Ha pasado casi un año y medio del caso Convenios, y las consecuencias siguen estando presente, pero afectando a quienes nada tuvieron que ver con lo ocurrido. De un universo de más de 30 mil fundaciones, que llevan más de un siglo aportando en diversas causas relevantes, no son más de 50 las que se han visto involucradas y donde además lo que realmente falló fueron los mecanismos del Estado y mal uso de ellos por parte de autoridades y funcionarios públicos.
El debate presente ha dejado mal parado de cierta forma al rol que los privados, la sociedad civil y cada uno juega en la construcción de lo público, pudiendo erróneamente instalar la creencia que sólo el Estado puede ser quien provee y cuida los bienes públicos. Si bien no hay duda alguna que el Estado es quien tiene el rol garante, que entrega marcos y certezas jurídicas y cumple un rol fiscalizador relevante; son los privados -la sociedad civil- quienes emprenden, innovan, movilizan ideas, entregan insumos a las políticas públicas y son un actor clave para movilizar el interés público y complementar la acción del Estado.
Jorge Jaraquemada, en su columna de la semana pasada “Entre la desidia y la irresponsabilidad” señala que en el caso Convenios se ve una indiferencia por parte del gobierno ante la responsabilidad que corresponde asumir por los casos de corrupción ocurridos, donde el diagnóstico erra y las medidas apuntan en la dirección contraria.
Esta desidia, se ve reflejada respecto a lo que está ocurriendo hoy con las fundaciones afectando directamente a sus beneficiarios y a la población más vulnerable.
Los datos levantados por la iniciativa Sociedad en Acción, del Centro de Políticas Públicas UC, así lo demuestran; luego del caso Convenios un 34% de las fundaciones señala que ciertas convocatorias públicas fueron eliminadas, disminuyendo así la disponibilidad de recursos y en esa misma línea un 60% de ellas reportan una disminución de sus ingresos respecto al período anterior a que ocurrieran los casos de corrupción. Más del 80% de las organizaciones percibe que la carga burocrática ha aumentado de forma excesiva, y un 60% que la confianza del Estado en su labor ha disminuido considerablemente, y tal como lo señala el Hogar de Cristo en una carta a La Segunda se ha evidenciado un aumento en el control lo que dificulta la implementación de los programas.
El proyecto de ley de Transferencias presentado por el gobierno, y que surge de la Comisión Jaraquemada, que, si bien es un gran avance, erra en el diagnóstico y restringe enormemente el actuar de estas organizaciones, donde la carga de requisitos administrativos para acceder a fondos públicos amenaza con desincentivar la participación, lo que podría empeorar la situación.
Afortunadamente, todavía no entra en discusión el proyecto de ley y existe la oportunidad de mejorarlo -existiendo propuestas para ello- donde el espíritu de la ley esté en la convicción de la relevancia de la colaboración público-privada.
Hoy el camino para que no paguen justos por pecadores, mientras se espera que se discuta el proyecto de Ley de Transferencias, es la Ley de Presupuesto que se discute actualmente en el Congreso, la cual incorpora algunos elementos, sin embargo, no son suficientes. Es importante aprovechar esta instancia para incorporar elementos que permitan mejorar las condiciones que hoy tienen ahogado a un sector relevante en la provisión de servicios públicos.
Esperamos que la desidia no prime y el diagnóstico ponga los focos en lo que se requiere: mecanismos que permitan mayor transparencia y claridad de criterios, pero que no restrinjan el actuar de las organizaciones de la sociedad civil, sino que expandan el potencial de todas aquellas que genuinamente aportan al desarrollo del país, y sancione fuertemente a quienes incumplan con los principios básicos de probidad.
