Un duro momento es el que están viviendo varias de las empresas que en 2023, a petición de Senapred (ex Onemi) y de delegaciones presidenciales, se activaron para prestar servicios que ayudaran a combatir las emergencias que vivió el país.
Y es que han pasado varios meses, y no han recibido los pagos por parte del gobierno. El drama más profundo es que algunas de estas empresas, aseguran, no tienen ni siquiera fecha cierta para la recepción de estos dineros, que son millonarios.
El Líbero informó hace unos días que la deuda ascendería a más de 40.000 millones de pesos, donde $12.000 millones serían para proveedores de helicópteros y otra cantidad importante para pymes que pronto empezarán a verse en aprietos financieros.
Los recursos para estos pagos -sea que los servicios hubieran sido solicitados por Senapred o por delegaciones presidenciales regionales- tendrían que ser desembolsados por la Subsecretaría de Interior, que es la instancia a la cual le asignan la partida «para atender situaciones de emergencia» en la Ley de Presupuestos.
Algunos proveedores, a los que las autoridades podrían verse en la necesidad de recurrir en caso de nuevas emergencias, aseguran tener sus operaciones paralizadas debido a que el gobierno no ha pagado estas deudas. Advierten que ya no tienen capacidad de autofinanciamiento debido a lo prolongado de la mora.
Ante las faltas de pago, que ya los están ahogando financieramente, algunos afectados decidieron dar sus testimonios a El Líbero.
La reunión en La Moneda en la que Monsalve les pidió trabajar «unidos como país» en las emergencias
Uno de los proveedores, que pidió mantener en reserva su nombre y hasta el rubro al cual pertenece su empresa, aseguró a este medio que en el primer cuatrimestre del año varios empresarios fueron invitados a una reunión en La Moneda con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.
«Nos pidieron que ante las emergencias trabajáramos todos unidos como país, que contaban con nosotros. Con base en esa supuesta confianza, respondimos con trabajo y ahora sufrimos las consecuencias de que dilaten eternamente los pagos», dice. Otros empresarios consultados por El Líbero corroboraron que se celebró la reunión, aunque se negaron a dar más detalles.
Empresario al que le deben $1.200 millones: «No recuerdo que en otras épocas hubieran retrasos de esta magnitud»
«Nosotros hemos trabajado en muchas crisis, desde hace décadas (con otros gobiernos) y no recuerdo que en otras épocas hubieran retrasos de esta magnitud en los pagos. Todas las empresas proveedoras de Senapred han sido afectadas», afirma el gerente de una de ellas, que prefirió declarar fuera de micrófono. No es poco lo que arriesga, son 1.200 millones de pesos los que le adeudan.
La empresa de este afectado pertenece al rubro de la fabricación, provisión e instalación de viviendas.
«De acuerdo con las condiciones que nos solicitaron, había que hacer un trabajo 24/7, porque debían estar listas 250 viviendas para la primera quincena de mayo. Así lo hicimos», explica el directivo.
Los pagos quedaron fijados en un plazo de 60 días y las primeras viviendas se entregaron a finales de marzo. Pasados ocho meses, han recibido 40% de los $2.000 millones que originalmente les adeudaban.
«Cuando en Chile ocurren estas catástrofes siempre todos debemos tener el ánimo para ayudar. Pero indudablemente que si la emergencia fuera hoy día, no podríamos hacerlo, porque mientras no tengamos el pago, no estamos en capacidad financiera de abordar una emergencia en calidad de proveedores. Esperamos que esto se solucione para que quedemos nuevamente en posibilidad de ayudar a Chile», agrega.
Empresas al borde de la quiebra por el no pago del gobierno
Otros, cuyas empresas son más pequeñas y que trabajabaron por primera vez en las emergencias a solicitud del Senapred y de la Delegación Presidencial Regional de Biobío, cuentan abiertamente su testimonio a El Líbero movidos por el desespero financiero.
«Si es que no hay una solución de aquí a fin de año, yo creo que sí», responde Felipe Prieto, presidente de Transportes Altomap (con sede en Biobío), cuando se le pregunta si ante el no pago por parte del gobierno estaba en riesgo de tener que declararse en quiebra.
Su empresa se dedica al arriendo de maquinarias, movimientos de tierra y obras civiles. Le adeudan, asegura, $100 millones, de los cuales, insiste, no le han pagado ni un peso.
«Si se llega a saber a nivel nacional lo que estamos viendo en Biobío, muchos no van a querer trabajar con el gobierno, porque nadie aguanta siete meses sin que le paguen», asegura Prieto.
El hombre indica que los primeros servicios los prestaron en mayo en la comuna de Yumbel (Biobío), con un compromiso de pago a 60 días. Asevera que hasta ahora ni siquiera han podido facturar debido a que la delegación no les ha emitido la orden de compra a la que debe ir sujeta la factura.
«Nosotros solamente tenemos las solicitudes que hace la delegación, con la validación de Senapred, que son por correo electrónico. Cuando hacen la adjudicación también es a través de un correo y a estas alturas todavía no nos emiten las órdenes de pago, porque no tienen los recursos, todavía no están designados a la Delegación», explica Prieto.
El proveedor detalla las razones por las cuales se trabaja de esta manera, sin tener previamente la orden de compra: «Todo se hace por correo porque como son emergencias, no pueden subir una licitación a un portal, a Mercado Público, por ejemplo, y esperar cinco o siete días para poder ir en ayuda».
