Como un “duro golpe” a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) calificaron desde la Macrozona Sur el operativo de la PDI, en conjunto con la Armada, que llevó a la detención de 11 personas vinculadas con está orgánica radicalizada. La RML opera en el cono sur de la Provincia de Arauco y, en lo que va de 2023, se han adjudicado 13 atentados terroristas.

Ignacio Castillo Val, director de la unidad especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional indicó en ADN Radio que “se detuvo a parte de la organización, incluyendo a dos funcionarios policiales (…). Esto da cuenta de algo que nosotros ya habíamos visto, que es la relación entre la sustracción de madera y las organizaciones radicales de la zona”.

Y es que efectivamente este caso da cuenta del vínculo que existe entre las orgánicas radicalizadas que operan en el sur y el delito de robo de madera. 

Fuentes consultadas por El Líbero explican que está investigación se desarrolló durante más de dos años y la hebra que permitió estas detenciones fue la captura de Rodrigo Ormeño, apodado como “el Mentolato” (ver su historia aquí), ocurrida en octubre de 2022. Ormeño actualmente se encuentra en prisión por los delitos de robo con intimidación, amenazas y sustracción de madera, a la espera del juicio. 

“Básicamente el Mentolato le pagaba a la Resistencia Mapuche Lafkenche por protección”, dice la fuente a El Líbero, en condición de anonimato por seguridad. Explica que la alianza se gestó en la zona de Yani, en la comuna de Arauco. Allí hay un predio forestal, de alrededor de 1.700 hectáreas, que pertenece a Forestal Arauco, el que estuvo capturado casi por dos años por mafias de robo de madera.

“Empiezan a sacar madera y el Mentolato se encargaba de facilitarle armas y soldados a la RML en apoyo, o sea, se unían. Tenían un enemigo común, digamos, una bandera de lucha”, afirma la fuente. “Desde entonces no se soltaron. Siguieron trabajando en ‘operaciones’, en  atentados juntos, y el líder por el lado civil era el Mentolato y por el otro lado estaba la RML, que igual se mezclaba con otras orgánicas como la WAM y la RAM”.

De hecho, parte de este nexo quedó en evidencia cuando Gendarmería informó sobre un intento de fuga de Ormeño del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción. “Se trata de un interno reincidente, de alto compromiso delictual, de alta trascendencia en el mundo del hampa, interno que fue detenido dentro del marco de una investigación policial, de larga data, cuya organización criminal es fuerte y compleja, con un alto poder adquisitivo, lazos que el interno mantiene vigentes, por estar ligado al conflicto mapuche”, decía entonces el informe de Gendarmería sobre Ormeño.

Nueve de los once imputados. Faltan en la foto los dos relacionados con carabineros.

Y si bien la investigación hace énfasis en la relación de estos 11 imputados con la detención en diciembre del año pasado de Celso Fonseca Rivas, conocido como “El Conejo”, que también lidera una banda dedicada al robo de madera, las fuentes conocedoras del tema indican a este medio que aguas arriba quien actuaba era Ormeño. Del mismo modo se señala que Fonseca “está ligado a la RML por conveniencia y cooperación logística”.

La RML y el robo de madera

Durante la formalización de los 11 imputados llevada a cabo en el Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue, el fiscal Juan Yáñez, con dedicación exclusiva en los temas de violencia rural, expuso la vinculación de los detenidos con una organización criminal dedicada a la sustracción de madera, y les atribuyó el delito de asociación ilícita. 

Además, en la audiencia se dejó en claro que los hechos forman parte de una investigación más amplia que lleva a cabo la Fiscalía. 

De acuerdo con los antecedentes presentados por el fiscal, todos estaban involucrados en una organización liderada por Celso Fonseca dedicada a la sustracción de madera de distintos predios y además vinculada a otras irregularidades como disparos y amedrentamiento a empleados forestales; una investigación por el delito de robo con violencia, y hechos vinculados con la ley de control de armas, receptación, uso de patentes falsas y vehículos clonados. 

