Con la llegada de un nuevo gobierno, las expectativas son inevitables. Cada cambio de administración trae la esperanza de reformas profundas y mejoras visibles en la vida de las personas. El discurso del Presidente Kast del pasado miércoles lo mostró con claridad: anuncios en seguridad, reformas a la salud, ajustes tributarios proinversión, compromisos de austeridad fiscal y énfasis en el orden y la estabilidad. Pero, detrás de cada promesa presidencial, asoma siempre la misma pregunta incómoda: ¿cuánto puede realmente cambiar un país en cuatro años y qué parte de ese cambio depende, en verdad, del Estado y cuánto del mundo privado?
Las expectativas suelen ser desmesuradas. Llevadas al extremo, infantilizan a la ciudadanía y al propio mundo privado: es como si todo dependiera de La Moneda.
Un gobierno serio se parece más a una buena empresa: no es el que promete más, sino el que administra mejor; el que sabe decir “esto sí, esto no, y esto más adelante”. Kast, al insistir en la responsabilidad fiscal, en la prioridad de la seguridad y en destrabar la inversión, se acerca a esa lógica de gestión más que de anuncios. Y, por otro lado, un empresariado maduro no se sienta a esperar “la política perfecta”: Lee el entorno, ajusta, colabora activamente con el Estado en políticas de largo plazo y sigue creando valor incluso con reglas imperfectas. Esa es la verdadera prueba de los próximos cuatro años: no sólo qué tan bien gobierna el Ejecutivo, sino qué tan bien responde el sector privado al nuevo entorno que se le ofrece.
Soñar en grande es necesario. Pero si ese sueño no conversa con las restricciones fiscales, políticas y culturales -y con el rol insustituible de las empresas en crear riqueza- se transforma en frustración. Es nuestra obligación entender qué puede hacer un gobierno… y qué le toca hacer al mercado, a las empresas y a cada uno de nosotros.
La frase de Javier Milei -“no hay plata”- es brutal, pero revela una realidad que muchas sociedades prefieren no mirar: la política no puede repartir lo que la economía no produce.
Para que haya cohesión social, movilidad y mejores salarios, antes tiene que haber inversión que arriesgue capital, empresas que capaciten, que generen excedentes, que innoven, compitan y creen empleo formal. Esta es la parte del sueño de largo plazo de un país que ningún gobierno puede reemplazar: la capacidad del sector privado de transformar ideas en valor económico y social.
El Estado puede (y debe) crear buenas reglas, corregir fallas, proteger a los más vulnerables y garantizar un piso de dignidad. Cuando Estado y empresas se reconocen como socios en un mismo proyecto de desarrollo -cada uno desde su rol-, las reformas se vuelven más sostenibles y las políticas públicas tienen una mayor probabilidad de traducirse en más inversión, innovación y empleo de calidad.
La Encuesta Nacional Bicentenario UC 2025 entrega señales culturales clave: 45% cree que la mejor forma de progresar es esforzarse, emprender, capacitarse y trabajar duro. Solo 34% ve las garantías del Estado como la vía principal. En bienestar propio, 42% enfatiza la responsabilidad individual, frente a 28% que la atribuye sobre todo al Estado. Es decir, el país que Kast acaba de comenzar a gobernar no espera solo “que le llegue” todo desde el Estado: reconoce, al menos en el plano de las actitudes, que el esfuerzo personal y la iniciativa privada son centrales.
Chile no ha abandonado la ética del esfuerzo. Ese es un activo gigantesco… Mientras la política administra la frustración, las empresas pueden y deben administrar la realidad.
El nuevo gobierno ha puesto sobre la mesa un relato de orden, crecimiento e inversión. Esto requerirá compañías que hagan algo más que aplaudir o criticar el discurso presidencial de turno. Implica invertir, capacitar, generar confianza con las comunidades, sentarse a la mesa con los políticos, sindicatos, y gremios para construir certezas y acuerdos básicos, anticiparse a cambios regulatorios, tecnológicos y culturales, y ejecutar con excelencia. Implica sostener inversiones de largo plazo incluso en ciclos políticos adversos, entendiendo que el horizonte no es el del próximo trimestre, sino el del próximo país.
Una empresa para gobiernos de cuatro años es una empresa vigorosa, innovadora y legítima socialmente. La prosperidad duradera exige un Estado que haga bien su parte y un sector privado que asuma, sin complejos, la suya: invertir con horizonte de país, colaborar con los gobiernos en las grandes transformaciones necesarias y sostener, incluso en tiempos difíciles, la confianza en un futuro común. Ese, más que cualquier discurso de inicio de mandato, será el verdadero termómetro del éxito del Chile que comienza.