Pocas políticas públicas han tenido un impacto tan profundo en las familias como los sistemas de financiamiento de la educación superior. Generaciones de jóvenes, con recursos insuficientes, pudieron acceder a universidades, ampliando sus oportunidades.
El debate sobre los deudores del Crédito con Aval del Estado trasciende la discusión financiera. Se trata de una conversación sobre el tipo de sociedad que queremos construir, la relación entre derechos y deberes, el valor de la palabra empeñada y la capacidad de las políticas públicas para armonizar solidaridad y responsabilidad.
La educación superior constituye un bien público. Las naciones que han alcanzado mayores niveles de desarrollo han realizado esfuerzos para ampliar su acceso. Una sociedad con personas calificadas dispone de mejores herramientas para enfrentar los desafíos del crecimiento y el fortalecimiento de la democracia.
Existe también una dimensión personal. Quienes acceden a la educación superior suelen mejorar sus ingresos, movilidad social y posibilidades de desarrollo profesional y humano.
Los sistemas de financiamiento estudiantil surgieron para distribuir razonablemente los costos de la educación superior entre el Estado y quienes obtienen sus beneficios. Los derechos y oportunidades suelen ir acompañados de deberes y compromisos. Cuando una sociedad deja de reconocer esta relación, debilita las bases de la confianza que hacen posible la convivencia democrática. Las economías funcionan porque las personas cumplen contratos. Las instituciones, porque los ciudadanos respetan normas.
Por ello, este debate no puede desvincularse de una reflexión sobre la responsabilidad personal. Cumplir los compromisos constituye una expresión de responsabilidad cívica.
Esto no significa desconocer la complejidad de las situaciones individuales. La realidad de los deudores es diversa. Existen personas que han enfrentado desempleo, enfermedades, precariedad laboral o circunstancias familiares complejas. Estas situaciones requieren comprensión, sensibilidad y soluciones adecuadas. Una sociedad justa no puede ser indiferente ante quienes enfrentan dificultades objetivas que les impiden cumplir sus compromisos.
Precisamente porque la solidaridad es un valor importante, debe aplicarse con criterios de justicia. Es indispensable distinguir entre quienes no pueden pagar y quienes deciden no hacerlo. Confundir ambas situaciones conduce a políticas públicas injustas y genera incentivos que terminan perjudicando el interés colectivo.
Este aspecto suele quedar ausente del debate público. Durante años, cientos de miles de familias realizaron sacrificios para pagar los créditos universitarios. Muchas ajustaron sus presupuestos, postergaron proyectos y asumieron restricciones económicas.
La discusión tampoco puede desarrollarse como si el CAE fuera una experiencia aislada. Durante décadas existieron mecanismos como el Crédito Fiscal Universitario y el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Ambos experimentaron problemas de morosidad y cobranza. Por ello, esta experiencia resulta valiosa. A lo largo de los años se implementaron fórmulas de regularización que incluyeron reprogramaciones, facilidades de pago, condonaciones parciales de intereses e incentivos para normalizar situaciones morosas.
Estas experiencias ofrecen una enseñanza: es posible construir soluciones equilibradas. Las soluciones sostenibles requieren acuerdos y una mirada de largo plazo. Los problemas complejos rara vez admiten respuestas simples. Los sistemas exitosos suelen combinar apoyo estatal, protección frente a la vulnerabilidad, pagos ajustados a la capacidad de las personas, incentivos al cumplimiento y esquemas de corresponsabilidad entre el Estado y los beneficiarios. Ese es el equilibrio que Chile necesita.
La mejor justicia y que además fortalece las relaciones y la confianza social y forma culturalmente a los ciudadanos, es EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y DE LA PALABRA EMPEÑADA. Simple.