En abril de 2022, se aprobó la última reforma importante al Código de Aguas. Este cuerpo legal, que data de 1981, tuvo una importante revisión en el año 2005 en la que se incorporaron conceptos como la patente por no uso, nuevas facultades para la DGA, así como la creación de la red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de aguas superficiales y subterráneas en cada cuenca hidrográfica. Entre la modificación de 2005 y la de 2022 se aprobaron cuatro leyes que modificaron directamente este cuerpo legal, en los años 2006, 2008, 2013 y 2018, es decir, cada 4,25 años hubo una modificación en promedio.
Apenas un año después de la publicación de la última reforma, en julio de 2023, se aprobó una ley para ampliar el plazo de 18 meses para la inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas establecidos en dicha oportunidad, junto con otras modificaciones. Este plazo resultaba a todas luces insuficiente, y probablemente requerirá de nuevas extensiones dada la capacidad de tramitarlos por parte de la autoridad.
Ahora, el 30 de mayo de 2024, se publicó la Ley N° 21.671, originada en una iniciativa del Ejecutivo ingresada al Parlamento el 12 de marzo. Esta ley busca agilizar la entrada en vigor de los decretos de escasez y otros temas. En sólo dos meses y medio de discusión parlamentaria, se transformó en la segunda modificación legal al Código de Aguas que realiza esta administración, la cual, además, está tramitando una tercera iniciativa ingresada el 29 de diciembre 2023 con la finalidad modificar el procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas (Boletín 16.504-33). Esta iniciativa ya se encuentra en segundo trámite constitucional y se discute con suma urgencia.
Probablemente en lo que queda de esta legislatura completemos cuatro modificaciones importantes al Código de Aguas, tres de ellas ingresadas o patrocinadas por el Ejecutivo, y alguna otra originada en mociones parlamentarias, superando una modificación anual a nuestra ley fundamental en materia hídrica.
Para hacernos a una idea de la intensidad legislativa revisemos el Observatorio Normativo, del Centro de Derecho Gestión de Aguas de la UC, que lista todos los proyectos de ley en materia de aguas que están en tramitación desde el año 2006. El listado totaliza 72 iniciativas, de las cuales casi un tercio corresponden sólo al año 2023 y lo que va del 2024.
Es evidente que la sequía que sigue afectando a Chile incrementa el interés por todo lo que tenga que ver con el agua, pero ¿no estaremos generando más dificultades para una gestión efectiva del agua? En lugar de seguir creando normas, exigencias, y atribuciones públicas (muchas veces sin financiamiento para cumplirlas) ¿no será prudente abordar la sequía ordenando lo que ya tenemos y potenciando lo que sí funciona?
Es difícil avanzar efectivamente en medio de esta intensa actividad legislativa, pues se generan nuevas definiciones sobre aspectos recientemente modificados, ya sea porque faltó prolijidad o por otras causas, y se imponen nuevas condiciones en forma constante. Además, se hacen en forma centralizada y única para todo el país, sin considerar la diversidad hidrológica y de usos y actores presentes de las distintas cuencas.
Hay muchos temas en que existe consenso entre distintos expertos y conocedores. Un tema ampliamente concordado es que Chile tiene un importante déficit en información hídrica: ¿Qué estamos haciendo en esa materia? ¿Aumentaremos las estaciones fluviométricas y las rutas de nieve? ¿Se está preparando una plataforma única de información hídrica? No necesitamos leyes para avanzar en esto.
Muchos creemos que hay que fomentar la recarga de acuíferos, pero ¿tenemos iniciativas en esa línea? ¿fomentamos que los privados hagan obras de recarga de acuíferos?
Por otra parte, y partiendo de la base de que las organizaciones de usuarios de agua son parte de nuestro sistema hídrico y su creación y funciones están mandatadas por ley, ¿estamos potenciando a aquellas organizaciones de usuarios de agua que han dado muestras de ser actores bien preparados para la gestión de su cuenca? ¿Estamos apoyando a aquellas que aún no lo son?
Nuestro país tiene déficit de gestión de aguas, pero superávit de legislación hídrica. La necesidad de disponibilidad hídrica para el consumo humano, para la actividad productiva y para el uso ecosistémico va más rápido que el ritmo legislativo, y debemos abordarla no sólo desde lo normativo, sino también desde lo práctico.
Las leyes pueden ser un apoyo para una mejor gestión, o pueden ser un freno para esta, pero sin duda no son la única herramienta. Si no invertimos en mejor información, si no incorporamos nuevas técnicas y tecnología, si no desarrollamos mejor infraestructura, si no potenciamos a quienes realmente gestionan el agua en el territorio, de poco nos servirá tener el más nutrido catálogo de leyes y normas.
