A nueve meses de ocurridos los devastadores incendios en Valparaíso, el gobierno adeuda más de 400 millones de pesos a uno de los proveedores que prestó servicios de transporte en los centros de distribución de Quilpué. Su labor consistió en llevar alimentación, colchones, kits de aseo, pañales, herramientas y otros enseres a los afectados.
«Al día de hoy no me han pagado ni un peso (…). Estoy endeudado porque subcontraté. A algunos les pude pagar y a otros no. Estoy endeudado con el banco. Me estoy comiendo mi dinero. No voy a aguantar más de aquí a finales de noviembre», asegura a El Líbero Mauricio Fernández, propietario de MFM Transportes Eirl, al ser consultado vía telefónica la tarde del pasado martes.
La contratación de los servicios la efectuó la Delegación Presidencial de Valparaíso e incluía el arriendo de 10 camiones para el traslado de alimentos y enseres a los damnificados por los incendios, colocando la empresa los operadores y el combustible para cada uno de los automotores.
Así consta en al menos dos contratos a los que este medio tuvo acceso, cuyos montos, efectivamente, superan los 400 millones de pesos. El primero de estos documentos está fechado el 28 de marzo, por una duración de 30 días, y el segundo, el 4 de mayo, por 60 días más.
La catástrofe ocurrió entre el 2 y 4 de febrero y dejó, según cifras del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), 132 fallecidos, 1.250 personas lesionadas y 5.387 damnificadas, luego de haber tenido que evacuar 6.974 viviendas. En medio de las condiciones que dejaron los incendios fue que se requirieron los servicios de esta y otras empresas.
«Cumplimos con todos los requisitos: presentamos los reportes, con los días trabajados, tuvimos las aprobaciones», asevera Fernández, que hace énfasis en el aprieto económico en el que se encuentra.
No sería el único caso tras los incendios
Personas vinculadas al gremio de los transportistas en Valparaíso aseguran a El Líbero que al menos a otros dos proveedores de esa misma rama la Delegación Presidencial de Valparaíso les adeuda unos 100 millones de pesos a cada uno, también por servicios prestados por la emergencia causada por los incendios de febrero.
Con esto, el Ejecutivo adeudaría, en suma, al menos 600 millones de pesos a estos proveedores, a tres meses de cumplirse un año de la emergencia debido a la cual prestaron sus servicios.
La crisis por el manejo de la emergencia en Valparaíso en febrero de este año llevó incluso a la salida del entonces director de Senapred, Álvaro Hormazábal. Esto, tras diferencias con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD).
«Ni siquiera he podido facturar»
En emergencias como los incendios, donde no hay tiempo para licitar, es una práctica frecuente que Senapred, las municipalidades o las delegaciones presidenciales soliciten vía correo electrónico los servicios que se requieran para solventar la contingencia. La respuesta de los prestadores y la aprobación se da por ese mismo medio. Es luego cuando las instancias solicitantes emiten las respectivas órdenes de pago, que es el documento a partir del cual las empresas pueden facturar.
En el caso de MFM Transportes Eirl, la seguidilla de pasos inició con los correos y siguió con la firma de los contratos y la prestación de los servicios. Ni un avance más, según el afectado.
«Ni siquiera he podido facturar», afirma Fernández, que a la fecha asegura no haber recibido la primera orden de pago.
El transportista indica que el tope para los pagos fue pasando de 30, 60, 90 a 150 días, plazos que están más que cumplidos y que aún así sigue sin poder cobrar.
«El pago del servicio convenido se efectuará una vez que el acto administrativo que lo aprueba se encuentre totalmente tramitado, debiendo facturar la empresa el valor respectivo a nombre de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso», se establece en los contratos firmados entre dicha instancia y la mencionada empresa, que este medio tuvo a la vista.
La Delegación Presidencial de Valparaíso responsabiliza al «nivel central», es decir al Ministerio de Interior
El Líbero consultó la misma tarde del pasado martes a la Delegación Presidencial de Valparaíso, encabezada por Sofía González, las razones por las cuales se ha dado la demora en el pago a este proveedor, así como una probable fecha de pago. Un día después indicaron que por ahora no habría respuesta.
Desde ese organismo, y en esa misma jornada, le señalaron al propietario de MFM Transportes que «revisando los antecedentes, todos los contratos realizados con su empresa están en nivel central en análisis para pago. Estamos a la espera de novedades».
Este medio consultó entonces al Ministerio de Interior -cartera de la que dependen las delegaciones presidenciales regionales-, a través de la subsecretaría. Aunque dijeron estar viendo el caso, no hubo respuesta concreta.
De acuerdo con el relato de Fernández, desde principios de septiembre le han asegurado desde la jefatura de gabinete de la delegada presidencial de Valparaíso que estaban a la espera de la transferencia de los recursos «desde Santiago», es decir, de la Subsecretaría de Interior.
En incendios anteriores llegaron a adeudar 40.000 millones de pesos
No es la primera vez que la Subsecretaría de Interior presenta prolongados retrasos en el pago a proveedores que se activan durante emergencias, lo que podría traducirse en mayores afectaciones a la población en caso de futuras catástrofes como incendios o inundaciones. Dueños de empresas que se han visto en apuros económicos han manifestado en más de una oportunidad que se lo pensarían antes de volver a prestar servicios al Estado, incluso en casos de calamidades, debido al no pago del gobierno
Fernández no fue la excepción. «No volvería a prestar servicios en estas condiciones», afirma.
Ya en 2023, la cartera de Interior llegó a adeudar 40.000 millones de pesos a proveedores que se activaron durante emergencias ocurridas en el país ese año. Sólo a empresas dueñas de helicópteros les debían 12.000 millones.
Al parecer es una práctica que se repite: en noviembre del año pasado también hubo empresas, que en aquellas oportunidades trabajaron a petición de la Delegación Presidencial de Biobío, que ni siquiera habían podido facturar porque no les habían emitido las respectivas órdenes de pago.
Lamentablemente no extraña ….