Chile enfrenta un grave problema de desempleo y de informalidad laboral. En efecto, los indicadores nos muestran que el desempleo se estabiliza en torno al 8,5% y el empleo informal supera el 25%. Algunas de las razones que explican esta grave realidad, guardan relación con la inflexibilidad laboral, los altos costos de despido, el aumento legal del salario mínimo y el sesgo manifiesto de la justicia en contra de los empleadores. A lo anterior debemos sumar la reducción de la jornada laboral, los excesivos beneficios de los dirigentes sindicales y la nefasta práctica del bono “por término de conflicto”, en los procesos de negociación colectiva.
La negociación ramal, propuesta por la izquierda, sería un paso más en la dirección incorrecta. Un agricultor o un empresario mediano, cada vez es más cuidadoso y cauto a la hora de contratar a un nuevo trabajador. Los casos concretos son infinitos, en los cuales los pequeños empresarios se ven enfrentados a situaciones en que el trabajador realiza su trabajo lento o mal, en busca del despido y del beneficio legal de un mes por año de servicio. Es frecuente observar cómo el trabajador no respeta el horario, especialmente en establecimientos agrícolas o faenas aisladas, en donde la supervisión es compleja. Si a lo anterior le sumamos el tiempo laboral dedicado a hablar por celular en horas de trabajo, vamos encontrando razones que explican la baja productividad del trabajador chileno.
La realidad de las grandes empresas no es comparable con la de las pymes, que se ven enfrentadas a altos costos laborales y dificultades para lidiar con la normativa legal. Si existieran leyes menos opresoras, la informalidad disminuiría y el empleo aumentaría. El interés por “proteger” al trabajador, llevó las normas a un extremo que ha terminado siendo perjudicial para los trabajadores en general. Nadie podría oponerse a que los trabajadores tengan una protección legal que resguarde sus derechos, pero algo muy distinto, es impedir que los empresarios aumenten o disminuyan sus plantillas para asegurar la viabilidad de su negocio.
Para qué hablar de los empleados públicos, y las dificultades que tienen los gobiernos para “eficientar” el Estado. La productividad de los empleados públicos en Chile es muy baja, al compararla con países desarrollados. El caso licencias falsas y todo lo que están encontrando los ministros entrantes, dan cuenta de un abuso tremendo, el cual es financiado por los contribuyentes. Una sociedad más flexible y con mayores incentivos a la contratación y menores costos de despido, generaría resultados positivos en empleo e informalidad. Debemos creer en la capacidad y la buena fe de las personas, pero no en aquellos que buscan perpetuarse en puestos de trabajo amparados en la inamovilidad.
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