El contexto de extendidos incendios en vastas zonas del centro sur del país ha hecho visibles nuevamente las corrientes antiempresa que anidan en el corazón de la coalición gobernante.
Ante la premeditación que ha existido en el inicio de numerosos focos de fuego, e incluso las amenazas de que han sido objeto brigadistas que combaten los siniestros, hechos que recomendaban por una parte enfatizar la lucha contra la delincuencia y el terrorismo incendiarios y, por otra, combatir los incendios e ir en ayuda de sus víctimas, el Presidente de la República ha levantado la idea de “regular” a la industria forestal. Tras cartón, el ministro de Agricultura dio un paso más planteando la conveniencia de establecer un royalty para la misma. Por último, ante las críticas recibidas por los conceptos vertidos, la ministra del Interior debió intervenir para señalar que en el Gobierno no hay ánimo de fijar el mencionado royalty. Todo esto, ha acontecido en el lapso de la última semana.
Dos aspectos de este episodio resultan particularmente llamativos. El primero, cierta incapacidad para apreciar la importancia que posee la violencia criminal en sí misma, en particular la de carácter político. Al tiempo que en la percepción de la ciudadanía se trata, sin duda, de un mal de extremada gravedad. El segundo, la antipatía contra la actividad empresarial que aflora recurrentemente en esferas del Gobierno.
Esta vez, además, de modo clamorosamente inoportuno. Ambas aristas de la situación tienen su explicación en la ideología que sustenta el actuar de las fuerzas políticas actualmente en el poder. El recurso de la violencia es aceptado como un medio legítimo de acción política. Y el discurso estatista, antimercado y empresa privada, ocupa un lugar central en el intento por acabar con el “modelo neoliberal”, fuente de todos lo flagelos sociales imaginables. La propia trayectoria pública del Mandatario dice mucho al respecto.
La actividad de los negocios, como cualquier realidad humana, se encuentra sujeta a la posibilidad de aciertos y yerros, también a conductas éticas e inmorales. La historia nos nutre con ejemplos de unos y otros casos. Pero, al mismo tiempo, nos enseña que la empresa privada es una institución fundamental para el tramado social, el desempeño económico y la manifestación creativa de la libertad humana.
En la época contemporánea la evidencia muestra que los Estados que la han conculcado han decaído y hasta sucumbido. En cambio, aquellos que la han alentado han crecido y se han fortalecido. Una sociedad que aspira a otorgar una mejor calidad de vida a su población debe entender que el desarrollo de la iniciativa particular en el ámbito económico es vital, tanto por sus efectos materiales como espirituales. Por esta razón ha de ser fomentada -y hasta facilitada-, realidad que no quita que deba enmarcarse en un contexto legal-normativo adecuado, que asegure la posibilidad de prosperidad para todos junto con evitar -y sancionar- potenciales abusos.
Sea dicho en necesaria defensa de la empresa.
*Álvaro Pezoa Bissières, director Centro Ética Empresarial ESE Business School