En el episodio de la autorización dada por el Gobierno a la carga boliviana para que transite a puertos peruanos por caminos de Arica y Parinacota, o respecto de la desatención estatal ante el incremento del narcotráfico, el contrabando o los corredores migratorios ilegales que cruzan la frontera norte hacia Chile, se refleja la misma conducta con la que funcionarios públicos decretan la creciente fosilización de Magallanes o -mediante un audio filtrado desde Cancillería y lesionando un tratado internacional-, irresponsablemente se niega el permiso a un buque británico para que recale y sea atendido en Punta Arenas.
Es decir, tardanza, negligencia, desinterés, complacencia y descortesía de distintos ministerios hacia las poblaciones locales y las regiones de Chile.
Lamentablemente, no constituyen aquellos episodios aislados ni menos singulares, pues lo mismo ocurrió estos días con las quejas de las comunidades atacameñas ante la estrategia del litio anunciada por el Gobierno e inconsulta con las poblaciones locales. La lógica de funcionamiento del centralismo simboliza la nula importancia que desempeñan ellas en las decisiones de Gobierno que intervienen los recursos de sus entornos, especialmente notorio en zonas vulnerables, sino también la falta de idoneidad y sensibilidad social con que el Gobierno administra los territorios del país, obviando incluso compromisos políticos asumidos en campaña electoral.
El mismo guión se aplica más al norte a través del maltrato y desinterés hacia el pueblo Aymara, el que desde hace años reclama infructuosamente por la extracción ilegal de sus aguas por parte de Perú. O bien en el extremo austral, con zonas abandonadas que languidecen ante la ausencia de un plan de medidas y acciones más decisivas, que permitan potenciar y disminuir la brecha con terceros Estados en el control político del austro y el Territorio Antártico Chileno, una de las zonas del planeta que causan más atención e interés de las grandes potencias. Políticas públicas desenfocadas y sustentadas en criterios e indicadores desactualizados.
Estos ejemplos sistematizan los vacíos conceptuales y la desprolijidad con que el Estado centralista gestiona los intereses de las regiones. Ello es especialmente relevante en el caso de Arica y Parinacota y Magallanes y Antártica Chilena, regiones de alta significación internacional, que han sido simples testigos de decisiones que han comprometido la calidad de vida de sus habitantes y su propia viabilidad de desarrollo futuro.
Meses e incluso años de descuido con nuestras zonas extremas, son el resultado de la complacencia con que se enfrentan los problemas y abandonan los intereses de Chile. Más grave aún, también refleja la falta de preparación con que funcionarios públicos resuelven asuntos sensibles de nuestros territorios, disponiendo arbitraria y complacientemente de los recursos de nuestras regiones.
Una eventual nueva Constitución debería habilitar a las regiones a gestionar sus territorios y recursos naturales, sincronizando y ordenando funciones y potestades entre el Ejecutivo central y los gobiernos regionales, con el fin de evitar ejercicios arbitrarios del primero.
Los tiempos políticos han abierto una oportunidad histórica para empoderar a las regiones, reclamando que en la nueva Constitución se reconozca su derecho a administrar sus territorios y recursos naturales. ¡Llegó la hora!
*José Durana, senador por Arica y Parinacota y Alejandro Kusanovic, senador por Magallanes y Antártica Chilena
