Mañana llegarán hasta la sede del Congreso en Valparaíso representantes de comunidades indígenas mapuche y huilliche, en medio de la tensión abierta tras el anuncio del Presidente José Antonio Kast de modificar la Ley Lafkenche durante el Salmón Summit 2026. Desde entonces, integrantes de estas comunidades han protagonizado manifestaciones, principalmente en Castro (Región de Los Lagos), frente a lo que acusan como “una creciente vulneración de derechos históricos y territoriales”. Ya hubo movilizaciones los días 11 y 15 de mayo, y su presencia en la sede del Poder Legislativo se dará justo un día antes de que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado aborde un proyecto que busca “perfeccionar” la implementación de la ley.
También hubo un «txawün ampliado» en San Juan de la Costa para manifestarse en contra de la modificación de la norma.
Durante el Salmón Summit 2026, realizado el 7 de mayo, el Presidente José Antonio Kast anunció que el Ejecutivo propondrá modificaciones a la Ley N° 20.249, promulgada en 2008. En su discurso, el Jefe de Estado argumentó que, si bien la norma se dictó “con una buena intención”, se ha prestado “para abusos inimaginables”.
La ley permite que comunidades indígenas soliciten la administración de zonas del borde costero y marino cuando acrediten un uso histórico de esos espacios. En principio, su objetivo es proteger sus tradiciones y garantizar el acceso a recursos costeros. Sin embargo, el propio Jefe de Estado mencionó ejemplos de los “abusos” que se han podido cometer. “Hay personas que piden unas concesiones marítimas de 50.000 hectáreas (…). Esas personas que piden más de 50.000 hectáreas tendrán dos o tres botes siquiera. Hay unos que no tienen ninguno, lo que tienen es un buen abogado, que descubrió que el dicho se hace realidad: hecha la ley, hecha la trampa”, dijo Kast.
El cuestionamiento de Kast es transversal. El expresidente Eduardo Frei sostuvo en la Expo Osaka, en junio de 2025, que Chile podría duplicar sus exportaciones de salmón con inversión japonesa, pero advirtió que para lograrlo primero había que “matar la Ley Lafkenche”, al considerar que afecta gravemente a la industria. Cuestionamiento que reiteró en octubre de ese año, desde la Región de Los Lagos a donde asistió como presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura. Allí cuestionó que existan cerca de 3 millones de hectáreas solicitadas como Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, frente a las 300 mil hectáreas que utilizan las empresas acuícolas en las que producen US$7 mil millones. “Yo no sé para qué le vamos a entregar 3 millones de hectáreas a 10 familias, por muy respetables que sean. Lo que necesitamos hoy día es duplicar las exportaciones de salmones y esta ley lo está impidiendo”, afirmó.
Por otro lado, en el Salmón Summit 2025 la candidata presidencial comunista Jeannette Jara manifestó sobre las modificaciones que requería la ley: “Tenemos que revisar urgente la proporcionalidad entre el tamaño de la comunidad y el monto del pedimento (…). Y podríamos introducir una norma que obligue a que el plan de manejo y el pedimento se introduzcan de conjunto, para mayor certeza de todos”. Aunque precisó que esta revisión debía hacerse “con diálogo, no por la fuerza. No hablando de chantaje”.
Ejemplos de cuestionamientos a la Ley Lafkenche hay más: La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén rechazó dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO): Islas Huichas y Cisnes, ingresadas por las comunidades indígenas Antunen Rain y Pu Wapi, respectivamente. Ambas peticiones sumaban cerca de 621 mil hectáreas de territorio marítimo y fueron rechazadas por unanimidad en diciembre de 2025, con 34 votos en contra.
Las solicitudes tenían una larga tramitación: el ECMPO de Cisnes fue ingresado en 2016, mientras que el de Islas Huichas se presentó en 2017. A principios de 2024, la propia CRUBC ya había rechazado la petición en Cisnes (por 227.272 hectáreas) e Islas Huichas (393.945 hectáreas). Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema, dictado en noviembre de 2025, ordenó retrotraer el procedimiento tras acoger dos recursos de protección presentados por las comunidades solicitantes. En ese primer rechazo, ambas solicitudes fueron desestimadas con 29 votos en contra, dos votos a favor y dos votos favorables a introducir modificaciones. Sin embargo, tanto en 2024 como en 2025 los votos en contra fueron también de representantes del Ejecutivo que entonces encabezaba el Presidente Gabriel Boric (FA).
En 2024, la entonces seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, declaró al momento de rechazar la solicitud “Islas Huichas”, que “la administración de una ECMPO de tales dimensiones limita y restringe los derechos de otras comunidades y asociaciones de ejercer el mismo derecho que la Ley Lafkenche establece para todos los pueblos originarios a solicitar espacios costeros en nuestro territorio nacional. Por tanto, esta solicitud que es más de lo que necesita ejercer su derecho consuetudinario, ha generado conflicto entre comunidades y diferentes actores ligados al mar”.
Las indicaciones que presentará el gobierno de Kast
Desde el gobierno han reconocido que las modificaciones buscan revisar el efecto suspensivo que actualmente produce la tramitación de una solicitud, ya que cualquier solicitud de ECMPO suspende temporalmente toda otra solicitud sobre el mismo espacio.
También pretenden ajustar la proporcionalidad de las áreas solicitadas, ya que por ejemplo la solicitud de Cisnes de 227.0000 hectáreas de territorio costero era tan solo para 27 socios de la comunidad; en tanto las 393.000 hectáreas en Islas Huichas eran para nueve familias, que sólo eran 11 personas.
