No son 30 pesos, son 30 años (de hipocresía)

Hoy se cumplen cinco años del estallido social que comenzó como una protesta por un alza de 30 pesos en el valor del pasaje del Metro pero que, a poco andar, se convirtió en una protesta contra toda la situación vigente en Chile. Al mismo tiempo, copado por la delincuencia y el terrorismo, ese estallido se transformó en una máquina de destrucción con los resultados que todos conocemos y de los cuales aún no podemos reponernos.

Un proceso social de esa magnitud no brota de un momento al otro, sino que supone un largo período de formación e incubación. Mi personal opinión es que todo comenzó el día 11 de marzo de 1990, cuando Patricio Aylwin asumió la presidencia de la República. De hecho, el grito de guerra del estallido fue “No son 30 pesos, sino 30 años”, significando que la rebelión era una protesta contra lo sucedido no pocos días antes, sino precisamente desde el comienzo de los gobiernos civiles, o como se suele decir, desde el denominado “retorno a la democracia”, 30 años antes.

Sucedió que, desde el mismo momento en que asumió Aylwin, comenzó en Chile una farsa y el ejercicio de una consumada hipocresía. Por una parte, un destemplado ataque contra lo que fue el gobierno militar, pero también contra los motivos por los cuales éste se vio obligado a asumir el poder 17 años antes. Lo cual significaba un comienzo de absolución para el régimen de Salvador Allende que tendrá una primera culminación cuando, 12 años después, le fue erigido un monumento frente al palacio de La Moneda, con la aprobación de todos los sectores civiles que estaban representados en el Parlamento. Uno de los votos favorables fue el de Sebastián Piñera, entonces senador.

Sin embargo, mientras manifestaban este repudio a todo lo que recordara el gobierno militar, las fuerzas políticas que acababan de llegar al poder no vacilaron ni un instante en continuar las políticas de este último gobierno, sin hacer ni el menor asomo de regresar a las políticas del régimen marxista de Salvador Allende. Sin ningún asco, mientras atacaban al gobierno militar, disfrutaban del país que éste les entregó. La única excepción fue Alejandro Foxley, ministro de Hacienda de Patricio Aylwin que, años después, en 2005, reconocía que “Pinochet realizó la transformación, sobre todo en la economía chilena, más importante que ha habido en este siglo… Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal» (Revista Cosas, mayo 2005).

Sin embargo, el doble juego se impuso. Fue entonces que aparecieron los jóvenes del Frente Amplio. Ellos exigieron una mucha mayor intensidad en el retorno al modelo al cual la intervención militar había puesto término en 1973 y convencieron al país de que, si el gobierno militar había sido tan nefasto, su política, especialmente la económica, no podía haber sido sino muy mala, también. El resto de la clase política, desafiada por ese argumento, calló. Y el que calla, otorga. Fue la señal de pasada para la rebelión: ¡Volvamos al 10 de septiembre de 1973!

Después, y a la vista de los resultados del estallido y del mal gobierno elegido a la sombra que aquel proyectaba, se ha producido mucha decepción y preocupación, pero el daño está hecho y las consecuencias las pagamos todos. En definitiva, la responsabilidad por lo que sucedió la carga toda la clase política, representada por los sucesivos presidentes de la República posteriores al gobierno militar: Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. Es de esperar, si logramos salir de esta crisis en que estamos, que aprendamos la lección y seamos leales con nuestra historia.