La primera querella relacionada con el tráfico ilegal de migrantes haitiano se presentó el 30 de enero de 2017, por el Ministerio del Interior, entonces encabezado por Mario Fernández. Esta semana el tema nuevamente se tomó la agenda ante la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de un eventual tráfico de menores haitianos, traídos a Chile en vuelos chárter entre enero y octubre de 2025.
¿Qué pasó con el recurso presentado hace casi una década? La causa penal figura como “suspendida” en los expedientes del Poder Judicial. Sin embargo, por los hechos hay dos condenados como autores del delito consumado de tráfico ilícito de migrantes reiterado, en procedimientos abreviados llevados a cabo en 2023 y 2024; pero también hay involucrados que figuran en “rebeldía”; y otros con relaciones procesales suspendidas.
Las agencias que habrían “facilitado y promovido el ingreso ilegal de ciudadanos haitianos”
El Ministerio del Interior presentó la querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra todos quienes resultaran responsables, como autores, cómplices o encubridores, del delito de tráfico ilegal de migrantes, previsto en el artículo 411 bis del Código Penal.
La acción penal apuntaba al ingreso masivo de ciudadanos haitianos a Chile, principalmente a través de vuelos de Latin American Wings (LAW), en un contexto en que, según la propia querella, entre enero y octubre de 2016 arribaron al país 13.924 haitianos en vuelos asociados a esa aerolínea, mientras que solo 209 salieron del territorio nacional.
La hipótesis inicial del Ministerio del Interior era que se facilitaba el ingreso de personas que declaraban venir como turistas, pero que en realidad buscaban quedarse a residir en Chile. En la querella se sostuvo que los pasajes eran adquiridos en agencias de viaje del centro de Santiago por haitianos que ya estaban en el país, para enviarlos a familiares o conocidos en Haití. También se afirmaba que muchos compraban tickets de ida y vuelta, pese a que no tenían intención de retornar.
Meses después, el 12 de julio de 2017, Interior amplió la querella. En esa presentación el foco se desplazó con más fuerza hacia las agencias de viaje que, según el gobierno, habrían facilitado y promovido el ingreso ilegal de ciudadanos haitianos. Entre las agencias mencionadas estaban Global Travel, Gabel Chile, New Stylo Travel, Vuela Club, Perú Económico, Sat Travel and Multiservice, América Travel, Maximus Travel y Fuxion Travel, todas ubicadas en el centro de Santiago.
La acusación fue presentada por el Ministerio Público, en una investigación radicada en la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte. Con el avance de las diligencias, el caso incorporó además una segunda arista: lavado de activos.
En febrero de 2021 la Fiscalía solicitó formalizar a Máximo Herrera, Rosa Picón, Rafael Oyanedel, Julio Salirrosa y José Bedón, por su presunta participación en hechos constitutivos de los delitos de tráfico ilícito de migrantes reiterado. Mientras que respecto de los imputados Máximo Herrera, Walter Gerónimo Román, Julio Salirrosas Valera y José Miguel Bedon Colonia también les atribuyó responsabilidad en el delito de lavado de activos. Los involucrados eran de nacionalidad peruana con excepción de Oyanedel, que es chileno. En tanto que de Walter Gerónimo Román se desconoce su nacionalidad.
Las sentencias
Según las sentencias dictadas en procedimiento abreviado que constan en el expediente, los hechos investigados ocurrieron entre enero de 2016 y comienzos de marzo de 2018. La acusación sostuvo que los imputados se dedicaron a “promover y facilitar, con ánimo de lucro”, el ingreso ilegal de ciudadanos haitianos a Chile.
El mecanismo descrito por el tribunal fue el siguiente: se cobraba a los migrantes entre US$1.200 y US$1.400, se simulaba un itinerario de ida y regreso, se usaban vuelos de LAW, Sunrise o vuelos chárter de la empresa ONE, y además se instruía a los pasajeros para declarar una finalidad turística inexistente y exhibir reservas de hotel falsas.
De acuerdo con las sentencias, de esa forma ingresaban mensualmente a Chile entre 2.000 y 3.000 ciudadanos haitianos durante el período de operación de la red.
