La continuidad de la consulta indígena se juega cada 15 días. Tras su suspensión el pasado 29 de septiembre, el proceso quedó truncado sin siquiera completar la primera de sus cinco etapas. Pese a este estancamiento, el despliegue realizado entre agosto y septiembre —que sumó 71 reuniones— ya le costó al Estado $389.042.665. Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) a El Líbero, el monto fue pagado a Dictesur Ltda., firma que se adjudicó la licitación para la producción de los encuentros.
Dicha licitación, gestionada por la Subsecretaría de Servicios Sociales, se pactó por un total de $1.008.500.000. Desde el ministerio explicaron que, previo a la suspensión, solo se había ejecutado parcialmente la primera fase (planificación), bajo el marco del Decreto Supremo N° 66, del año 2013, que regula las consultas indígenas. Estos encuentros se concentraron en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, zonas a las que se circunscribe la consulta.
Respecto al destino de los fondos restantes, el ministerio que dirige la ministra Javiera Toro aclaró que el contrato funciona contra servicio prestado. “En el evento de que la consulta no continúe, los recursos sobrantes serán restituidos por el MDSF al Tesoro Público, tal como indica la normativa vigente”, precisaron.
Un rechazo de base
Desde el inicio, la consulta indígena no contó con el respaldo de las comunidades mapuche. De los encuentros planificados entre el 13 y el 30 de agosto, cinco debieron ser reprogramados.
Cuando se acordó la suspensión en septiembre, las comunidades manifestaron críticas transversales: plazos demasiado acotados que afectaron la convocatoria, canales de difusión insuficientes y cuestionamientos sobre el mecanismo de reparación de tierras.
Para Richard Caifal, director del Centro de Políticas Indígenas Rakizuam y exgobernador de Cautín, el problema fue tanto de fondo como de forma. «Lo más importante es consensuar que la Ley Indígena requiere una actualización y que el programa de tierras necesita mejoras sustanciales para superar la pobreza en La Araucanía», explica. A su juicio, existió una falla crítica de comunicación: «Hubo una descoordinación entre el encargado de seguimiento, Fabián Salas, el delegado presidencial y el encargado del Plan Buen Vivir; comunicaron cosas muy distintas. Ante eso, los dirigentes optaron por el rechazo».
Caifal ve «poco probable» que el proceso se retome en lo que resta de la administración de Gabriel Boric: «Será el próximo gobierno el que deba tomar la bandera de una instancia que apunte a mejorar la ley y elaborar una hoja de ruta. Este gobierno no tiene la voluntad ni la capacidad; el proceso que llevaron adelante fue un desastre».
En el espectro político, la continuidad de la consulta también suma detractores. El diputado electo por La Araucanía, Cristián Neira (Republicano), sugiere abandonar definitivamente el proceso. «Es una pérdida de tiempo y recursos. Se ocupan miles de millones de pesos que podrían beneficiar directamente a la gente de la región, una de las más pobres de Chile», sostiene.
En una línea similar, el diputado electo Tomás Kast (Evópoli) cuestiona el proceso: «Creo que el acuerdo de tierras y de paz está mal diseñado y, por lo mismo, no tiene mucho futuro. Seguir profundizando esa línea de trabajo no va a resolver los problemas de fondo que tiene la región».
Por otro lado, la consejera mapuche ante Conadi, Ana Llao, también ha sido crítica del proceso y, según reseñó el diario El Austral de La Araucanía, Llao afirmó: «La consulta debe cerrarse, y punto». A su juicio, reseñan, la Comisión para la Paz y el Entendimiento operó como un mecanismo para cerrar las demandas de restitución de tierras, sin entregar soluciones estructurales. Llao indicó que de las 71 reuniones realizadas, solo en 20 decidieron avanzar. En el caso de La Araucanía, dijo, se llevaron a cabo 29 reuniones, con apenas seis a favor de avanzar y 23 en rechazo, cifras que, a su juicio, evidencian la falta de legitimidad del proceso.
La estructura detrás de la suspensión
La responsabilidad de prolongar la pausa recae directamente en el Ejecutivo, a través de una gestión conjunta entre los ministerios de Desarrollo Social e Interior, carteras encargadas de convocar el proceso. En esta articulación, la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes (UCAIA) y la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento elaboran, cada 15 días, los informes técnicos que respaldan la continuidad o el cese temporal de la consulta.
