El anuncio del gobierno sobre un paquete de apoyo para el hidrógeno verde marca un hito en la conversación energética del país. Chile busca posicionarse como líder global en esta industria emergente, y el compromiso estatal es un paso relevante. Sin embargo, conviene hacer una pausa para mirar con realismo cuáles son las consecuencias que tiene este proyecto de ley, quizá bien intencionado, pero que en su implementación genera el efecto contrario.
Un ejemplo claro es la exención al impuesto de primera categoría. Aunque se presenta como un beneficio, en la práctica tiene un impacto nulo: durante años estos proyectos generarán pérdidas contables debido a las enormes inversiones iniciales, y cuando lleguen a utilidades deberán de todas formas pagar las remesas al exterior. En resumen, no logra beneficiar a los productores de hidrógeno y derivados.
El verdadero apoyo está en impulsar innovación y eficiencia. Así lo demostraron las energías renovables: no despegaron gracias a subsidios, sino porque los avances tecnológicos abarataron paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento. La lección es clara: la innovación es la que consolida industrias, no el maquillaje de corto plazo.
Chile tiene a su alcance medidas más efectivas: reducir los costos sistémicos del sistema eléctrico, rebajar los cobros de arriendo de Bienes Nacionales en la etapa de estudios, atraer a empresas líderes a instalar capacidades industriales en el país, y generar las condiciones habilitantes para que florezca una cadena de valor local. Todo esto acompañado de infraestructura -puertos, caminos, parques industriales-, permisos más ágiles y marcos regulatorios que reconozcan el carácter estratégico del hidrógeno.
Los territorios ya muestran el potencial. Magallanes, con su viento de clase mundial, podría convertirse en un polo energético global, mientras que el norte del país ofrece sol abundante, corredores industriales y la posibilidad de reutilizar aguas residuales. Ambos casos demuestran que el hidrógeno verde puede ser un vector de desarrollo regional con visión de largo plazo.
En este contexto, preocupa especialmente la propuesta de exigir un pago anticipado del 1% de la inversión en proyectos de hidrógeno en Magallanes al momento de obtener la RCA. Esta medida no sólo desincentiva la entrada de inversionistas -que aún enfrentan años de permisos y alta incertidumbre antes de decidir si invierten-, sino que también introduce una asimetría respecto a los proyectos en el norte del país. En vez de emparejar la cancha, se encarece y complica el terreno donde Chile tiene una de sus mayores ventajas comparativas.
Si lo que se busca es que la industria retribuya a las regiones, los aportes deben llegar cuando los proyectos estén en operación, generando utilidades y con procesos de participación territorial claros. La legitimidad no se consigue con un cobro anticipado, sino con una gestión seria y un valor compartido que las comunidades puedan reconocer y sentir como propio.
Chile tiene todas las condiciones para ser líder en hidrógeno verde. Pero ese liderazgo no se alcanzará con medidas simbólicas ni con impuestos prematuros, sino con visión estratégica: apostar por la innovación, permitir que la industria nazca y crezca, y asegurar que los beneficios lleguen de manera sostenible al país y sus territorios.
Hay un mínimo común. «Proyectos de ley supuestamente bien intencionados, que causan el efecto contrario». Es una frase o concepto ya muy recurrente. Uno tiene derecho a pensar y cuestionar, serán proyectos de ley bien intencionados??????????