En los antecedentes revisados constan dos sentencias condenatorias dictadas en procedimiento abreviado:
Rafael Oyanedel fue condenado el 13 de septiembre de 2023 como autor del delito consumado de tráfico ilícito de migrantes reiterado. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago le impuso 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 3 UTM y suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena. La pena privativa de libertad fue sustituida por remisión condicional.
Julio Salirrosas fue condenado el 27 de junio de 2024 como autor de dos delitos: tráfico de migrantes reiterado y lavado de activos. Por el primer delito recibió 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 2,5 UTM. Por lavado de activos recibió otros 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 2,5 UTM. En total, las penas sumaron 1.082 días, también sustituidos por remisión condicional.
Herrera y Picón figuran en rebeldía; y Gerónimo Román logró que lo sobreseyeran por el delito de lavado de activos, pero la decisión fue revocada el 6 de marzo de 2024 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Más de $1.200 millones involucrados
La arista de lavado de activos surgió a partir de la ruta del dinero. En la sentencia contra Salirrosas se señala que, al menos desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2018, Máximo Herrera, Walter Gerónimo Román, Julio Salirrosas y José Miguel Bedón habrían ocultado o disimulado el origen ilícito de dineros y bienes provenientes directa o indirectamente del tráfico de migrantes.
La tesis de la Fiscalía fue que la actividad ilícita atribuida a Herrera generó “importantes cantidades de dinero”, que luego fueron ocultadas mediante testaferros o prestanombres. Según el fallo, ninguno de esos supuestos testaferros tenía una actividad económica lícita autónoma suficiente para justificar las inversiones u operaciones financieras en que participaron.
En el caso específico de Julio Salirrosas, la sentencia estableció que facilitó su empresa individual, Julio Salirrosas Valera Global Travel Chile Viajes E.I.R.L., para ocultar o disimular dineros de origen ilícito. Esa sociedad mantenía contratos de trabajo con Máximo Herrera y Walter Gerónimo Román, lo que, según el fallo, les permitía aparentar una situación económica estable para acceder al sistema financiero, previsional y de salud.
Además, la sentencia consigna que en 2016 la empresa de Salirrosas realizó inversiones en moneda extranjera por $1.260.980.000, información coincidente con antecedentes de Afex Agentes de Valores Ltda., pese a que ese año la sociedad no realizó declaración anual de renta.
El Ministerio del Interior también abordó esta arista en una apelación presentada en febrero de 2024, luego de que el tribunal decretara el sobreseimiento de Walter Gerónimo Román. En ese recurso, Interior sostuvo que los pagos asociados a los migrantes y las operaciones de los imputados se realizaban principalmente al contado y en efectivo, sin utilizar los mecanismos tradicionales del sistema bancario.
La apelación agregó que Gerónimo Román habría participado en compras de derechos hereditarios pagadas al contado, aportes en efectivo a sociedades y operaciones inmobiliarias que, a juicio del querellante, no tenían respaldo suficiente en actividades económicas lícitas. Interior también sostuvo que la participación en sociedades vinculadas a Global Travel y Globaltours SpA habría permitido disimular el verdadero origen de los fondos.
Los descargos de LAW
Otro documento en el expediente que da cuenta de cómo operaban las agencias es una querella presentada por los representantes de Latin American Wings S.A. (LAW) en julio de 2018. Allí la aerolínea buscó desmarcarse de las acusaciones y apuntó directamente contra agencias de viaje.
La querella de LAW no alcanzó a ser conocida en el fondo. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago la declaró inadmisible el 9 de julio de 2018, al estimar que la aerolínea no tenía la calidad de víctima exigida por el Código Procesal Penal para querellarse por tráfico ilícito de migrantes. LAW apeló, pero el 22 de agosto de ese año la Corte de Apelaciones de Santiago declaró abandonado el recurso, conforme al artículo 358 del Código Procesal Penal, norma que sanciona la falta de comparecencia del recurrente a la audiencia de vista. Posteriormente el representante de la aerolínea presentó nuevamente el documento, y el tribunal resolvió remitirlo como denuncia ante el Ministerio Público.
En el escrito, el representante de LAW sostuvo que una aerolínea se limita a vender pasajes y transportar pasajeros que se presentan con documentación legal al día, mientras que las agencias de viaje son las que organizan paquetes, reservas, traslados y otros servicios turísticos. Según esa querella, si el pasajero era un “falso turista”, el lucro no estaba en la línea aérea, sino en las agencias.
