En síntesis
- La directora del Liceo Manuel Barros Borgoño, Victoria Corvalán, recibió amenazas de muerte y de ser quemada viva por parte de estudiantes encapuchados durante episodios de violencia ocurridos el 8 de octubre, que incluyeron ataques incendiarios y el bloqueo de accesos al colegio.
- Carabineros intervino en el liceo tras los incidentes violentos, deteniendo a 10 personas, entre ellas ocho estudiantes menores de edad y dos adultos, uno de ellos un apoderado con antecedentes penales, y se incautaron elementos peligrosos como bidones con bencina y bombas molotov.
- El 13 de octubre, un grupo agresivo de apoderados irrumpió violentamente en el liceo, causando maltrato psicoemocional y físico a la directora, al subdirector y a asistentes de la educación, además de interrumpir clases e incitar a la violencia dentro del establecimiento.
Graves episodios de violencia por parte de grupos reducidos de estudiantes, y también de apoderados, se han registrados en los últimos días en el Liceo Manuel Barros Borgoño. Además de los ataques incendiarios que protagonizaron jóvenes vestidos con overoles blancos el jueves 8 de octubre -y que dejaron a ocho alumnos y dos personas externas detenidas, uno de ellos apoderado-, el martes un conjunto de padres y madres irrumpió en la institución para hacer reclamos a la directiva. En medio de todo esto, la directora del colegio, Victoria Corvalán, ha sido blanco de amenazas a viva voz y mediante rayados, tanto de ser quemada, como de muerte.
Parte de esa información está contenida en un comunicado que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro difundió el viernes 9 de octubre, así como en una «Información Oficial» que se publicó el miércoles en la cuenta oficial en Instagram del Liceo Manuel Barros Borgoño.
«Se reportó que integrantes del equipo directivo fueron amenazados de muerte al intentar abrir los accesos de evacuación», se indica en el documento del SLEP.
En el informe que emitió el colegio se aportan más detalles: «encapuchados amenazaron de muerte a la directora, apuntándole directamente con una bomba molotov con la advertencia explícita de quemarla viva si abría la puerta, intimidación que extendieron al resto de funcionarios presentes».
Integrantes de esa comunidad educativa que accedieron a hablar con El Líbero, relataron que en la jornada de violencia del jueves 8 de octubre uno de los estudiantes encapuchados le gritó a la directora, a muy corta distancia y frente a todos los presentes, «te voy a quemar hasta que renuncies», «te voy a matar».
Otro testigo aseguró que a la directora también le gritaron: «te vamos a pasar por el pi… y te vamos a matar», «te vamos a tirar bencina, te vamos a quemar entera», «nos vamos a quemar todos acá adentro y vamos a dejar la c…».
Este medio también tuvo acceso a la foto de una de las murallas del liceo (ver imagen de portada), en la que escribieron con plumón: «Victoria hija la pu… Facista (sic) CTM. Ke (sic) viva la violencia jiles cu… Victoria voy a matarte».
Quienes facilitaron la imagen aseguraron que el rayado fue hecho una semana antes de la manifestación incendiaria del 8 de octubre. Indicaron que la muralla la hicieron pintar al día siguiente.
«Fue una especie de secuestro dentro del colegio»
Personas de la comunidad educativa del Liceo Manuel Barros Borgoño contaron a El Líbero que las amenazas a Corvalán y a otros trabajadores las profirieron a gritos estudiantes encapuchados cuando esos funcionarios se acercaron a las rejas que dan acceso al liceo por la calle San Diego, parar tratar de quitar las cadenas y los candados con los que los manifestantes habían cerrado. El objetivo de los jóvenes, algunos de los cuales tenían máscaras de payasos, era evitar que pudieran ser evacuados los alumnos que no estaban envueltos en los hechos de violencia.
De acuerdo con esos relatos, los violentistas también bloquearon con fierros de mesas el acceso que tiene el colegio por la parte de atrás -por la calle Zenteno-, e incluso otro que normalmente no se ocupa, el llamado «de Junaeb», que da hacia el casino y que en un determinado momento algunos funcionarios emplearon sigilosamente para tratar de evacuar a estudiantes que no estaban involucrados, tratando de resguardar su integridad.
«Hubo un momento en el que tuvieron encerrados a todos, a estudiantes, a las directivas, a docentes, a asistentes de la educación. Fue una especie de secuestro dentro del colegio», contó un miembro de esa comunidad.
SLEP: «Ante la gravedad de la situación, se produjo la intervención de Carabineros, que culminó con la detención de 10 personas»
En el comunicado que emitió el SLEP Santiago Centro un día después de estos hechos se indica que «cerca de 15 personas encapuchadas pusieron en riesgo la seguridad de la comunidad educativa mediante el bloqueo de las salidas de emergencia, la manipulación de artefactos incendiarios y ataques contra Carabineros en el exterior».
