El actual gobierno, conformado por quienes alguna vez fueron parte de la llamada “revolución pingüina”, ha implementado una serie de cambios en el sistema educativo que han generado más incertidumbre y retroceso que avances. En lugar de fortalecer la enseñanza de asignaturas clave como Lenguaje, Matemáticas e Inglés, han optado por una política de inclusión forzada que, lejos de mejorar la educación, ha debilitado su calidad.
Uno de los ejemplos más alarmantes es la actual medida de reducción de las horas de Lenguaje de 8 a 5 semanales. Esta decisión es un golpe directo al desarrollo de la comprensión lectora, una habilidad fundamental para el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. Según estudios de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Los Andes, 3 de cada 5 estudiantes de segundo básico en la Región Metropolitana no comprende lo que lee. En un país donde la lectura ya es un problema grave, ¿cómo es posible que el gobierno decida reducir aún más la enseñanza de esta asignatura?
Pero este no es un caso aislado. La obsesión por una supuesta equidad o inclusión educativa ha llevado a imponer asignaturas sin criterios claros ni evaluación previa de su impacto real. Mientras se implementan estas políticas improvisadas, materias esenciales como Matemáticas e Inglés quedan relegadas a un segundo plano, afectando la preparación de los estudiantes en áreas clave para su futuro académico y laboral.
Además, la falta de planificación en la implementación de estos cambios ha generado cierta improvisación por parte de las autoridades, perjudicando a estudiantes y a establecimientos. Docentes con años de formación y experiencia ven reducidas sus horas, mientras que en otras áreas se obliga a las escuelas a impartir asignaturas con supuestos docentes sin ser profesionales de la educación. En un país donde ya es difícil seducir a jóvenes para que se dediquen a la profesión, sumándole los hechos alarmantes de violencia que han ocurrido en el último tiempo, un ambiente escolar conflictivo y sin contar con el respaldo de la Ley y de la autoridad, imponer este tipo de medidas, lo único que hace es agravar aún más esta crisis.
La educación chilena necesita una reforma profunda, pero basada en evidencia, planificación y consenso, no en ideologías que terminan perjudicando a los estudiantes. Es inaceptable que, en nombre de la inclusión, se esté sacrificando la calidad del aprendizaje y la formación integral de las futuras generaciones.
El Estado tiene la obligación de garantizar un sistema educativo sólido, que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Reducir Lenguaje, desvalorizar Matemáticas e Inglés y priorizar asignaturas sin criterios claros es una fórmula para el fracaso. Si quienes hoy gobiernan realmente creen en la educación como motor de cambio, deben replantear su enfoque y centrarse en fortalecer, no debilitar, la enseñanza en Chile.