Para sorpresa de muchos, el año 2024 fue bastante generoso en términos hídricos. Las precipitaciones acumuladas a octubre de 2024 fueron superiores al promedio histórico acumulado al mismo mes entre los años 1991-2020 en varias ciudades del país. Así, por ejemplo, en Calama, La Serena, San Felipe, Santiago y Temuco, los superávits fueron de 76%, 10%, 120%, 31% y 6%, respectivamente. Todos positivos. Dichos porcentajes son muy superiores a los de años anteriores, tales como el cercano 2022, en que las precipitaciones en esas mismas ciudades fueron deficitarias respecto del promedio histórico en -16%, -1%, -32%, -52%, y -1%, respectivamente. La comparación con años aún más secos como el 2019 es más dramática.
Esta noticia es positiva en el contexto de una sequía ininterrumpida durante 15 años. Sin embargo, no debemos olvidar que las lluvias de 2024 bien pueden ser sólo una excepción y que se requieren cambios sustantivos para evitar situaciones graves, tales como las acaecidas en los años 2018 y 2019, en un futuro cercano.
Es urgente entonces acelerar el paso. Para ello se cuenta con hojas de ruta para 61 cuencas de un total de 101 cuencas en el país, denominadas planes estratégicos de gestión de recursos hídricos (PEGRH).
En los inicios del gobierno actual, en agosto de 2022, el Director General de Aguas hizo una presentación donde señaló que había un conjunto de 14 PEGRH cuya implementación tenía Prioridad #1: Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Quilimarí, Petorca, La Ligua, Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito, Maule y Biobío (Ver El camino hacia la seguridad hídrica). Sin embargo, hasta la fecha, los avances son más bien escasos.
Ahora bien, ¿Qué es un PEGRH?
Se trata de una hoja de ruta que parte de un levantamiento de la situación existente: oferta y demanda actual de agua en una cuenca determinada, balance hídrico y proyecciones a 10 años, estado de la información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico. Asimismo, propone una cartera de soluciones a impulsar por la Dirección General de Aguas (DGA) y por terceros, tanto públicos (Dirección de Obras Hidráulicas, Comisión Nacional de Riego y Fondo Nacional de Desarrollo Regional) como privados (empresas sanitarias, empresas hidroeléctricas, organizaciones de usuarios de agua y regantes individuales), que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático. Dicho portafolio de soluciones busca asegurar el abastecimiento hídrico en cantidad y calidad e incluye tres tipos de soluciones – Infraestructura (Gris), Gestión (Azul) y Naturaleza (Verde)- para enfrentar los desafíos particulares de cada cuenca, con sus correspondientes estimaciones de costos, plazos, y responsables.
Las soluciones basadas en Infraestructura [Gris] incluyen embalses, trasvases entre cuencas, elevación de agua, extracción de aguas subterráneas con infiltración y tratamiento de aguas (potabilización, desalación); las soluciones basadas en Gestión [Azul] incluyen tecnificación del riego, revestimiento de canales de riego, telemetría y automatización de compuertas, capacitación a los usuarios del agua y acuerdos entre usuarios; y las soluciones basadas en Naturaleza [Verde] corresponden a recarga de acuíferos gestionada, recarga de acuíferos desde canales de riego, aportes al caudal ecológico, protección y restauración de cuencas, y tratamiento de aguas (potabilización, desalación).
Para una mejor comprensión del lector, veamos algunos de los contenidos del PEGRH de la cuenca del Maule. Se trata de una cuenca con una superficie de 21.050 km2, 9 cuerpos de agua principales, 62 glaciares, 2.670 humedales y 330.000 Hm3 de aguas subterráneas. Los principales usos del agua son consumo humano en zonas urbanas y rurales para abastecer a casi 900 mil personas, 250 mil hectáreas agrícolas, 364 mil hectáreas forestales, generación hidroeléctrica de 1.680 MW y usos ecológicos.
En base a modelaciones y proyecciones se estimaron las brechas hídricas al 2050 que resultaron deficitarias, por lo que surge el desafío sobre cómo resolver dichas brechas, es decir, ¿cómo agregamos agua al sistema? La conclusión es que se puede establecer una hoja de ruta que es técnicamente viable y económicamente realista en función de los presupuestos destinados a la fecha. El portafolio de soluciones contempla un mix de Infraestructura Gris, Azul y Verde con los correspondientes presupuestos que requieren las instituciones responsables de su implementación en el corto, mediano y largo plazo.
La Dirección General de Aguas por ejemplo debe destinar recursos a la mejora de la red hidrométrica y de calidad de aguas, a la formalización de Juntas de Vigilancia y constitución de CASUB, e implementación de la gobernanza del plan estratégico. La Dirección de Obras Hidráulicas debe abocarse a la inversión en embalses superficiales y elevación de agua, gestión de aguas subterráneas, resolver brechas de abastecimiento con camiones aljibe, y generar información de niveles de pozos y calidad de agua de los servicios sanitarios rurales.
A la Comisión Nacional de Riego le compete avanzar en la automatización y telemetría de compuertas de riego y tecnificación del riego, como también a los embalses de regulación corta, revestimiento de canales y capacitación de usuarios. En materia de sustentabilidad, le corresponde la recarga de acuíferos para mantener su sustentabilidad (también recarga desde canales), y en materia de control le corresponde la capacitación a usuarios de estándar menor y el cofinanciamiento del control de extracciones subterráneas. El Ministerio de Medio Ambiente debe establecer nuevos sitios prioritarios y avanzar con la definición de objetos de conservación, CONAF debe abocarse a la restauración de la cuenca del Maule, y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático debe generar Acuerdos de producción limpia para velar por la calidad del agua. Finalmente, pero no menos importante los Usuarios de agua, deben lograr Acuerdos para generar caudales ecológicos y para contar con nuevas fuentes de aguas superficiales. (ver detalles en PEGRH Maule). Por tanto, a cada una de las instituciones públicas se le asignan tareas y objetivos concretos con sus correspondientes presupuestos y plazos.
Si la implementación de estos planes u hojas de rutas fueran prioritarios para los sucesivos gobiernos, asegurando las condiciones materiales y de gobernanza necesarias a nivel nacional, regional y local para que ello ocurra exitosamente, cada 4 años podríamos ver avances notorios en su implementación. Cada gobierno debería completar su tramo de la hoja de ruta logrando así avances continuos hacia la seguridad hídrica en las cuencas. Lamentablemente durante los últimos años los avances han sido magros y no se condicen con los problemas de seguridad hídrica que se visualizan en el futuro cercano. Tenemos un sinnúmero de planes que no se transforman en acciones.