«Ante la gravedad de la situación, se produjo la intervención de Carabineros, que culminó con la detención de 10 personas», se señala en ese mismo documento.
En redes sociales, cuentas que apoyan las manifestaciones estudiantiles han asegurado que el ingreso de los uniformados fue violento y que hubo agresiones a alumnos y algunos profesores.
Esto fue desmentido en el informe que publicó el colegio en su cuenta en Instagram. «Ningún estudiante fue agredido. Los controles de identidad se realizaron de forma pacífica y bajo la observación directa de funcionarios del liceo. Se reitera que una vez que Carabineros ingresó a los espacios centrales del liceo, no existió en ningún momento actos de violencia o algún procedimiento violento y agresivo hacia algún estudiante o funcionario. La Dirección inmediatamente se dirigió a la Comisaría para acompañar a los estudiantes en el procedimiento, donde carabineros informó de que se garantizó con rigurosidad la seguridad de los estudiantes involucrados en el control, en todo momento», se especifica en el documento.
«Las publicaciones en redes sociales que acusan golpizas, detenciones arbitrarias masivas o torturas dentro de las salas de clases carecen de sustento fáctico, registros reales o respaldo de medios audiovisuales, constituyendo falsedades destinadas a desestabilizar la convivencia institucional (…). No existe ninguna evidencia gráfica o audiovisual de violencia policial contra estudiantes,
funcionarios o apoderados al interior del establecimiento porque no ocurrió», se agrega.
Desde el SLEP respondieron, con respecto a las denuncias de supuesto maltrato por parte de Carabineros al interior del liceo, que «no se constataron personas lesionadas ni daños a la infraestructura».
Lo que sí, es que cuando ingresaron a la institución educativa, carabineros incautó entre otros elementos, dos bidones con bencina, máscaras y mechas. Algunas imágenes de lo hallado fueron incluidas en el informe que publicó el liceo.
15 años tiene el estudiante imputado por las amenazas a la directora
El Líbero constató que las 10 detenciones realizadas fueron declaradas legales. De los ocho estudiantes detenidos -siete de ellos menores de edad-, uno, de 15 años, fue imputado por el delito de amenazas; otro, también de 15 años, por arrojar artefactos incendiarios; y otro, de 17 años, por desórdenes públicos.
Estos tres menores quedaron sometidos a medida de sujeción al Sename y el primero de ellos, a prohibición de acercarse de forma violenta a las víctimas, es decir, a los funcionarios a los que aseguran que amenazó de muerte, entre ellos la directora del liceo.
Los otros cinco alumnos detenidos (uno de 18 años, tres de 17 y uno de 14) fueron apercibidos, es decir, quedan con investigación abierta y a la espera de ser citados.
El apoderado detenido por maltrato de obra a carabineros con lesiones graves, que ya había estado ante la justicia
Además de los ocho alumnos detenidos, en la jornada de violencia del 8 de octubre fueron capturados y presentados ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago otras dos personas adultas, una de ellas, de 42 años de edad, apoderado del estudiante al que imputaron por desórdenes públicos. El otro era un sujeto de 31 años.
De acuerdo con lo relatado en la audiencia, estas últimas dos personas fueron aprehendidas cuando, usando la violencia, intentaron obstaculizar la detención del referido menor. Ambas quedaron con prohibición de salida del país, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas, es decir, a los carabineros afectados.
Si embargo, la audiencia en la que fue judicializado el apoderado en cuestión no ha sido la única de naturaleza penal en la que ha sido presentado, según la información que arroja la página del Poder Judicial y que es de acceso público.
El Líbero -que cuenta con las identificaciones de todos los detenidos, pero se reserva el derecho a no publicarlas- revisó los casos de los 15 juzgados de garantía de Santiago y halló uno en el que figura el hombre.
La causa, que fue sobreseída más de dos años después, se abrió en febrero de 2022 ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago y en los documentos que aparecen en línea se indica que el hombre fue apercibido y quedó con investigación abierta por los supuestos delitos de tráfico de pequeñas cantidades y cosechas de especies vegetales productoras de estupefacientes. En ese entonces quedó sometido, igual que ahora, a firma mensual y arraigo nacional.
“Funcionarios de Carabineros a través de una denuncia anónima, concurren por llamado hasta (este medio omite la dirección) comuna de El Bosque, lugar donde se denuncia mantener plantaciones de marihuana, contactándose con los propietarios del mismo, entre ellos el imputado autorizándose el registro del mismo, encontrando al interior 20 plantas de cannabis sativa de 2.64 metros de altura aproximadamente y la más pequeña de 1.17 centímetros, 06 ramas de cannabis sativa y 14 bolsas de nylon transparentes con 42 gramos de dicha sustancia, sin tener permiso o autorización competente para mantener la droga en su poder”, se detalla en el expediente.