Según la resolución exenta N°557 del 3 de diciembre —publicada al día siguiente en el Diario Oficial—, durante los últimos meses se han desplegado acciones para evaluar la reanudación del proceso. Esto incluyó un despliegue territorial en Chiloé, Temuco y Lonquimay durante noviembre, con el fin de sostener diálogos con comunidades y autoridades ancestrales del pueblo mapuche. Según el documento, estas instancias buscan «mejorar las condiciones necesarias» para retomar la consulta.
Fabián Salas, encargado de la Unidad de Seguimiento, explicó que el proceso se detuvo para «preparar mejores condiciones y confianzas», recogiendo las preocupaciones de las comunidades. «Consideramos que este proceso debe tomar el tiempo que las comunidades estimen necesario para generar las condiciones que permitan continuar con la consulta, ya sea en este gobierno o en el siguiente», señaló Salas a Radio Biobío.
No obstante, al menos durante el resto de 2025, la consulta no se reanudará. La UCAIA detalló en la resolución del 3 de diciembre que el inicio del ciclo ceremonial del Nguillatún, Lepún o Kamarrikún es un impedimento logístico y espiritual. Al ser ritos de alta relevancia colectiva que exigen preparación previa y movilización territorial, el compromiso socio-religioso impide a los participantes integrarse a otras actividades.
Finalmente, se concluye que “aún no resulta posible verificar la concurrencia de las condiciones requeridas para la continuación del proceso suspendido, lo cual resulta del todo verosímil por cuanto existen numerosos antecedentes que dan cuenta de que persisten las dificultades para su correcta ejecución”.
El proveedor de la consulta indígena
En el proceso de licitación para la producción de los encuentros, se presentó una única oferta: la de la empresa Dictesur Limitada. Según su descripción institucional, la firma nació en 2009 con el objetivo de ofrecer servicios de producción integral de eventos «de la más alta calidad profesional y técnica».
La propiedad de la empresa, según los registros de Mercado Público, se divide entre Héctor Álvarez Iturra y José Álvarez Fuentes, quien además ejerce como administrador. La gerencia general, en tanto, está a cargo de Tatiana Soto Vásquez.
Más allá de este contrato específico, las cifras de la compañía revelan una consolidada relación con el sector público. Solo durante 2025, Dictesur Ltda. ha transado con el Estado un total de $11.413.935.950. Esta facturación se ha materializado a través de 80 licitaciones y 626 órdenes de compra, según los datos abiertos de ChileCompra.
En cuanto a los $1.008.500.000 licitados para la consulta indígena, se consideraron aspectos como la disponibilidad de espacios, alimentación, traslados y equipamiento.
“Un nuevo sistema de tierras”
La consulta es “por un nuevo sistema de tierras mapuche”, a ser desarrollado en las cuatro regiones de la Macrozona Sur, tomando como base la propuesta de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
El corazón de la consulta radica en revisar la Ley Indígena, en lo concerniente al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, que permite reparar a las comunidades que alegan que han sufrido un desmedro de su territorio. Sin embargo, el sistema actual ha demostrado ser ineficiente. Según estimaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, al ritmo de compra histórico, el Estado tardaría entre 86 y 162 años en resolver la demanda de más de 700 comunidades que a la fecha cuentan con aplicabilidad y las más de 1.200 que esperan el reconocimiento de su problema de tierras.
En las últimas tres décadas se han adquirido 230.563 hectáreas, lo que ha representado para el Estado un costo que supera los US $1.017 millones. Entre 1994 y 2024, el 99,59% de las compras de tierras se realizaron en solo cuatro regiones: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En los últimos cinco años, no se ha registrado ni una sola adquisición fuera de la Macrozona Sur.
La reforma que se pretende consultar busca agilizar estos plazos mediante un «nuevo sistema de tierras». Aunque mantiene el principio de que las tierras indígenas son inalienables e inembargables, la propuesta introduce cambios sustanciales como nuevos procedimientos de reparación, y permite –bajo ciertas condiciones– contratos de usufructo por un plazo máximo de 25 años.
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