Este miércoles, tras dos días postergando el plazo autoimpuesto, el gobierno presentó las indicaciones a la reforma de pensiones ante la comisión de Trabajo del Senado, que aprobó la idea de legislar.
Entre las medidas negociadas entre el Ejecutivo y la oposición se acordó establecer un aporte total de los empleadores al sistema de pensiones de 8,5% de la remuneración imponible. Este está compuesto de: un aporte directo a las cuentas de capitalización individual de 4,5%; un «préstamo» al Estado de 1,5% para mejorar actuales pensiones -que será enterado íntegramente a la pensión del afiliado, con reajustes e intereses, una vez que éste se acoja a jubilación-; y un aporte de 2,5% al Seguro Social que se crea en la misma reforma.
En entrevista con Mirada Líbero, la economista Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros ESE Business School de la Universidad de Los Andes, y quien integró la mesa técnica de pensiones que realizó un informe técnico sobre este proyecto, evaluó las indicaciones ingresadas por el gobierno.
Uno de los aspectos más preocupantes, a su juicio, es la gradualidad en la cotización individual y la insistencia del gobierno en aspectos «que no tienen sustento técnico», sino decisiones que van de la mano de sus «objetivos más ideológicos».
-Tras las indicaciones ingresadas por el gobierno, ¿se encontraron con alguna sorpresa? Así como está, ¿estaría a favor de que se apruebe esta reforma?
-Hay temas que son distintos a lo que habíamos establecido en la mesa técnica, a lo mejor pueden parecer detalles, a mí no me parecen tanto. Yo insistí bastante en un tema. Es evidente que el aumento de cotización tiene que ser gradual, porque el mercado laboral no puede absorber un aumento de cotización de seis puntos en un año, porque tendría efectos muy complejos. Y hay un aspecto que a mí me parece negativo, que es que no va nada a capitalización individual hasta el tercer año. Eso no sólo me parece preocupante, porque creo que es muy relevante aumentar el ahorro, o sea, el mercado de capitales necesita que se fortalezca, además necesitamos mejorar la tasa de ahorro nacional. Aquí me parece que había un desafío macroeconómico vinculado a la importancia de recuperar el crecimiento del que no nos estamos haciendo cargo con la debida urgencia, sino que más bien el aumento inicial de cotización va a los componentes de seguros.
El otro aspecto no está en las indicaciones, pero hay una minuta del gobierno que anuncia el famoso inversor público, como algo que se va a incorporar en marzo. A lo mejor no tienen los votos en el Congreso, esto es un saludo a la bandera, pero tiene algo preocupante en el sentido que desde el punto de vista técnico planteamos que no había argumentos técnicos a favor de la separación de la industria, a favor del inversor público. Entonces que el gobierno insista con un aspecto que no tiene sustento técnico, a mí me parece que da una mala señal, en el sentido de que para este gobierno priman sus objetivos políticos, sus objetivos más ideológicos, frente a argumentos técnicos.
-Abordando la distribución de esta reforma. Son 8,5 puntos, con 4,5 de ellos a capitalización individual y el resto al seguro social o al llamado “préstamo”. ¿Se está creando un seguro social de reparto?
-Aquí hay una cotización que ya está pagando el empleador, que es el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que tiene un costo que fluctúa todos los trimestres. Es un seguro que necesita un rediseño bastante urgente, no está funcionando bien y tiene un costo de entre 1,5 y dos puntos de cotización que forman parte de este 8,5%. Al final, lo nuevo uno podría decir que es un 6,5%, no un 8,5%, porque hay una parte que ya se está pagando. Ahora, aquí, como nosotros lo sugerimos en la mesa, es que este SIS, si uno lo rediseña bien y vuelve a un costo razonable, podría permitir financiar el bono tabla, que es un 0,5%. Ahora el 1,5% que va a financiar el préstamo tampoco es un componente permanente. Tiene un plazo bastante largo, pero después, tal como lo recomendamos en la mesa técnica, esto vuelve a ser parte de las cuentas de capitalización.
“Si seguimos creciendo al 2% este aumento de cotización tiene impacto preocupante”
-Entre los argumentos que hubo en la negociación, Chile Vamos pedía un 6-0, nada a reparto. Ahora, ¿cómo estaría quedando esa composición?
