En materia de seguridad, Chile parece haber alcanzado un consenso que hace algunos años no existía. El crimen organizado, la narcodelincuencia y el terrorismo representan peligros de una naturaleza y magnitud distintas de aquellas que nuestro sistema institucional estaba acostumbrado a enfrentar. Las organizaciones criminales poseen recursos, tecnología, capacidad de infiltración, control territorial y ejercen niveles de violencia que obligan al Estado a responder con instrumentos acordes con esa nueva realidad.
La discusión política, por tanto, ya no parece concentrarse principalmente en el diagnóstico. Las diferencias surgen al momento de determinar qué nuevas atribuciones necesita el Estado, cuáles deben ser sus límites y qué controles corresponde establecer para evitar abusos. Es un debate necesario, pues la eficacia nunca puede justificar cualquier medio. Pero tampoco la legítima preocupación por las garantías a los derechos individuales puede hacer imposible aquello que constituye la primera obligación del Estado: proteger a las personas.
Existe aquí un riesgo que convendría evitar. Cuando cada nuevo mecanismo de seguridad se analiza aisladamente desde la perspectiva de sus posibles excesos, puede terminar estableciéndose un sistema impecablemente cauteloso, pero ineficaz. Los resguardos institucionales son indispensables; la capacidad de actuar también lo es. El desafío consiste en conseguir ambas cosas.
Por eso resulta urgente avanzar en un conjunto coherente de normas que entregue mejores herramientas para combatir los flagelos mencionados. Algunas propuestas podrán requerir modificaciones durante su tramitación. Para eso existe el Congreso. Lo que sería difícil de comprender es que las discrepancias acerca del diseño terminen paralizando la respuesta frente a un problema cuya extrema gravedad prácticamente nadie discute.
Hay, además, una realidad bastante elemental que por momentos desaparece en medio del debate jurídico. Si durante años se han utilizado determinados dispositivos y, pese a ello, la narcodelincuencia ha aumentado enormemente su poder, resulta poco razonable esperar resultados sustantivamente diferentes haciendo esencialmente lo mismo.
Un escenario diferente exige una respuesta distinta. Si la amenaza ha cambiado, también debe hacerlo la capacidad del Estado para enfrentarla.
La verdadera disyuntiva, entonces, no debería plantearse entre seguridad y estado de derecho. Necesitamos ambas. La prudencia obliga a establecer límites y controles; pero, esa misma prudencia exige proporcionar, a quienes combaten el crimen, medios realmente eficaces. Una democracia incapaz de salvaguardar a sus ciudadanos termina debilitándose precisamente en aquello que nunca debe dejar de defender.
El desafío del Congreso es, por ello, particularmente importante: discutir con rigor, corregir lo que sea necesario y aprobar pronto lo indispensable. No se trata de legislar apresuradamente, sino de comprender que, frente a amenazas que avanzan rápidamente, la inacción trae consigo lamentables consecuencias.
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