resolver para no tener que enfrentarnos a esta dificultad que es tan grave, que uno la mira desde el interior, a mí me tocó, pero también desde la perspectiva de la víctima, de la sociedad. Entonces, yo llamo a ser muy preciso en lograr cambios radicales si son necesarios.