-En el tiempo van seis puntos a capitalización individual, hay una transición en que se financia esta garantía por años cotizados, que es 1,5%. Agregaría un costo adicional que es este bono tabla, que el costo es alrededor de 0,5 puntos de cotización. Es difícil saber cuánto va a costar. Y esto se junta con este Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que no está incorporado en estas indicaciones, pero yo creo que una importante reforma para adelante es cambiar las reglas de este seguro, porque está generando incentivos bien perversos y que pueden aumentar el costo de forma muy significativa hacia adelante. Esto yo creo que es una tarea pendiente para no seguir generándole costos al empleador.
-El gobierno dice que el aumento en el aporte de los empleadores será gradual, en un plazo de ocho años, para no afectar a las Pymes. ¿Le parece que es suficiente esta gradualidad o de todas maneras va a tener un impacto en el empleo?
-Eso depende de una variable clave que está detrás de todo, de todas las reformas que tenemos que hacer como país, que es el crecimiento económico. Si uno lograra que realmente el crecimiento fuera prioridad y nos pusiéramos como objetivo que no podemos seguir creciendo al 2%, yo creo que una gradualidad de ocho o nueve años sería razonable. Si seguimos creciendo al 2%, por supuesto que este aumento de cotización tiene impacto y tiene un impacto preocupante. Todo lleva al crecimiento económico y a la importancia de que el país vuelva a crecer. Es muy distinto hacer una reforma de pensiones en un país que crece, que en una economía estancada.
“Si no volvemos a crecer, quienes estamos financiando este 1,5%, le estamos prestando a un mal deudor”
-Sobre el 1,5% que se destina a un “Aporte con rentabilidad protegida”, que sería este «préstamo» para mejorar las pensiones actuales, al menos por 30 años. ¿Hay reparto a su juicio en este componente? ¿Y va a tener recursos el Estado para devolverle a los cotizantes?
-La respuesta a las dos preguntas está bien vinculada, porque tal cual como está descrito en las indicaciones, no hay reparto, es un préstamo. Ahora, uno dice, bueno, es un préstamo, pero ¿qué pasa si le presto a alguien que no es solvente? Termina siendo una pérdida. Entonces, ahí vamos al tema de la solvencia fiscal. Y ese es el otro gran tema país que tenemos, el crecimiento y la sostenibilidad fiscal, los dos temas vinculados. Finalmente nuestro Estado social de derecho, el que ya tenemos construido, la PGU que ya estamos pagando, no sé si es sostenible con un país creciendo al 2%. Y en los próximos 25 años, los jubilados aumentarán a una tasa de 3% por año. Eso quiere decir que si no hacemos nada, nada, el gasto de la PGU va a crecer en 3% por año. Si la economía sigue creciendo al 2%, los ingresos fiscales crecen más o menos al 2%. Entonces, ya ahora tenemos un problema de sostenibilidad fiscal si el país no vuelve a crecer. A mí también me preocupa el tema de la sostenibilidad fiscal, porque un país que no crece tiene problemas de sostenibilidad fiscal. Si no volvemos a crecer, nosotros los cotizantes que vamos a estar financiando este 1,5%, le estamos prestando a un mal deudor. Si el país vuelve a crecer, este es un buen deudor y la deuda se puede pagar. Entonces, señor gobierno o señor ministro de Hacienda, yo le presto a usted, usted preocúpese de que el país vuelva a crecer, porque si no usted es un mal deudor para Chile, para los cotizantes.
“Hay un reconocimiento explícito a que la capitalización individual es el mejor sistema de pensiones”
-Con todos estos antecedentes que expone, ¿es una propuesta responsable fiscalmente?
-Ahora surgió la duda y la planteó el propio ministro Marcel de que el aumento de la PGU que había dado el gobierno de Piñera tenía problemas de financiamiento. Si el país sigue creciendo al 2%, sí tiene problemas de financiamiento. Tengo una preocupación por la sostenibilidad fiscal, pero eso abarca cualquier otra reforma. Es evidente a estas alturas de lo que ha pasado, de lo que han crecido los funcionarios públicos, que tenemos serios problemas de gestión del gasto público. Esta reforma cuesta un poco más de un punto y medio del PIB. La reforma de la PGU nos ha costado hasta ahora 1,1 puntos del PIB. O sea, esta es más cara que el aumento de la PGU. Entonces, obvio que hay una preocupación sobre lo que nos cuesta fiscalmente. Pero nada de eso sería preocupante si estuviéramos haciendo reformas en serio para que el país vuelva a crecer al 4%.
