En julio de 2023 asumió formalmente la nueva directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado (PC). La médico cirujana de la Universidad de Chile llegó vía Alta Administración Pública (ADP) al cargo, pero su arribo data de diciembre de 2022, cuando la nombraron coordinadora de la subdirección médica y al otro día se convirtió en la subdirectora médica subrogante.
Desde entonces Prado acumuló varios reclamos ante Contraloría por supuestos actos ilegales, acoso y maltrato laboral, lo que decantó en que el 26 de septiembre ese organismo le pidiera a la Subsecretaría de Justicia que evaluara abrir un sumario en su contra.
Sin embargo, este 18 de octubre, la Subsecretaría de Justicia decidió no dar curso a una indagatoria interna.
“En virtud de lo expuesto, y de los antecedentes que se han tenido a la vista, no se aprecian elementos que pudieran involucrar la responsabilidad administrativa de la jefa de Servicio”, dice la respuesta de la institución de la que depende el SML y que fue firmada por la subsecretaria subrogante, María Ester Torres, no por el titular Jaime Gajardo (PC), dado que estaba en el Congreso en Valparaíso. Según los funcionarios denunciantes contactados por este medio, desde su llegada Prado se jactó de ser cercana a Gajardo.
Consultado un dirigente de una de las asociaciones del SML, sostuvo que la decisión es “una muestra más de demagogia institucionalizada. El Gobierno que se autodenomina feminista le da un golpe a las mujeres del SML, una institución que debe constatar lesiones por abuso es promotora de los abusos al interior de su misma estructura. ¿Podemos darle confianza a las mujeres que acuden al SML a denunciar violencia cuando aquí se auspicia esa misma violencia? Es vergonzoso, aquí se violan derechos humanos básicos, pero eso no importa si no genera dividendos políticos”, dijo en referencia a que la mayoría de las denunciantes son mujeres.
El Líbero quiso conocer la versión de la dirección del SML, pero declinaron a responder las consultas.
Nuevos reclamos y la amenaza de «externalizar» procesos
El 4 de septiembre pasado, El Líbero publicó una noticia sobre los cinco reclamos por maltrato laboral que existían contra Prado en Contraloría a poco más de un mes de su nombramiento y que dieron paso a la solicitud de Contraloría a la Subsecretaría, pero no fueron los únicos.
Desde entonces, se han sumado al menos cuatro consultas y un reclamo en el organismo fiscalizador, además de una causa por despido injustificado. Esta vez los escritos también se refieren a actuaciones de los colaboradores más cercanos a Prado por faltas a la probidad e incumplimientos (ver abajo), además de consultas respecto a decisiones administrativas tomadas en su gestión.
Funcionarios del SML relataron a este medio que desde que se supo públicamente de los reclamos por actos ilegales, gritos, insultos, aislamiento y otros, Prado ha estado distante. Evita compartir demasiado con los trabajadores que estaban antes que ella en la repartición y si puede evadir un saludo directo y cercano, lo hace.
Con los profesionales del SML la relación no es mejor. Una de las consultas reiterativas a Contraloría ha sido sobre la obligación de los médicos y peritos de marcar asistencia, dado que por la naturaleza del trabajo del servicio, había cierta flexibilidad horaria que terminó de existir con la asunción de Prado. Desde entonces “se empezó a armar un enredo” que habría terminado con que esta administración no les estaría pagando turnos ni reemplazos. ¿Consecuencia? al menos tres turnos de la unidad de sexología forense vacíos. En esos casos, dicen fuentes a El Líbero, la dirección determinó informar a los fiscales que no se derivaran casos de delitos sexuales al recinto.
Esto se repetiría en regiones, donde aún hay direcciones vacantes y otros funcionarios han debido hacer subrogancias que se les han puesto cuesta arriba por el no pago de viáticos “y nadie puede sostener dos casas. Jamás había visto una falta presupuestaria tan grande en el SML”, relata una persona que trabaja hace más de 20 años en el servicio. Este medio consultó por esta situación al SML, sin éxito.
Según dirigentes de los trabajadores, la nueva dirección “no entiende la actividad y cultura” del tipo de trabajo que se realiza en el servicio y cada vez que se le manifiestan estas dificultades, Prado “amenaza con externalizar” procesos técnicos, “lo cual pone en grave conflicto a la justicia, no solo por los costos que ello implica, sino que por el peligro de la imparcialidad de sus resultados. Desconocemos qué existe detrás de esta estrategia”, manifestaron las asociaciones de funcionarios en agosto.
En el caso de la Asociación de Profesionales, su presidente, el doctor Pablo Araya, se manifestó molesto porque en julio le envió una carta al ministro de Justicia, Luis Cordero, expresando su desazón ante la negativa de poder tener una audiencia para tratar estos temas que ya estaban complicando al servicio. Pasados tres meses, aún no logran esa reunión.
Cuestionamientos a su círculo cercano
Prado milita en el PC desde la década de los 90. Fue secretaria general y de comunicaciones de la Federación Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y en 1998 se convirtió en la primera mujer presidenta de la organización. En ese tiempo conoció al actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) y, antes de llegar al SML, se desempeñó como directora del Cesfam Quinta Bella de Recoleta.
Anteriormente lo hizo en Asuntos Estudiantiles y Bienestar estudiantil de la Universidad de Chile. De las redes que hizo en esos tiempos, sacó al personal de confianza que se llevó a trabajar con ella al SML sin concurso, pese a no tener el cargo legal para contratar personal «de confianza»: a la ex subdirectora de Programación de Michelle Bachelet, María Eugenia Paris (en la recientemente creada área de comunicaciones, participación e imagen institucional) y a su jefa de gabinete, Carla Peñaloza, con quien tiene una amistad desde la universidad.