En junio de 2023 se decretó la suspensión condicional del proceso por un año, siempre que el hombre, entre otras condiciones, «autorizara la destrucción de las especies incautadas», así como que realizara una donación a una fundación, por valor de 100.000 pesos. Desde ese momento se le suspendieron las medidas cautelares y en junio de 2024 se dictó el sobreseimiento definitivo de la causa.
Los apoderados que el martes ingresaron «violenta e intempestivamente al liceo», incluido el que ya habían detenido
En el mencionado «Informe Oficial» que el Liceo Manuel Barros Borgoño publicó el miércoles en su cuenta en Instagram, se da cuenta de otro suceso, aseguran que de violencia, ocurrido al interior de la institución un día antes, el martes 13 de octubre.
«Un reducido y agresivo grupo de apoderados y externos activistas, ingresó violenta e intempestivamente al liceo, por el sector de Zenteno, sin autorización alguna. Casi todas estas personas son apoderados de algunos integrantes del Centro de Estudiantes y, además, son apoderados de estudiantes con debidos procesos, de acuerdo al Reglamento Interno y la norma vigente (…). La directora recibió un brutal maltrato psicoemocional y físico por más de 2 horas, desde que se congregaron hasta que ingresaron al liceo. Estas agresiones se extendieron al subdirector y los asistentes de la educación», se señala.
De este hecho quedaron registros audiovisuales que fueron compartidos en redes sociales.
Volviendo con el informe, en el mismo se menciona al apoderado que ya el jueves 8 de agosto había sido detenido y posteriormente judicializado, como parte del grupo que ingresó al colegio.
«El apoderado (este medio omite el nombre) comenzó a golpear con extrema agresividad las puertas de las salas de clases de Zenteno, vociferando a los estudiantes que estaban adentro ‘que salgan todos, esto es una funa, apoyen’, interrumpiendo las clases, incitando a la violencia y lo más grave, exponiendo a los estudiantes a una situación de extrema inseguridad», se indica en el informe.
Entre los padres y madres que según el informe del liceo irrumpieron en las instalaciones se encuentra no solo el papá del estudiante judicializado por desórdenes públicos el 8 de octubre, sino también la mamá, que en el documento se menciona entre las personas que fueron «particularmente agresivas, violentas y groseras».
Al ser consultados al respecto, desde el SLEP rechazaron lo ocurrido y anunciaron que ejercerán las acciones correspondientes ante el Poder Judicial.
«En el contexto de estos hechos, se generó un segundo episodio donde apoderados y adultos externos a la comunidad del Barros Borgoño, ingresaron a las instalaciones sin autorización y con el objetivo de increpar a la directora y su equipo. Desde el SLEP Santiago Centro repudiamos categóricamente estas conductas y es por ello por lo que presentaremos las acciones legales correspondientes en contra de los adultos que ya han sido identificados», respondieron al ser consultados por El Líbero.
El SLEP explicó que desde que es sostenedor, lo que ocurrió en enero de este año, han implementado medidas como apoyo técnico y acompañamiento a los equipos directivos, identificación de puntos críticos e implementación de medidas preventivas en el establecimiento, una mesa de trabajo con representantes de la comunidad educativa para avanzar en mejoras de infraestructura y otros temas de preocupación de la comunidad, así como atención psicosocial prioritaria a docentes y asistentes de la educación a través de la Asociación Chilena de Seguridad.
Ya el pasado 10 de octubre presentaron querella de carácter reservada por los hechos de violencia que habían ocurrido en el liceo dos días antes.
Al preguntarles si los estudiantes imputados por los hechos del 8 de octubre están siendo sometidos a procedimientos por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar o por alguna norma en vigencia, para estudiar su posible expulsión, respondieron que «se abrieron diferentes procedimientos para todos los involucrados en hechos de violencia, así como lo hemos hecho en todas las situaciones que hemos tenido en el territorio».
Docentes investigados administrativamente «por encubrimiento de los hechos de violencia»
Otro asunto que dio a conocer el SLEP es «debido a denuncias, también se efectuó la suspensión preventiva de funciones de dos docentes por encubrimiento de los hechos de violencia».
Integrantes de la comunidad educativa del liceo relataron a El Líbero que cuando Carabineros ingresó a una de las salas había allí estudiantes que no se correspondían con los de ese curso. «Eran mayores y además estaban pasados a bencina. Era como si los hubiesen dejado entrar parar esconderlos, para resguardarlos», aseveraron.