-En una minuta enviada por el gobierno a sus parlamentarios se señala que las “AFP quedan debilitadas” y que, además, los cambios al sistema de pensiones que tiene esta reforma abren la puerta para “transformaciones que terminen con las AFP”. ¿Cree que ese es el objetivo que hay detrás de la reforma?
-Probablemente es para buscar apoyo de su sector, pero generan una señal bien negativa. Esa minuta me pareció tremendamente negativa en términos de la posibilidad de alcanzar acuerdos. Puede dejar contento a algunos, pero no tiene sustento. Lo que sí creo es que por la situación actual, las AFP se fortalecen menos de lo que uno pudiera esperar. Después de lograr todo este esfuerzo enorme de este acuerdo, que significó pasos hacia adelante, esa minuta para mí son pasos hacia atrás.
-¿Esta reforma confirma la importancia o mantiene en Chile el sistema de capitalización individual?
-Sí, obviamente. Porque después de una larga vuelta en que el gobierno pretendía que el 6% de cotización adicional fuera a un seguro social, eso está muy lejos de lograrse. Y en ese sentido hay un reconocimiento explícito a que la capitalización individual es el mejor sistema de pensiones, yo creo está absolutamente demostrado. Lo que no me gusta es que tengamos que esperar el tercer año para que empiecen los recursos a fortalecer el sistema. Esa parte reconozco que me produjo una sorpresa negativa respecto a las indicaciones, porque eso sí está en las indicaciones.
-Con todo, ¿cree que los parlamentarios debieran aprobar esta reforma?
–Tiendo a pensar que hay algo positivo en aprobar estas indicaciones. Todavía un poco más que lo negativo, pero por eso me preocupa el tema de que no haya nada de capitalización individual al inicio, porque para mí de las cosas más positivas que tenía aprobar una reforma de pensiones es que iniciemos luego el mayor esfuerzo de ahorro que el país necesita. Y postergarlo al tercer año, ese es un elemento que en esta balanza, entre lo bueno y lo malo, me pesó bastante. Entonces en este minuto me cuesta tomar una postura muy definida.
-¿Podemos arrepentirnos en un próximo gobierno, cuando recién se empiecen a destinar puntos a la capitalización individual, de una reforma que se apruebe ahora?
-Tiendo a pensar que las circunstancias han llevado a que la discusión más ideológica en esta materia nos favorezca en este momento, favorezca nuestras ideas del sistema de capitalización individual. En este momento pareciera ser razonable aprobar porque uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Además, esta reforma tiene otros aspectos que son muy positivos. Tiene el tema del seguro de lagunas, tiene el tema de los fondos generacionales, el tema de la cobranza, el mismo tema de subir la tasa de cotización, o sea, hay aspectos que sí son positivos.

Lo que no se entiende o no se asume en la discusión, que para el gobierno es política, es que la rentabilidad de una industria, el retorno requerido por los inversionistas está directamente relacionado con el riesgo percibido. Y esto lo vemos muy claro en las tasas de interés de los países que son directamente proporcionales al riesgo-país.
Y la industria de la administración de fondos de pensión no es una excepción. Y el riesgo principal que aqueja a la industria es el riesgo político, donde una mayoría circunstancial puede llevar a la nacionalización de la industria.
Debido a este alto riesgo no hay interés de parte de nuevos participantes de entrar a la industria lo que aumentaría la competencia y bajaría los precios, es decir las comisiones.
Mientras la izquierda siga demonizando a las AFP´s e insinuando continuamente que su objetivo es acabar con ellas, las comisiones seguirán siendo altas, lo que juega políticamente a favor de ella, ya que así las pensiones son mas bajas y el sistema mantiene su vulnerabilidad política, que al final del día es su interés.
La mejor forma para bajar las comisiones es un acuerdo político que el mejor sistema de pensiones es uno de capitalización individual administrado por privados en competencia con un pilar solidario complementario, sin peros.