LAW relató que durante 2016 operó inicialmente mediante el arriendo de una AOC (autorización de vuelo) a ChileJet y que, el 31 de diciembre de ese año, obtuvo autorización para funcionar como línea aérea nacional. La empresa afirmó que llegó a tener cinco aeronaves Boeing 737-300, 620 trabajadores y rutas a República Dominicana, Haití, Venezuela, Miami y Perú.
En su versión, el negocio de pasajeros desde Haití fue llevado a la compañía por dos ciudadanos peruanos: Máximo Herrera Sifuentes, ligado a Global Travel, y otro hombre que no está individualizado en esta causa, vinculado a la agencia New Stylo Travel. Según LAW, ambos controlaban como mayoristas diversas agencias menores, incluso algunas operadas por haitianos, y tenían experiencia previa en Haití y República Dominicana.
La aerolínea aseguró que esas agencias compraban cupos de vuelos por adelantado, hasta un máximo de 114 por vuelo, y luego los comercializaban junto a otros servicios. LAW afirmó que el precio final al cliente era manejado por las agencias.
Así, LAW sostuvo que vendía a las agencias pasajes por valores fluctuantes entre US$ 700 y US$ 800, pero que los familiares de pasajeros reclamaban haber pagado sobre US$ 2.000. Según la aerolínea, las agencias cobraban no solo el pasaje, sino también reservas de hotel, cartas de invitación y, en algunos casos, préstamos de los US$1.000 que los pasajeros debían exhibir al llegar a Chile para acreditar solvencia.
La empresa también afirmó que algunos pasajeros debían devolver ese dinero al llegar a Chile y pagar intereses con sus primeros ingresos en el país.
LAW relató que en febrero de 2018, a partir de conversaciones con personal de la PDI en el aeropuerto, tomó conocimiento de irregularidades como dinero falso, reservas de hotel falsas y cartas de invitación adulteradas –por las que se cobraba a los pasajeros–. Según la querella, hubo vuelos completos rechazados y pasajeros reembarcados a su país de origen. La causal principal de rechazo, de acuerdo con lo informado por la empresa, eran reservas falsas de hotel: incluso se mencionó el caso de 100 pasajeros que supuestamente llegaban a un hotel con solo 20 habitaciones.
La aerolínea sostuvo que, al advertir esas irregularidades, suspendió sus operaciones y ventas desde el 6 de marzo de 2018. Tras ello, según el texto, las agencias llegaron masivamente a sus oficinas y la empresa fue amenazada para reanudar la ruta, pese a que los pasajeros podían ser nuevamente rechazados.
LAW identificó en su querella a 13 agencias que, según dijo, fueron mencionadas por pasajeros o participaron del modus operandi: Global Travel Chile Ltda, New Stylo Travel, Turismo Vuela Club Amalia Porras Chávez EIRL, Agencia de Viajes y Turismo Flash Travel Internacional Ltda, Sociedad Comercial Teanty Ltda, Sociedad Smart Travel Ltda., Vuela Club, Gabel Chile Ltda., Sat Travel and Multiservice SpA., América Travel, Maximus Travel, Fluxion Travel, y Turismo Inam Ltda.
“En 2017 New Stylo Travel solamente compró a LAW casi cuarenta millones de USD, y los transformó fácilmente en cien millones de USD de ingresos para ellos. El ánimo de lucro está evidente. No en vano cuando apareció en Law a fines de 2016 New Stylo Travel tenía dos agencias y llegó a comienzos de 2018 a tener más de 15 en Santiago de Chile”, dice el documento.
El texto de LAW sostuvo que todas esas agencias tenían personal activo en Haití o contactos locales y ofrecían documentos “inútiles” o falsos.
Para 2023, según consta en el expediente, no había sido formalizado en esa causa “ningún accionista, apoderado o ejecutivo de la empresa Latin American Wings S.A”.
Verguenza para la PDI, Tribunales y DGAC. Investigacion tardia y sin resultados, fallos con sanciones infimas, presencia autorizada de lineas sin trayectoria que transportan pasajeros «turistas»