En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, los resultados del Barómetro Ciudadano Municipal muestran que la población tiene una percepción negativa en cuanto a la capacidad del Presidente Gabriel Boric y sus ministros para lograr la disminución o erradicación de la violencia.
Un 81,2% de los consultados no cree que «en la actualidad el Gobierno central tiene la capacidad de garantizar a la ciudadanía una vida libre de violencia». Con respecto al futuro del país, 72,7% considera que Chile va por mal o muy mal camino.
La encuesta, efectuada por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, se realizó en 175 comunas del país, lo que representa un 50,7% de las 346 que existen.
La consulta se realizó a 1.026 personas entre el 22 de marzo y el 4 de abril. Es decir, concluyó un día antes de que delincuentes mataran en un operativo policial en Santiago al carabinero Daniel Palma, el tercero asesinado en un lapso de 23 días (ver nota: Catorce huérfanos han dejado los últimos asesinatos a carabineros).
«Necesitamos con urgencia el ingreso del proyecto de ley que otorga nuevas facultades municipales en prevención del delito y los respectivos recursos económicos porque de otro modo, todas las medidas que se quieran implementar estarán destinadas a ser poco eficientes ante un crimen cada vez más organizado y dinámico”, advirtió el presidente de Amuch y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.
Piden reconocimiento constitucional explícito del derecho a protección estatal contra el crimen organizado
De acuerdo con 91,7% de los encuestados, es necesario o absolutamente necesario que haya un reconocimiento constitucional explícito del «derecho a una protección estatal efectiva contra la violencia criminal grave, organizada o terrorista».
Un 93,8% cree además que es necesario o absolutamente necesario que ese reconocimiento «implique sanciones jurídicas graves contra las autoridades que faltaron a su deber de protección», mientras que 89,7% considera que además debe prever una «reparación estatal oportuna y suficiente» para las víctimas de dicha ausencia de protección.
El sondeo arrojó también que 82,4% considera que debe existir un reconocimiento constitucional al derecho a una educación impartida en un medio libre de violencia, además de ser libre y diversa.
Precisamente esta semana las clases fueron suspendidas en Calama tras balaceras que dejaron dos muertos y tres heridos.
Violencia en las escuelas y endurecimiento de la Ley Aula Segura
El Barómetro Ciudadano Municipal también midió la percepción en cuanto al control de la violencia al interior de las escuelas.
Para 89,3% de los encuestados es necesario o absolutamente necesario la aplicación «sin excepciones» de la Ley Aula Segura, al tiempo que 84,4% considera que se debe «exigir el endurecimiento legislativo» de dicha norma.