Lo ocurrido en los últimos días en El Líbero y El Mercurio no es casualidad ni ruido editorial: es la expresión de un cambio de clima. Por primera vez en mucho tiempo, política, macroeconomía y mercado de capitales comienzan a alinearse en torno a una idea simple pero exigente: Chile necesita un gobierno que ejecute.
Desde el plano político, el mensaje ha sido nítido. José Antonio Kast ha insistido en definir su eventual administración como un gobierno de emergencia, con foco, secuencia y objetivos acotados. La convicción transmitida por Pepe Auth fue clara: no dispersarse, no abrir flancos innecesarios y concentrarse en lo urgente. A diciembre de 2025, Chile no está para debates identitarios ni reformas maximalistas; está para orden, ejecución y resultados medibles. Esa es hoy la forma adulta de hacer política.
En ese marco, El Líbero ha sido explícito en una señal política relevante: Johannes Kaiser no tendría contemplado incorporarse al gobierno, optando por mantenerse fuera del Ejecutivo con miras a una eventual candidatura presidencial. No fue una casualidad que el acto de respaldo a Kast frente al Costanera Center haya sido liderado por Kaiser. La señal es clara y ordenadora. Kast concentra su capital político en gobernar y ejecutar; otros liderazgos comienzan a proyectarse desde fuera del gobierno. Lejos de debilitar al Ejecutivo, esta separación reduce tensiones internas y evita dobles agendas en una etapa donde gobernar exige foco y disciplina.
La experiencia reciente refuerza esta lógica. Se ha destacado el desempeño de Claudio Alvarado como ministro Segpres, precisamente por su conocimiento detallado del Congreso y de los parlamentarios, lo que permitió viabilizar acuerdos reales. La lección es evidente: sin conducción política del proceso legislativo, la ejecución simplemente no ocurre. Ese aprendizaje es igualmente válido para la Segegob, cuyo rol en un gobierno de emergencia no puede limitarse a la vocería, sino que debe ordenar prioridades, disciplinar agendas y sostener coherencia interna. En contextos de fragilidad política, la dispersión comunicacional se traduce rápidamente en pérdida de capital político.
Pero el punto más relevante está en la ejecución económica concreta. Hoy existe un consenso amplio en que alrededor de USD 19.000 millones en proyectos de inversión privada permanecen detenidos, no por ilegalidad, sino por sobre-interpretación regulatoria, permisología y judicialización preventiva. Para enfrentar ese bloqueo, se estaría trabajando en un Decreto Supremo Presidencial de coordinación y ejecución administrativa, firmado por el Presidente de la República y por todos los ministros sectoriales competentes, cuyo objetivo sería unificar criterios, destrabar permisos y restituir capacidad ejecutiva al Estado. No se trata de cambiar la ley, sino de volver a ejecutarla.
En este proceso, el rol de la Contraloría General de la República es central. Bajo la conducción de Dorothy Pérez, la Contraloría no define política pública ni libera proyectos, pero cumple una función clave: controlar la legalidad del acto administrativo. Si el decreto se ajusta a derecho y es tomado de razón, la responsabilidad política y jurídica recae en el Ejecutivo. Decidir implica asumir riesgos, pero el costo de no decidir -en crecimiento, empleo y recaudación- es hoy claramente mayor.
Desde el punto de vista macroeconómico, el marco institucional acompaña. El diseño institucional chileno separa deliberadamente la conducción política del gobierno de la estabilidad macroeconómica, rol que recae en un Banco Central autónomo, creíble y eficaz. Esa ancla permite que el énfasis del Ejecutivo esté puesto en la ejecución y la reactivación sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos.
Ese orden institucional es precisamente lo que hoy el mercado descuenta -negativamente- en los precios de los activos locales. Como expuso Germán Serrano, la bolsa chilena transa a múltiplos históricamente bajos, reflejando un castigo asociado más a incertidumbre política y parálisis de inversión que a la calidad de las empresas listadas. En términos comparados, el mercado chileno opera con un descuento relevante frente a economías desarrolladas, mientras Estados Unidos muestra valorizaciones exigentes y una alta concentración de retornos.
A ello se suma un escenario externo potencialmente favorable: un precio del cobre capaz de generar ingresos adicionales del orden de USD 2.000 millones, un tipo de cambio en torno a $860 hacia 2026, y condiciones para que inversionistas institucionales -incluidas las AFP- aumenten gradualmente su exposición a renta variable local si se consolida un escenario de orden político, reglas claras y capacidad de ejecución.
El impacto económico de destrabar este stock de inversión es significativo y medible. Un volumen cercano a USD 19.000 millones -equivalente a aproximadamente 6–7% del PIB- no se ejecuta de manera íntegra ni simultánea, sino de forma gradual y priorizada. Aún activando una fracción de ese stock, el efecto podría traducirse en entre 1 y 1,5 puntos porcentuales adicionales de crecimiento anual durante varios años, con un impacto relevante en empleo formal, particularmente en construcción, infraestructura y servicios asociados. El riesgo jurídico no desaparece, pero se gestiona: parte de estas contingencias puede ser cubierta mediante seguros de riesgo regulatorio y de litigación, práctica habitual en proyectos de gran escala. En ese marco, eventuales fallos judiciales futuros implicarían costos acotados y parciales para el Fisco, muy inferiores al costo económico cierto de mantener la inversión paralizada.
Las economías funcionan, en gran medida, sobre expectativas. No solo reaccionan a leyes o cifras, sino a señales creíbles de rumbo, coordinación y capacidad de implementación. Por eso, los primeros 100 días serán esenciales: no para anunciar grandes reformas, sino para demostrar que el Estado volvió a ejecutar. Si en ese período se destraban proyectos, se alinean criterios administrativos y se activa inversión real, las expectativas se ordenan y el crecimiento deja de ser una promesa para transformarse en una consecuencia.
Gobernar, hoy, es priorizar. Y priorizar es ejecutar.
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Excelente.