En cuanto a la relación con la Resistencia Mapuche Lafkenche se describió el accionar de Hernán Coñuel, cuya participación fue descrita por el fiscal como el encargado de “prestar cobertura armada al grupo”, y según interceptaciones telefónicas habría recibido órdenes directas de Celso Fonseca para evitar actuar policial en hechos ocurridos el 24 agosto de 2022. Es así que según lo descrito por la Fiscalía, el grupo de “los peñis” disparó contra carabineros –por orden de Fonseca– y en un contacto telefónico les solicitó más municiones “para asegurar la sustracción de madera”.

En cuanto al Mentolato, si bien no formaba parte de los formalizados en la causa, también salió a relucir, cuando se describió la participación en los hechos de Luis Berna Toledo, el ex jefe de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros en Curanilahue. En su caso, hace contacto con Fonseca por intermedio de su sobrino Jairo Aravena –otro de los imputados–. El nexo surge con la finalidad de que Berna colaborase con Fonseca para la adquisición de un arma.

Fonseca le entregó dinero para realizar esta transacción, pero al no lograr finiquitar la compra, Berna procedió a facilitar un arma de puño 9mm de su propiedad, que aún no ha sido encontrada. Berna colaboró con la Fiscalía y en su declaración señaló que el Mentolato ejercía presión sobre él y “no lo dejaba tranquilo”, antes de que accediera a vincularse con Celso Fonseca.

Sobre Berna, fuentes familiarizadas con la investigación indican que “chutea para todos lados”. En el sentido de que así como colaboró con Celso Fonseca, en ocasiones también pasaba información a organismos de seguridad en la zona. No obstante opinan que esto era para “desviar la atención”. “Jugaba al ‘bueno’ para que la atención se centrara en las bandas rivales”.

El Ministerio Público, por su colaboración, no solicitó la cautelar de prisión preventiva, sino que la de arresto domiciliario total. Sin embargo, los querellantes de Forestal Arauco, Forestal Mininco y de la Delegación Presidencial de Biobío se opusieron y solicitaron la cautelar más gravosa. El abogado de Arauco indicó que en su caso no había claridad sobre si su colaboración con esta mafia había comenzado cuando aún estaba activo, siendo que su retiro ocurrió el 1 de abril de 2023. 

Las evidencias: similitudes en las armas y la caligrafía

Otro punto que permite vincular estos hechos con la RML son los atentados ocurridos en Villa Los Ríos, en Curanilahue, en noviembre de 2021 y febrero de 2022, en los que hubo coincidencias balísticas y en cuanto al armamento utilizado y también coincidencia caligráfica en lienzos dejados en los atentados en los que se hallaron vehículos y armas relacionados con la banda que dirige Fonseca. Atentados en los que resultaron heridos personal de seguridad de Forestal Arauco.

Al respecto, el director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, indicó que lograron “reunir la evidencia necesaria para poner a disposición a estas 11 personas como autores de atentados ocurridos en la Villa Los Ríos donde se quemó vehículos, maquinaria, hubo atentados con armas de fuego, evidencia balística que hoy día nos permite posicionar a estas personas en el lugar”. 

No obstante, el fiscal Yáñez en declaraciones ofrecidas a los medios antes de la formalización, aclaró que no se trata de la cúpula de la RML, sino de colaboradores, y que la RML “no necesariamente está compuesta por mapuches”.

La Policía de Investigaciones y la Armada allanaron 11 domicilios en Curanilahue y Cañete, logrando la captura de parte de “un brazo operativo de la RML, íntimamente ligada a delitos como robo de vehículos, homicidio frustrado y atentados incendiarios”, según declaró Juan Carlos Bustos, jefe de la PDI en Macrozona Sur. 

Evidencia encontrada en los allanamientos que llevaron a la detención de los once imputados.

