El martes 20 de octubre el Senado ratificó, por 31 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones, a Macarena Lobos y Juan Esteban Laval como nuevos integrantes del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La votación pasó casi inadvertida entre las noticias del día, pero merece atención. No por las personas -ambos cuentan con reconocidas trayectorias profesionales-, sino por lo que su llegada representa para el regulador del sistema financiero chileno.
El debate en la Sala se concentró en un punto: uno de los nominados se desempeña desde 2014 como fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Es decir, hasta ayer era el abogado del gremio que representa a los bancos, entre otros, ante los poderes públicos; y desde ahora pasa a integrar el Consejo que regula, supervisa y sanciona tanto a los bancos como a quienes intentan competir con ellos. Los senadores que votaron en contra citaron incluso comentarios suyos en prensa y hablaron de «puerta giratoria». Quienes respaldaron la nominación replicaron que conocer desde dentro a la industria bancaria es un activo, no un defecto, y que las reglas de abstención permiten resolver los eventuales conflictos de interés.
Ambos argumentos tienen algo de razón. Y precisamente por eso la discusión no termina con la votación.
Conviene recordar para qué se creó la CMF. La ley de 2017 reemplazó superintendencias sectoriales, de mirada estrecha y jefatura unipersonal, por un regulador integrado, colegiado y técnico. Su mandato no es sólo velar por la estabilidad del mercado financiero, sino también por su desarrollo, «facilitando la participación de los agentes de mercado». La antigua Superintendencia cuidaba la solvencia de los bancos; la CMF debe, además, promover las condiciones para que nuevos actores puedan competir. Y desde 2023 la Ley Fintec le encomendó expresamente promover la competencia y la inclusión financiera.
Estabilidad y competencia suelen ir juntas, pero no siempre. Un regulador que sólo cuida la estabilidad corre el riesgo de terminar protegiendo a quienes ya están, porque nada parece más estable que un mercado al que no entra nadie. Y el contexto importa: cuatro bancos concentran cerca de dos tercios de las colocaciones del país, el sistema obtuvo en 2025 su mejor resultado histórico y el crédito total acumula cuatro años de caídas en términos reales. Utilidades récord en un mercado que no crece: una combinación que, al menos, obliga a preguntarse si se está haciendo lo suficiente para promover la competencia.
Nada de esto supone mala fe. George Stigler ganó el Nobel, entre otras contribuciones, por sus investigaciones sobre la influencia que las industrias reguladas ejercen sobre sus reguladores. Es una conducta comprensible en quienes tienen intereses económicos en juego, y los bancos la desarrollan como probablemente lo harían las fintech si contaran con la misma capacidad de influencia. Lo que corresponde al Estado es asegurar que esa influencia no termine condicionando las decisiones del regulador.
Es ahí donde la aprehensión resulta legítima, sin que ello implique cuestionar la idoneidad ni mucho menos la honorabilidad de nadie. La ley contempla deberes de abstención frente a conflictos de interés con entidades determinadas, pero aclara que no impiden participar en la dictación de normas de alcance general. Y es precisamente ahí -en las exigencias a los nuevos entrantes, en los criterios interpretativos, en los plazos de autorización y en los calendarios regulatorios que se cumplen o postergan- donde se define buena parte de la competencia futura del sistema. En esas decisiones, la independencia no se garantiza con una abstención formal.
Hay señales recientes que vuelven más urgente esta discusión. A mediados de 2025 la CMF acumulaba más de 300 solicitudes de fintech en trámite. En junio pasado postergó por un año la entrada en vigencia del Sistema de Finanzas Abiertas, que permitirá a los clientes compartir su información financiera con terceros autorizados. La decisión tuvo razones técnicas que la Comisión explicó. Pero también produjo efectos competitivos: mientras se posterga la apertura, quienes ya controlan la relación con los clientes conservan esa ventaja.
El Senado ya votó, pero lo que viene ahora importa mucho más que la votación. Todos los comisionados -y particularmente quienes son percibidos como afines a la banca- tienen una oportunidad excepcional: demostrar con hechos que las aprehensiones eran infundadas.
La prueba de fuego no estará en la abstención frente a un conflicto puntual, sino en la independencia de criterio con que ejerzan sus funciones. Se expresará en cada norma de alcance general, en cada exigencia impuesta a quienes buscan ingresar al mercado, en cada autorización que se otorgue o demore, y en cada ocasión en que la estabilidad financiera se invoque para justificar una restricción a la competencia. Los fundamentos se leerán en las actas; los resultados, en los hechos: nuevos actores que efectivamente ingresen, solicitudes resueltas con oportunidad, plazos cumplidos y exigencias proporcionales. No se trata de otorgar privilegios a nuevos bancos, cooperativas o fintech, sino de garantizar que todos puedan competir bajo reglas transparentes, objetivas y proporcionales.
La confianza en un regulador no se construye únicamente cuando enfrenta una crisis. Se construye en sus decisiones cotidianas, especialmente cuando debe equilibrar la estabilidad del sistema con la apertura a nuevos competidores.
Ahora corresponde al nuevo Consejo de la CMF, y a cada uno de sus integrantes, demostrar con sus acciones, omisiones y decisiones, que al término de sus períodos habrán contribuido a un mercado financiero más abierto, más competitivo y, por lo mismo, más sólido.
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