Sobre ella también consta una denuncia en Contraloría por incompatibilidad de funciones y presuntas faltas a la probidad. Ahí se asegura que, por lo menos en mayo, Peñaloza habría trabajado en paralelo tanto en la Universidad de Chile (grado 6) y en el SML (grado 4), y que por lo menos en el servicio, no estaría cumpliendo con las 44 horas semanales trabajadas. La denuncia está en análisis.
El Líbero revisó las contratas de los últimos meses en la universidad (agosto) y del SML (septiembre) y Peñaloza aparece trabajando en ambas instituciones. Incluso desde junio, en el SML se le paga asignación por función crítica, monto por el que según la ley, se requiere dedicación exclusiva del funcionario.
Asimismo, existe otra consulta por posibles irregularidades sobre la nueva fiscal del SML nombrada por Prado, Nora Bravo, pues desde el 6 de octubre de 2022 patrocina una demanda contra la Municipalidad de La Serena, pese a que la ley indica que un funcionario público no puede representar a un tercero para tomar acciones civiles contra un organismo de la administración del Estado. Además, también percibe pago por función crítica, es decir, debe trabajar con exclusividad para el SML.
Bravo quedó a cargo de la recién creada Fiscalía del SML, que vino a reemplazar la eliminada Unidad Jurídica. Este cambio, denuncian en regiones, derivó en que sumarios sean sobreseídos y no se decidan, por ejemplo, traslados. En regiones hay denuncias de acoso y de maltrato laboral.
Además, desde el 1 de agosto trabaja como abogada (grado 5) la ex jefa de gabinete de la Subsecretaría de Justicia, sobre quien también pesaban acusaciones de hostigamiento y prácticas antisindicales.
La compleja llegada de la ex jefa de gabinete de la Subsecretaría de Justicia al SML
Paulina López es abogada, militante del PC, exdirectora de la Comisión de Asesorías y Capacitaciones de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) y consejera del Colegio de Abogadas y Abogados de Chile.
Llegó a la Subsecretaría de Justicia en marzo de 2022 y según consta en una carta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia del 22 de marzo de este año, dirigida al ministro Luis Cordero, al subsecretario Jaime Gajardo (PC) y otros funcionarios; López habría incurrido en acciones que “buscan debilitar la labor sindical”, en su trato contra dos dirigentas.
En un caso, la denunciante preguntó a qué se debía el traslado del que estaba siendo objeto, pero López, “con una actitud altiva, hizo callar a la dirigenta, manifestándole que no era su labor relacionarse con los funcionarios”. En el segundo caso, dice la misiva, sacó a una funcionaria de parte de sus obligaciones en participación ciudadana, pero sin informarle directamente. Esta última se desempeñaba en atención ciudadana antes de ser electa.
Incluso existe una carta de una tercera mujer que la acusa de “menoscabo personal, hostigamiento laboral” y menoscabo psicológico al pedirle “evitar enviar correos instituciones externas, participar en temas técnicos de mi área, y se redujo a la totalidad mi participación en reuniones y las labores técnicas”, lo que no le había pasado en sus 10 años en el lugar y que se habría sumado a llamadas semanales para criticarla con otros funcionarios y su jefe. Este caso lo hizo saber a gabinete en julio, que fue el mes en que López abandonó Justicia.
Según la Asociación de Funcionarios, en los primeros dos casos, la denunciada “desea evidenciar la capacidad que tiene de ostentar su jerarquía, tomando decisiones que afectan a personas, pero no considera importante o necesario informarles y menos explicarles, a esas personas, los motivos de sus decisiones. Ello, con el claro propósito de minimizar a la persona afectada y su labor. Además, expone gratuitamente al escrutinio y rumores de pasillos, victimizando y revictimizando a quienes han sido afectadas por sus determinaciones unilaterales (…). Lo anterior, configura una nueva práctica antisindical, que en pocos meses se repite, en circunstancias de que tales prácticas nunca se habían producido en la Subsecretaría de Justicia”.
Sin sumario porque «no hubo denuncia formal»
¿Qué pasó con esto? Tampoco hubo sumario y desde el 1 de agosto López comenzó a trabajar en el SML, hasta donde llegó con un avanzado estado de embarazo por el que ya salió de prenatal.
El 6 de abril los funcionarios pudieron reunirse con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Allí le manifestaron “que todo avance en materia de buen trato, se ve frustrado con el actuar de su Jefa de Gabinete, cuyo trato y forma de actuar, no son buenos”. Agregaron que el problema sólo era con López y “le recordamos al señor subsecretario que desde que asumió el actual directorio, hemos hecho presente, en más de una oportunidad, la necesidad de avanzar hacia un adecuado ambiente laboral”.
Según un informativo que envió la asociación el 13 de abril, Gajardo respondió que no existía un “ánimo antisindical en nadie de su equipo directo, que han habido malos entendidos y es necesario progresar en una mejor comunicación para evitar dichas situaciones. Agregó que a las personas de su confianza corresponde designarlas y removerlas a él y no existiendo denuncias formales, su jefa de gabinete continuará en el cargo”. Pero eso duró poco más de dos meses y la trasladaron al SML, que según sus propios funcionarios, viven los días más tensos “de todos los gobiernos por los que hemos pasado”.
Bueno, una lástima, pero, no está demás en esa experiencia laboral conocer de cerca, en vivo y directo como son los comunistas….