La RML se ha adjudicado 13 atentados en 2023

Pablo Urquízar, el ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, dice a El Líbero que “la RML es una de las orgánicas radicalizadas y terroristas más peligrosas de la Macrozona Sur por su evidente vinculación con el crimen organizado como de financiamiento, esto es: robo de madera, tráfico de armas y municiones y drogas. Este año se ha adjudicado 13 atentados terroristas”.

Además, Urquízar alude a la peligrosidad de la agrupación debido a la magnitud de los atentados que se ha adjudicado: “Tiene las cifras más grandes de bienes destruidos en atentados. Así, por ejemplo, el atentado incendiario del 21 de diciembre del año 2021, que afectó 31 cabañas en Contulmo. El 28 de abril del 2022 se adjudicó el atentado más grande de vehículos y maquinarias destruidas, 35 en total en la comuna de Los Álamos. Asimismo, fue la responsable del atentado al Molino Grollmus en agosto del año 2022 en Contulmo, hecho delictual en que por primera vez durante su mandato, el Presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció la existencia de ‘actos terroristas’”. 

El abogado además describe que la orgánica, que aparece en escena en abril de 2020, “busca tener el control territorial del Cono Sur de la provincia de Arauco especialmente en lo que se conoce como el triángulo de la violencia que corresponde a las Rutas P-60 (Cañete-Contulmo) y la P-72 (Cañete-Tirúa) y desde ahí su extensión a otras comunas y a La Araucanía a través de Carahue y Lumaco”. 

En cuanto a las 11 formalizaciones, Urquízar señala que “la detención de una cantidad importante de personas vinculadas directa o indirectamente a la RML influye en la estructura de la organización. También, las conexiones de las personas detenidas con otros integrantes y otras orgánicas y mafias del robo de madera, abren otras aristas”. Y destaca como punto positivo “la disuasión que produce este tipo de operativos policiales donde se refleja en su máxima expresión el Estado de Derecho”.

No obstante, si en algo están de acuerdo quienes se han familiarizado con los atentados terroristas que ocurren en la Macrozona Sur es que este operativo no implica la “desarticulación” de la RML.

“No se desarticuló la cúpula. Es un golpe duro, es muy bueno; pero estos grupos continúan operando entre Tirúa y el Cruce de Peleco”, señalan. 

Coincide Urquízar, quien apunta que “los operativos han sido importantes pero en ningún caso tiene el efecto de desarticularla. La mezcla entre el terrorismo y el crimen organizado con fines lucrativos hace que se requiera mucho más que las referidas detenciones para terminarla”. 

La amenaza del carabinero al personal de la forestal

Aparte del vínculo con Berna, este caso llamó la atención por la presencia de otro carabinero involucrado, pero este aún prestaba servicio a la institución. Se trata de Darwin Castillo, quien recibió alrededor de $3,5 millones por entregar información desde su posición de carabinero activo a Fonseca, por teléfono, indicando en qué lugares no habría patrullajes de carabineros, o hacia qué lugares se dirigían las patrullas para facilitar el robo de madera.

Al ser detenido, Castillo también colaboró con la Fiscalía. Debido a esto, desde el Ministerio Público no solicitaron para él la cautelar de prisión preventiva, sino que arresto domiciliario total, a lo que también se negaron los querellantes. El abogado de Forestal Arauco informó que existe una denuncia en su contra ya que además de facilitar la acción de la mafia, en una ocasión amenazó de muerte a los funcionarios de resguardo patrimonial de la empresa. 

El Líbero tuvo acceso a ese expediente, que se origina a partir de la detención de Yonathan Friz Caballo por el delito de sustracción de madera. En la querella presentada por Forestal Arauco se describe que los hechos ocurrieron en la “Reserva Los Ríos”, ubicada en la comuna de Curanilahue, el 11 de agosto de 2023.