El tercer eje de las modificaciones que busca implementar el Ejecutivo es elevar las exigencias para acreditar el uso consuetudinario de las comunidades indígenas, esto implica que las comunidades deben acreditar que han usado históricamente ese espacio, por ejemplo para pesca, recolección, actividades ceremoniales o prácticas culturales, un proceso que está a cargo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, comprometió el ingreso el próximo julio de indicaciones al proyecto de ley que actualmente se encuentra en primer trámite en el Senado, que busca perfeccionar la implementación de la Ley Lafkenche. Dicho proyecto fue presentado en abril de 2023 por los senadores Fidel Espinoza (PS), Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS) y los ahora exsenadores Álvaro Elizalde (PS) y David Sandoval (UDI).
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“Si acá se hacen las cosas bien, se podría marcar un precedente de diálogo previo a la consulta”
En la convocatoria para el día 15 de las comunidades indígenas se leía: “Manifiéstate ante el nuevo despojo de tierras anunciado por el Ministerio de Hacienda chileno, a manifestarse por la modificación a la #LeyLafkenche, orquestada por políticos y la industria salmonera”.
Gremios de la pesca artesanal de la Región de Los Lagos también han planteado que se sienten marginados del diálogo, a lo que Urrutia respondió que el proyecto aún se encuentra en una etapa de revisión técnica y aseguró que el proceso incorporará a todos los actores vinculados al borde costero. El subsecretario explicó, según declaraciones recogidas por biobio.cl, que la propuesta aún se encontraba en una etapa técnica y de coordinación con otros organismos públicos. Agregó que, antes de su ingreso al Congreso, el texto sería sometido a nuevas instancias de discusión y consulta con actores sectoriales.
Claudia Unicahuin, exvicepresidenta de Pueblos Originarios de RN y mapuche huilliche, dice a El Líbero que les preocupa que el conflicto que se vive en La Araucanía y Biobío por la tierra ahora se replique en Los Lagos (región en que hay mayor número de hectáreas de ECMPO en tramitación) por el mar. “Ya el Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró inconstitucional en enero de 2025 una indicación en la Ley de Presupuesto que buscaba suspender la Ley Lafkenche. Cualquier modificación a la ley requiere una consulta indígena; y si las indicaciones establecen demasiados requisitos esto puede causar rechazo. Las comunidades indígenas de Los Lagos no son violentas, aquí se puede conversar. Por eso el gobierno debería efectivamente dialogar con las comunidades antes de poner el tema en discusión en el Congreso. De lo contrario, podría provocar un conflicto, en un lugar donde hoy no existe”. Unicahuin reconoce que la Ley Lafkenche actualmente es un problema, pero no una razón de conflicto: “Si acá se hacen las cosas bien, se podría marcar un precedente de diálogo previo a la consulta y que sean las mismas comunidades las que digan lo que les afecta”.
Esto ocurre en un contexto marcado por tres atentados registrados la semana pasada en La Araucanía y uno en el Biobío.
897 solicitudes de concesiones marítimas suspendidas por la Ley Lafkenche
A la sesión del 20 de mayo de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado están citados el director nacional de Conadi, Ignacio Malig, y el subsecretario Osvaldo Urrutia.
De acuerdo con la citación, se busca “conocer el estado de implementación de la ley N° 20.249 que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, particularmente en lo relativo a la tramitación de las solicitudes de pronunciamiento destinadas a acreditar el uso consuetudinario del espacio costero”.
Un informe de Pivotes, presentado en 2024, advirtió que la aplicación de la Ley Lafkenche ha generado efectos económicos relevantes en el sur del país, principalmente por el efecto suspensivo que produce una solicitud de ECMPO.
El documento explica que una vez ingresada la petición por parte de una comunidad indígena, se paraliza la tramitación de cualquier otra solicitud de uso del borde costero que se superponga total o parcialmente con el área requerida. Señalan que para ese momento había 1.501 concesiones de acuicultura en trámite, de las cuales 519 se sobreponen con solicitudes de otorgamiento de ECMPO, lo que equivale a un 35% del total.
También se advirtió el impacto sobre las concesiones marítimas. Según datos obtenidos vía Ley de Transparencia y citados por Pivotes, existían 897 solicitudes de concesiones marítimas suspendidas por la Ley Lafkenche en todo Chile. De ellas, 733 estaban en la Región de Los Lagos, lo que representaba el 82% del total nacional. El informe sostuvo que este punto era especialmente preocupante, porque ese tipo de concesiones podía abarcar proyectos mineros, portuarios, desaladores y otras inversiones que requieren uso del borde costero.
Y aunque el reglamento contempla plazos que deberían bordear un año para responder a una solicitud de ECMPO, en la práctica las ECMPO aprobadas promedian 5,94 años de tramitación, mientras que las solicitudes pendientes alcanzan un promedio de 7,42 años.
A ello se suman la extensión de las áreas solicitadas. Hasta la fecha del informe, se habían decretado 34 ECMPO por 222.404 hectáreas, mientras que otras 109 solicitudes pendientes cubrían 3.823.760 hectáreas. El documento afirmó que en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos “prácticamente toda su costa” estaba otorgada o solicitada bajo esta figura.
Más fácil y corto, derogar esa ley estúpida y vuelve todo a fojas cero, a normalidad……