«Hemos estado en reuniones tratando de que al menos nos den una fecha concreta de pago, pero no dan ninguna. Nos dicen que hay que verlo en la delegación. En la delegación dicen que dependen de Senapred, y Senapred dice que dependen del Ministerio de Interior; que es desde la Subsecretaría de Interior desde donde deben distribuir los dineros», dice Prieto.
«Si en este minuto hubiera emergencias, no prestaría los servicios por ningún motivo»
Pablo Melo, presidente de Transportes y Movimientos de Tierra Meli Melo Limitada, asegura que a ellos les deben 120 millones de pesos.
El drama es similar al de otros proveedores. Prestó el primer servicio el 30 de mayo, con pago a 30 días unos, y a 60, otros. A la fecha no ha recibido ni un peso. Asegura que las solicitudes se las hicieron desde la delegación, luego de la validación de Senapred, por correos en los que adjuntan documentos como los llamados Informes Alfa, de emergencias, en donde las autoridades indican los servicios que requieren.
«Si en este minuto hubiera emergencias, no prestaría los servicios por ningún motivo, porque no me han pagado». Así dice Melo, y de inmediato argumenta su negativa: «Tengo cheques protestados, estoy en Dicom, tengo un montón de problemas, pagos de petróleo pendientes. Ha sido horrible, me siento burlado, no sabemos ni a cuál persona facturarle».
Teme que los lapsos para recibir los pagos se sigan extendiendo. «Tenemos que esperar que nos llegue la orden de compra. Ya ha pasado bastante tiempo. Puede ser que una vez que facturemos nos digan que es a 60 días más. Al final no sé de qué estamos hablando», lamenta.
El drama se repite: «La deuda existe, pero ni siquiera está contablemente adquirida porque no hemos podido facturar»
En la misma situación, sin siquiera haber podido facturar, y por extensión, sin poder cobrar, se encuentra la empresa Ingeniería y Servicios Bío Bío, dedicada al suministro de agua potable y de maquinaria pesada para movimiento de tierra.
A este proveedor le adeudan 253 millones de pesos. El primer servicio, por $56 millones, lo prestó en mayo, suministrando agua potable en la comuna de Cabrero (Biobío).
La empresa ya rechazó un servicio por 86 millones de pesos en Altos de Biobío, «por el no pago y por la falta de seguridad». «Acá en la región ningún proveedor está prestando servicio en este momento a Senapred», asegura Ariel Briones, presidente de la empresa.
«Vienen los periodos de incendios y tenemos todas las ganas de poder prestar los servicios y apoyar, pero en estas condiciones a cualquier empresa se le complica. Hemos tenido que solventar con otras obras para poder pagar a los contratistas que nos prestaron servicio para suministrar maquinaria, combustible y mano de obra en las emergencias», dice Briones.
El directivo asegura que la semana pasada le prometieron desde la delegación que le darían la orden de compra de un servicio que prestó en junio, por 16 millones de pesos, para que pudiera facturar al menos ese monto. Al cierre de esta nota tal cosa no había ocurrido, asegura.
«La deuda existe, pero tantos meses después ni siquiera está contablemente adquirida. No podemos seguir en esta situación. Al facturar uno al menos puede financiar, ya sea bancariamente o con factoring, pero el tema es que hoy día no tenemos ningún documento que acredite que prestamos el servicio. Solamente tenemos los correos», explica.
Briones advirte que cuando han trabajado directamente con las municipalidades, los pagos son prácticamente al contado.
Subsecretaría de Interior responzabiliza a la Dipres
Ante estos testimonios, El Líbero consultó a la Subsecretaría de Interior, instancia que debería correr con estos gastos según la Ley de Presupuestos.
Indicaron que si bien estos dineros deben ser entregados por Interior a las respectivas delegaciones regionales para que estas procedan con los pagos de los proveedores, antes que nada debe darse un paso previo: la Dirección de Presupuestos debe traspasar los recursos a Interior.
En la Ley de Presupuesto de la Subsecretaría de Interior, la glosa referida a los pagos por emergencias se fija siempre en cantidades mínimas, debido a que no se sabe cuántos serán los recursos ni las emergencias que ocurrirán en el año, señalan.
Efectivamente, en la partida de la Subsecretaría de Interior de la Ley de Presupuestos 2023 (página 111), los dineros destinados para emergencias fueron fijados en 10.000 pesos.
Por su parte, aunque no son ellos quienes disponen directamente de los dineros, desde Senapred indicaron que están realizando todas las gestiones necesarias con la Subsecretaría de Interior para agilizar la transferencia de recursos que les permitan hacer los pagos a los proveedores.
El Líbero consultó además a la Delegación Presidencial Regional de Biobío, la otra instancia que también depende de Interior y que, al igual que Senapred, hizo solicitudes a proveedores que aún no han sido pagadas. Reiteraron que están trabajando para que la situación se pueda resolver lo antes posible e insistieron en que las prestaciones de servicios en casos de emergencia ante la venidera temporada de incendios están garantizadas en la región.
Precisamente, la semana pasada el Presidente Gabriel Boric estuvo en Biobío. Personas vinculadas con la problemática que viven los proveedores aseguran que el Mandatario dijo estar al tanto de la situación y que al parecer había dado orden a la Dipres para que acelerara los pagos.
En resumen, tenemos un Estado sinvergüenza! Para pagar a sus amigotes de las fundaciones truchas las platas salían de un día para otro…