Durante décadas analizamos la economía bajo una premisa casi inconsciente: el marco general era estable. Podían existir crisis, shocks o ciclos adversos, pero las reglas de fondo permanecían reconocibles. Bastaba con identificar la variable correcta —crecimiento, inflación, inversión— y empujarla en la dirección adecuada para que el resto del sistema tendiera a ordenarse.
2025 terminó de romper definitivamente esa lógica. No por un gran acontecimiento aislado, sino por la acumulación de crisis distintas, con orígenes heterogéneos, dinámicas propias y soluciones que no solo no se refuerzan entre sí, sino que muchas veces entran en tensión. Tensiones geopolíticas, disrupciones tecnológicas, fragilidad fiscal, polarización social y desgaste institucional no forman una secuencia ordenada, sino un sistema de presiones cruzadas que operan simultáneamente.
Eso es una policrisis: no la suma de problemas similares, sino la convivencia de crisis diferentes, sin una jerarquía clara, donde resolver una puede tensionar o acentuar otra, y donde las herramientas tradicionales pierden eficacia sistémica.
Frente a este escenario, la respuesta dominante —en Chile y en gran parte del mundo— ha sido insistir en una idea conocida: recuperar el crecimiento como prioridad central. Más inversión, más productividad, más incentivos al capital. La premisa es simple: si la economía vuelve a crecer, el resto se ordena.
Este enfoque tiene respaldo teórico. Economistas como Philippe Aghion han mostrado que sin crecimiento impulsado por innovación no hay progreso sostenible. Sin expansión de la frontera productiva, no existe redistribución posible ni estabilidad fiscal duradera.
El problema es que en un contexto de policrisis, ese enfoque resulta insuficiente por sí solo.
La economía dejó de ser un sistema donde bastaba optimizar una variable clave, porque ya no enfrentamos una crisis dominante, sino varias crisis concurrentes que responden a lógicas distintas. Subir tasas ayuda a controlar la inflación, pero debilita el crecimiento y encarece el servicio de la deuda. A nivel global, la deuda pública supera hoy el 93% del PIB mundial, muy por encima de los niveles previos a la pandemia. En Chile, la deuda bruta del Gobierno Central bordea el 42 % del PIB, casi el doble que hace diez años.
Expandir el gasto fiscal puede aliviar tensiones sociales en el corto plazo, pero reduce márgenes futuros. Acelerar la transición energética disminuye riesgos climáticos, pero eleva costos para sectores productivos intensivos en energía. Proteger industrias estratégicas fortalece la seguridad económica, pero introduce ineficiencias y presiones de precios. No son errores de política: son trade-offs reales.
No existe, entonces, una política que ordene todo al mismo tiempo. La gestión económica ya no se parece a optimizar una función, sino a administrar tensiones permanentes, donde cada decisión implica resolver un problema mientras otros siguen activos o se intensifican.
Como ha advertido Joseph Stiglitz, el crecimiento puede convivir con mayor desigualdad, desconfianza y fragilidad social. Y como plantea Daron Acemoglu, el desarrollo depende críticamente de la calidad de las instituciones y de la legitimidad de las reglas, no solo de las tasas de expansión económica.
Aquí está el dilema chileno hacia 2026. El país necesita crecer, sin duda. Pero también necesita instituciones creíbles, capacidad de coordinación política y acuerdos mínimos que permitan sostener ese crecimiento en el tiempo. Mirar solo una variable, en un contexto de policrisis, equivale a resolver solo una parte del problema, mientras otras crisis permanecen activas o incluso se acentúan, condicionando los resultados.
La innovación relevante en este escenario ya no es solo tecnológica o productiva. Es institucional, política y organizacional: la capacidad de alinear productividad con estabilidad, eficiencia con legitimidad, mercado con cohesión social.
La verdadera fragilidad no está en equivocarse —algo inevitable cuando se navegan múltiples tensiones a la vez—, sino en creer que una solución parcial puede ordenar un sistema que ya no responde a una sola lógica. Porque cuando las crisis no se alinean, gobernar bien consiste en reconocer qué tensiones se resuelven, cuáles se administran y cuáles, inevitablemente, se intensifican en el proceso.