“Alrededor de las 19:00 horas, personal forestal se dirigió al aserradero ilegal para realizar el retiro de la madera incautada, sin embargo, dicho retiro no fue posible debido a que los funcionarios policiales a cargo del funcionario de Carabineros Darwin Carrillo Rodríguez no otorgó el apoyo necesario (móvil de carabineros Z5261) para el cumplimiento de la orden de incautación, manifestando que se alejaran del lugar y que no usaran sus teléfonos celulares para grabar, usando groserías como: ‘No estí grabando pu weon’, para luego, sorpresivamente, el mismo funcionario policial a viva voz señalar a un grupo de personas que se encontraba al interior del sitio donde estaba la madera, pero afuera del aserradero ilegal, que ‘llamen a sus familiares y amigos y que cierren el portón de acceso porque a estos weones hay que matarlos’, refiriéndose a los supervisores forestales de MAXCON, quienes se encontraban apoyando el retiro de la madera desde el aserradero”, se lee en la querella que alude a esos hechos.

El Líbero pudo conocer que habría otros seis carabineros involucrados en estos hechos, pero la Fiscalía no ordenó la detención debido a que no contaba con suficientes evidencias. 

Asimismo, el resto de los imputados fueron descritos como “soldados” de “una causa que se dice mapuche, pero es comercial: todo era para robar madera, o para robar vehículos y animales”. 

En cuanto a la participación de funcionarios vinculados con carabineros en estos hechos, Urquízar opina que “el terrorismo y el crimen organizado tiene la potencialidad de afectar las estructuras del Estado sea con su ideología o con el dinero. Ya lo vimos con el ex funcionario judicial en Traiguén, Juan Pablo Pirce, vinculado a las orgánicas en cuyo domicilio se encontraron explosivos, fusiles de guerra y dinamita. En ese sentido, la máxima preocupación debe existir en la contrainteligencia de las instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad por estas situaciones. En el mundo entero el terrorismo y el crimen organizado busca corromper las instituciones para disponerlas a su favor. Nuestro país no está exento de ello. Hay que poner una atención especial en ello”.

Seis en prisión preventiva y cinco con arresto domiciliario total

Fernando Fuentealba, presidente de la fundación de víctimas de terrorismo, es una víctima directa de la RML. En mayo de 2022 la orgánica se adjudicó la quema del Hotel Curef, propiedad de Fuentealba. 

“La Resistencia Mapuche Lafkenche es uno de los brazos armados que están operando en la provincia de Arauco, siempre es bueno resaltar las detenciones de estos grupos y es esperado que ahora el Poder Judicial, el Ministerio Público haga bien el trabajo y no los deje en libertad, porque la verdad es que las señales que se han entregado en muchos de estos casos son bastante lamentables, así que nos permite tener un poquito más de esperanza en que se va a recuperar el Estado de Derecho y la tranquilidad de todos los vecinos”, dice Fuentealba a El Líbero.

Fuentealba lamenta que la orgánica ha afectado gravemente el desarrollo productivo de la Provincia de Arauco, sobre todo en actividades como el turismo. Apunta que “falta también algo fundamental para todas aquellas víctimas de este flagelo, que es la reparación. La reparación para volver a tratar de recuperar en parte la normalidad de cada una de las víctimas”. 

Con respecto al resultado de la audiencia, la jueza Ana Pino Parra decretó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Esto es la medida de arresto domiciliario total para Javier Fonseca, Víctor Maldonado, Juan Faúndez, Darwin Castillo y Luis Berna; y la prisión preventiva para Wilson Saavedra, Hernán Coñuel, Jairo Aravena, Guillermo Medina, Pablo Carrillo, Jerson Fernández. Además, se dio un plazo de investigación de tres meses.

Las cautelares otorgadas por la jueza fueron apeladas por el querellante de Forestal Arauco, quien insistió en su petición de prisión preventiva para Castillo y Berna; y también por el querellante de la Delegación Presidencial de Biobío, quien había solicitado la prisión preventiva para los once involucrados.

Finalmente la jueza decidió que los imputados se mantengan en prisión hasta que resuelva la Corte de Apelaciones.

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