Si el agravio fuera razón suficiente para golpear, no habría un solo hogar, una sala de clases ni una calle en paz.
Existe una frase que circula con creciente naturalidad en el debate público: «La violencia es comprensible cuando hay injusticia». Se la pronuncia con convicción, como si fuera una verdad evidente. Pero si la examinamos con honestidad, descubrimos que esconde una trampa lógica de consecuencias gravísimas: si la injusticia justifica la violencia, entonces la violencia tendría que ser constante, permanente e interminable. Porque la sociedad perfectamente justa no existe en esta tierra. Nunca ha existido. Y todo indica que nunca existirá.
No hay democracia sin conflicto, sin desigualdad, sin tensiones irresueltas. Las hay más y menos justas, más y menos equitativas, más y menos capaces de corregirse a sí mismas. Pero ninguna alcanza la perfección. Si aceptamos que el malestar legítimo ante esas imperfecciones autoriza a destruir, a agredir, a incendiar, entonces no existe momento ni lugar en el que la violencia no pueda reclamarse como justa. Esa lógica no conduce a la justicia: conduce al caos permanente.
Y si dudamos, llevemos el argumento a donde más duele: la violencia intrafamiliar. En la gran mayoría de los casos, quien ejerce violencia en el hogar no es un monstruo sin sentimientos: es una persona cargada de frustración, impotencia, amargura acumulada. Alguien que siente —o que sintió— que la vida le fue injusta, que no tuvo lo que merecía, que el mundo no lo trató bien. ¿Eso justifica que golpee a su pareja o a sus hijos? La respuesta es, para casi todos, un no rotundo e inmediato. Sin embargo, cuando trasladamos la misma lógica a la calle o a la escuela, algunos titubean. El principio no cambia. La rabia y la frustración son emociones humanas, comprensibles incluso. Pero no son una licencia para dañar a otros.
Las escuelas merecen una reflexión especial. Cuando se ejerce violencia en un establecimiento educacional, ¿a quiénes se perjudica realmente? A los alumnos, que van a aprender y merecen un espacio seguro. A los profesores, que eligieron una vocación de servicio y no un campo de batalla. Y a los millones de contribuyentes que financian la educación pública porque creen en ella como bien común. Los más perjudicados son, casi siempre, los más inocentes. Los que no tienen ninguna cuota de responsabilidad en las injusticias que se invocan como justificación.
Tampoco hay que ser ingenuos respecto a la eficacia. La violencia rara vez produce los cambios que promete. La historia ofrece ejemplos poderosos de transformación social profunda lograda sin destrucción: Gandhi, Mandela, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y también ofrece el ejemplo contrario: revoluciones violentas que prometieron justicia y entregaron nuevas formas de opresión. Sentir rabia ante la injusticia es legítimo. Pero canalizar esa rabia hacia la destrucción no sólo es ineficaz; desvía la energía que podría usarse para cambiar lo que verdaderamente importa.
En democracia, el camino para enfrentar lo que está mal es difícil, lento y muchas veces frustrante. Exige organizarse, argumentar, persuadir, votar, protestar pacíficamente, construir mayorías. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero es el único camino que no convierte a los inocentes en víctimas colaterales de una guerra que no eligieron. La injusticia merece indignación. Merece respuesta. Pero no merece violencia. Porque si la mereciera, no habría un solo rincón del mundo donde la paz fuera posible.

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